El PP paga los 245.000 euros que le impuso la justicia por lucrarse de la Gürtel

El PP ha depositado en la Audiencia Nacional los 245.492,8 euros que la justicia dictaminó que debía devolver tras resultar condenado, en el juicio conocido como Época I, por beneficiarse de los negocios corruptos de la trama Gürtel. Según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el partido conservador abonó las cantidades reclamadas el pasado 12 de noviembre. La formación conservadora, considerada responsable civil a título lucrativo, fue sentenciada en firme por el Tribunal Supremo el pasado octubre.

Según el fallo del alto tribunal, que ratificó con ligeros ajustes las condenas de prisión de los principales acusados, el PP se benefició con 245.000 euros de fondos públicos por actos electorales que sufragaron las empresas del grupo de Francisco Correa, cabecilla de la trama, en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega (condenado a 40 años de cárcel) y Jesús Sepúlveda (exmarido de Ana Mato, condenado a 14 años y cuatro meses) eran candidatos a esas alcaldías.

Por ello, según consta en un escrito de la Audiencia Nacional de este 4 de diciembre, el PP ha abonado 111.864,32 euros por la parte referida a Pozuelo de Alarcón. Y 133.628,48 euros por la parte referida a Majadahonda.

Esta es, de momento, la única parte de la macrocausa de Gürtel —cuya investigación arranca en noviembre de 2007 tras una denuncia de José Luis Peñas, edil del PP en Majadahonda— donde el PP se encuentra condenado. Aunque su calvario puede aumentar. El partido volverá a sentarse en el banquillo el próximo 8 febrero como responsable civil subsidiario: ese día está previsto que arranque el juicio por la pieza sobre los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en 2013 y que revelaron la contabilidad paralela que durante dos décadas funcionó dentro de la formación. En septiembre también se prevé que comience otra segunda vista oral con el PP como acusado a título lucrativo: la pieza sobre los supuestos sobornos que la trama entregó durante casi una década a las autoridades de Boadilla del Monte (Madrid) para conseguir adjudicaciones a cambio.