Podemos denuncia al Ayuntamiento de Madrid en el Tribunal de Cuentas por la presunta estafa de Medina y Luceño

Podemos se lanza al ataque para tratar de abrir un nuevo frente sobre la presunta estafa urdida por los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, que se embolsaron casi seis millones de euros con la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia. El partido ha anunciado este jueves la presentación de una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas contra tres altos cargos del Consistorio —incluida la edil de Hacienda, Engracia Hidalgo (PP)— para que se investigue si su actuación provocó un “quebranto de las arcas de la corporación”. La formación emprende así un nuevo camino para intentar actuar contra los responsables políticos de la Administración encabezada por José Luis Martínez-Almeida, ya que el juez instructor ha rechazado todos sus ofensivas en la vía penal.

La denuncia de Podemos mantiene que los altos cargos del Ayuntamiento llevaron a cabo “un negocio ruinoso” y carga contra las tres denunciadas: Elena Collado, responsable de compras durante la pandemia, que mantuvo contactos con Luceño de forma habitual para que le suministrara el material bajo sospecha; Matilde García Duarte, coordinadora general de la alcaldía, que proporcionó un correo electrónico al primo de Almeida para que se lo diera a Medina para que enviara su oferta; y Engracia Hidalgo, concejal de Hacienda y Personal.

El partido pone sobre la mesa tres argumentos principales. Primero, que se articuló un sistema de contratación en “fraude de ley para eludir los controles de la intervención municipal” —estos saltaron por los aires con la pandemia, ante la imperiosa “urgencia y necesidad de obtener material sanitario”, según asegura el juez Adolfo Carretero—. Segundo, que se pagaron unas “cantidades estratosféricas” por un material que otros Ayuntamientos adquirían “por la mitad” de precio. Y tercero, que no se actuó contra los presuntos estafadores tras recibir unos productos “defectuosos e inútiles para el fin pretendido”.

“[El Ayuntamiento] prefirió tolerar el desfalco sufrido que enfrentarse a las posibles noticias incómodas para su gestión que derivarían de la denuncia del engaño sufrido, contraviniendo incluso los dictámenes de sus propios técnicos y consintiendo, en definitiva, la apropiación por parte de terceros de dichos caudales públicos”, reza la denuncia. Roberto Sotomayor, candidato de Podemos-Izquierda Unidad a la alcaldía de Madrid, añade: “La falta de controles durante las primeras semanas propició una serie de contratos a precios exorbitantes a través de dos comisionistas sinvergüenzas que se embolsaron seis millones de euros a través del primo de Almeida. No renunciamos a conocer toda la verdad y no nos vamos a rendir nunca”.

Adolfo Carretero, responsable del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, procesó a Luceño y Medina el pasado 3 de abril. El instructor propuso sentar en el banquillo a los dos comisionistas por estafa agravada, falsedad documental y delito fiscal —este último, solo atribuido a Luceño—; pero descartó la implicación de altos cargos del Ayuntamiento de la capital. El juez sostiene que el Consistorio fue una víctima del plan urdido por los empresarios, y que sus responsables fueron engañados.

Sin embargo, Sotomayor afirma: “Si hubo dos canallas que se llevaron seis millones de euros en comisiones por material defectuoso mientras se morían 1.000 personas al día en España, es porque hubo alguien que fue incapaz de controlar estas comisiones”. “Y, lo que es peor, nunca hicieron nada por indagar y por denunciarlo”, remacha el candidato de Podemos. Precisamente, Medina intenta usar a su favor la inacción del Ayuntamiento: el hermano del duque de Feria presentó un recurso contra su procesamiento, donde alega que la Administración local “se quedó conforme” con el material suministrado. “Nadie se quejó y todo les pareció adecuado. Y esto tiene una única lectura: en ningún momento se sintieron estafados ni engañados”, expone su defensa.