Condenados 19 de los 23 acusados por el desvío a la Gürtel de fondos públicos en la visita del Papa a Valencia

Benedicto XVI viajó en junio de 2006 a Valencia para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias. Aquella visita papal permitió a la trama Gürtel, liderada por Francisco Correa, dar uno de sus mayores pelotazos y embolsarse 3,2 millones de euros. Este miércoles, la Audiencia Nacional ha hecho pública la sentencia por la que impone penas de hasta 15 años y cinco meses a 19 de los 23 acusados. La fiscalía pedía condenas más elevadas, pero el tribunal ha aplicado a los condenados la atenuante de dilaciones indebidas al haber transcurrido 14 años desde los hechos y 12 desde que se inició la investigación judicial.

Las penas más elevadas han recaído en los dos cabecillas de la red de corrupción, Francisco Correa (13 años y 7 meses) y su lugarteniente, Pablo Crespo (15 años y 5 meses). El también integrante de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes, y el exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno han sido condenados a 6 años y 9 meses, mientras que a José Luis Martínez Parra, vicepresidente de la constructora leonesa Teconsa, pieza clave en el fraude, se le ha impuesto 11 años y 7 meses de cárcel. Para todos ellos, la Fiscalía pidió en sus conclusiones provisionales antes del juicio penas que iban de los 40 años para García Gimeno a los 37 años y 3 meses para Crespo y Álvaro Pérez.

El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel a los tres años. El tribunal ha absuelto a dos de las encausadas para las que la Fiscalía Anticorrupción ya retiró la acusación durante el juicio. Otros dos procesados, el entonces conseller de Agricultura en el Gobierno autonómico de Francisco Camps, Juan Cotino y Luis Sabater Balaguer, fallecieron, por lo que quedó extinguida su responsabilidad penal. El tribunal destaca que, al imponer las penas, además de las dilaciones, ha tenido en cuenta que 11 de los acusados reconocieron los hechos y han prestado una “colaboración real, activa y eficaz para el mejor esclarecimiento de los hechos”. También que cinco devolvieron todo o parte del dinero sustraído antes o durante el juicio.

La sentencia considera probado que, al menos desde octubre de 2005, la trama de Francisco Correa “inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación de modo ilícito de la prestación de servicios y suministros necesarios para el desarrollo” del encuentro religioso en el que iba a participar Benedicto XVI en Valencia en julio del año siguiente. Para ello, los cabecillas de la trama “mantuvieron, directa e indirectamente, reuniones y contactos” con Cotino y otras personas vinculadas con la fundación organizadora del evento y que se financiaba con ayudas públicas y aportaciones privadas. El objetivo era “conseguir que esta otorgara la contratación del alquiler de pantallas, megafonía y vídeo así como otras contrataciones, como escenario, escenografía o vallas, al Grupo Correa”, como se denomina a las sociedades de la trama.

Adjudicación a dedo

Para ahorrar a la fundación los gastos de este material audiovisual y facilitar que los contratos fueran adjudicados a la red empresarial de la Gürtel, se decidió que la licitación corriera a cargo del ente público Radio Televisión Valenciana (RTVV). El fallo recalca que “el proceso de adjudicación fue simulado, por cuanto la adjudicación ya estaba determinada con anterioridad a favor de la empresa vinculada al grupo Correa, Teconsa”. Esta compañía, sin experiencia en instalaciones de imagen y sonido, subcontrató a su vez los trabajos a Orange Market —filial de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana— y a otras sociedades de la trama.

El entonces director general de RTVV, Pedro García Gimeno, otorgó el contrato a dedo por un importe de 6.460.000 euros (7.493.600 euros, con IVA), “muy superior al coste real de los trabajos necesarios para su ejecución”. Todo ello supuso “un sobrecoste con cargo a los fondos públicos de la RTVV de 3.205.375,11 euros y un correlativo enriquecimiento ilícito a favor de los acusados”. Siete años después, el entonces presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, cerró la RTVV, lastrada por una deuda de 1.200 millones de euros. 1.700 trabajadores se quedaron sin empleo.

Los 3,2 millones de sobreprecio del contrato, continúa el fallo, llegaron a Teconsa, que se quedó con 200.000 euros por haber jugado el papel de “empresa pantalla”, mientras que el resto fue repartido “entre las personas que habían tenido influencia en la adjudicación”. Este reparto se camufló a través de “una compleja operativa con utilización de sociedades y facturas irregulares, simulando operaciones irreales de prestaciones de servicios o inversiones inmobiliarias”, entre ellas la adquisición de una finca en la provincia de Alicante. El fallo destaca que con ello los condenados defraudaran al fisco 1,3 millones de euros en cuotas del Impuesto de Sociedades e IVA entre los años 2006 y 2008.

Finalmente, el tribunal rechaza deducir testimonio contra el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps como había pedido la Fiscalía al considerar que “mintió palmariamente” durante su declaración como testigo en el juicio. Los magistrados consideran que, en aquel momento, Camps estaba imputado en otra causa y, por tanto, tenía derecho a no declarar en lo que pudiese afectar a su defensa en ese procedimiento.