El comisionista Luis Medina aprovecha la inacción del Ayuntamiento de Madrid para tratar de esquivar el banquillo

El comisionista Luis Medina, hermano del duque de Feria, se lanza de nuevo al ataque para intentar evitar el banquillo. El empresario, procesado la semana pasada junto a su socio Alberto Luceño por estafar al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia, ha recurrido la decisión del magistrado instructor Adolfo Carretero a través de un escrito de 25 páginas, al que tuvo acceso EL PAÍS. Medina plantea una especie de enmienda a la totalidad de las pesquisas, además de arremeter contra las conclusiones de la Fiscalía y el juez, al que atribuye “valoraciones voluntaristas y carentes de trascendencia jurídica”. En ese sentido, su defensa minimiza el papel que jugó en las operaciones bajo sospecha; carga toda la responsabilidad en Luceño; e, incluso, reprocha al Consistorio la “conducta laxa” que tuvo en sus “controles” de contratación.

Medina intenta utilizar a su favor la inacción del Ayuntamiento, encabezado por José Luis Martínez-Almeida (PP), que nunca denunció la supuesta estafa y que no se sumó a la causa hasta que la Fiscalía Anticorrupción la impulsó. “[El Consistorio], tras recibir todos los productos, se quedó conforme”, argumenta el comisionista, que añade: “Nadie se quejó y todo les pareció adecuado. Y esto tiene una única lectura: en ningún momento se sintieron estafados ni engañados, ya que pagaron un dinero por un material que efectivamente recibieron”. Sin embargo, según el juez y el ministerio público, Luceño y Medina urdieron un plan para inflar los precios del material adquirido a través de una empresa malasia (Leno), ocultándolo a la Administración local y embolsándose casi seis millones de euros en comisiones.

En su auto de procesamiento, el juez Carretero describe de forma clara la supuesta trama. El instructor incidió en que los dos empresarios se “aprovecharon” de la “imperiosa necesidad” que tenía el Ayuntamiento por obtener material sanitario; y “urdieron un plan” para suministrar guantes, mascarillas y test de covid, fingiendo que lo hacían de forma “altruista”. El magistrado descartó la implicación de cargos del Consistorio.

Medina, que pide que se archive la causa contra él, mantiene una tesis muy distinta. Se atribuye un mero papel secundario en las operaciones —“no tuvo intervención en las negociaciones de los contratos [...] El único papel que jugó en todo este negocio fue el de facilitador, limitándose a poner en contacto al señor Luceño con el Ayuntamiento de Madrid”, alega su defensa—. También niega que tratase de engañar al Consistorio: “Medina nada tuvo que ver con los precios pactados, ni habló de ellos con nadie. Ni intervino ni gestionó ningún punto de los contratos. No ocultó el precio de las comisiones, ni engañó al Ayuntamiento sobre este punto: primero, porque nadie le preguntó; y segundo, porque ni él mismo las conocía a ciencia cierta, hasta que se perfeccionara el negocio”, expone en su recurso, fechado este lunes.

En su defensa, Medina va mucho más allá y asegura que nunca tuvo “un ánimo de lucro sobre el patrimonio municipal”. Según su teoría, “nunca buscó ni tuvo intención alguna de percibir ninguna cantidad del Ayuntamiento, ya que la cantidad satisfecha por su labor como facilitador fue abonada exclusivamente por Leno”. El sumario ha acreditado que el Consistorio pagó a la empresa malasia, y que esta transfirió posteriormente las cantidades millonarias a los comisionistas.

En esa línea, el escrito de Medina prosigue: “Se le está imputando un delito de estafa por haber cobrado y supuestamente ocultado unas comisiones excesivas. En el Derecho español, las comisiones están permitidas; y pueden ser más altas o más bajas, pero sin limitación alguna, ya que se aplican las reglas del mercado, y aunque la cuantía de algunas pueda parecer desmesurada, hay que tener muy clara la diferencia entre la legalidad penal y la moralidad”. El recurso también reprocha al Ayuntamiento que “haya sido laxo en sus medidas de control”: “Al ser una persona jurídica con organización compleja, el mismo goza de unos mecanismos (organismos técnicos, asesoría jurídica, cuerpo de abogacía propia…) defensivos que, en caso de engaño, deberían haber evitado su supuesta eficacia. La negligencia absoluta de este ente como organización en el control de los contratos en la época covid, lo único que podría dar lugar es a la asunción de responsabilidades de índole civil, nunca penales”.

El juez atribuyó a Medina delitos de estafa agravada y falsedad en documento mercantil. A Luceño le imputa los mismos, además de falsedad en documento público y un delito fiscal. El magistrado descartó el blanqueo de capitales.

La teoría de Medina

El juez Carretero acusa a Medina de conseguir, a través del primo del alcalde, una vía de entrada privilegiada en la Administración local, “valiéndose de su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del [anterior] duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón y televisión”. Pero la defensa del comisionista insiste en que “lo único que hizo fue poner en contacto al Ayuntamiento con Luceño”, y que lo consiguió a través del correo electrónico “genérico” que se le facilitó. “La condición social de mi principal, y sobre todo quiénes sean sus padres o cuál sea su origen, no son circunstancias a tener en cuenta a la hora de imputarle por delitos de estafa y falsificación documental. En ningún momento, Medina aludió a su procedencia familiar ni a quién era para conseguir el contacto con el [Consistorio]”, afirma su abogado.

“Además, es primordial destacar, que el Ayuntamiento de Madrid conocía perfectamente que en esta operación habría comisionistas y brokers, toda vez que esa información está recogida en la cláusula ‘non circumvention y non disclosure’ contenida en los tres contratos que firmó con Leno”, expone también la defensa de Medina, que arremete contra el instructor por haber descartado llamar a declarar al representante de la compañía malasia, San Chin Choon, después de que este diese evasivas al juzgado —un testimonio que, en todo caso, los investigadores creen que está dirigido por el propio Luceño, que se habría conchabado con el asiático para que declarase a favor de ambos—. Medina también atribuye a su socio cualquier falsificación documental: “Tenía plena confianza en Luceño, y presentó la documentación que le envió el meritado señor, en la certeza de no haber ningún tipo de supuesta falsedad”

Recurso de Más Madrid

El juez dio por finalizada la investigación la pasada semana, cuando procesó a los dos comisionistas. Además del escrito de Medina, se esperan otros recursos. Aunque no en el mismo sentido. Así, fuentes del partido Más Madrid, personado como acusación popular, explican que la formación también pedirá revertir la decisión del magistrado al considerar “precipitado” el cierre de la instrucción: “Falta documentación por analizar. El Ayuntamiento no persiguió en ningún momento recuperar el dinero, lo que se debería investigar en el curso de una instrucción que ahora se cierra”, subrayan estas fuentes.