Clara Ponsatí intenta que la Eurocámara la respalde en su negativa a comparecer en el Supremo

Clara Ponsatí, exconsejera de la Generalitat catalana huida de la justicia tras la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, ha vuelto a dar plantón al Tribunal Supremo. La eurodiputada de Junts no ha acudido este lunes a la cita que tenía ante Pablo Llarena, magistrado instructor del procés, que la había convocado para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia —que no acarrea pena de cárcel— después de que la política regresara a España por sorpresa a finales de marzo. Ponsatí estaba citada a las 11.00, pero su abogado Gonzalo Boye ha comunicado antes al tribunal que no comparecería porque tenía trabajo en la Eurocámara y porque ha presentado una demanda de amparo en esa institución reclamando que se encuentra protegida por la “inmunidad parlamentaria”. Ponsatí, que ha colgado una foto en Twitter donde confirmaba que se había desplazado de nuevo a Bélgica (“Llueve en Flandes”, ha escrito), volvió a Barcelona hace un mes, y este domingo había estado firmando libros en Barcelona por el día de Sant Jordi.

El juez Llarena ha movido ficha tras la incomparecencia y ha dado cinco días a la defensa de Ponsatí para que aporte la “justificación documental de haber presentado una demanda de amparo” en Europa sobre su inmunidad. El magistrado concede el mismo plazo a las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado y acusaciones populares) para que se pronuncien sobre la ausencia de la eurodiputada y sobre las razones que ha alegado para faltar este lunes a la cita en el Supremo. Una de las opciones pasa por que vuelvan a pedir su arresto.

El horizonte penal de Ponsatí —una de las consejeras fieles a Carles Puigdemont, y que en más de una ocasión ha defendido la necesidad de que el independentismo asuma la posibilidad de que haya víctimas mortales para lograr la secesión— se despejó tras la entrada en vigor el 12 de enero de la reforma del Código Penal pactada por el Gobierno y ERC. El cambio de normativa implicó la derogación del delito de sedición y modificó el de malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del procés. Hasta ese momento, la exconsejera estaba procesada por sedición —delito penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación—, pero ahora ya solo lo está por desobediencia, castigado con penas de inhabilitación y multa.

Ponsatí no ha querido desvelar su jugada hasta este lunes, aunque el domingo ya sugirió que no acudiría al Supremo. “Mañana trabajaré, que es lunes”, declaró en Barcelona, donde firmó ejemplares de su libro Molts i ningú en una caseta: “Un día u otro iremos a Madrid, no lo sé, vete a saber… Las capitales europeas siempre son interesantes”, había dicho también en un acto anterior. A primera hora de este lunes, en TV3, su abogado afirmaba: “No sé si está de camino a Bruselas o ya en Bruselas. Tiene trabajo”. Minutos después, la propia Ponsatí, que es eurodiputada desde 2020, publicaba su tuit dando a entender que estaba en Bélgica. Al encontrarse fuera de España, la política no puede ser detenida, ya que no existe ninguna orden de detención internacional contra ella.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha avalado la capacidad del instructor del juez Llarena para dictar orden de detención contra la exconsejera catalana sin necesidad de pedir permiso al Parlamento Europeo, en un escrito donde el ministerio público se opone al recurso presentado por la dirigente de Junts contra la resolución por la que el magistrado acordó, precisamente, dejar sin efecto dicha orden, informa Europa Press. El texto responde al recurso de reforma que la defensa de Ponsatí presentó contra el auto del pasado 28 de marzo por el que Llarena decidió dejarla en libertad para que compareciera este lunes en el Supremo.

En TV3, el abogado de la dirigente independentista ha opinado también que “no existe ninguna razón legal” por la que Llarena tenga que tomar declaración a Ponsatí “y mucho menos ordenar su detención”. En su escrito, Boye insiste en que su cliente se encuentra amparada por su inmunidad parlamentaria, pero además justifica su ausencia porque, dice, es un “hecho público” que las comisiones de Industria, Investigación y Energía y de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, de las que Ponsatí forma parte, “tienen sesiones” este lunes: “Lo que, lógicamente, resultaría en cualquier caso incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas”.

“El juez Llarena tiene una obsesión que yo no comparto”, ha dicho la propia Ponsatí en el Parlamento Europeo después de faltar a su cita con el magistrado. “Esta obsesión por que comparezca a la fuerza está contra el Derecho europeo [...] Estoy manteniendo la dignidad del Parlamento”, ha apostillado, informa Manuel V. Gómez. Y ha concluido: “El juez Llarena no es competente [...] Tendrían que hacer un cursillo de Derecho europeo. Este nivel de autarquía jurídica...”.

Ponsatí, que huyó a finales de octubre de 2017 —junto al expresident Carles Puigdemont y otros exconsejeros— para evitar ser procesada, cruzó por sorpresa el pasado 28 de marzo la frontera franco-española para regresar a Cataluña, sin entregarse a las autoridades. Tras dar una rueda de prensa, fue detenida por los Mossos d’Esquadra en plena calle —pesaba sobre ella una orden de arresto nacional— y conducida ante el juez de guardia en Barcelona, que la dejó en libertad después de que así lo acordara el magistrado Pablo Llarena.

Este lunes, la eurodiputada de Junts ha cargado contra los Mossos por ese episodio: “Esconderse tras una orden de detención ilegal no hace legal su actuación, ni excusa su cobardía. Lamentable el numerito que organizó ante los periodistas, sin otra necesidad que mostrar al dueño que sois obedientes”, ha dicho, en réplica al comisario jefe de la Policía catalana, Eduard Sallent, que ha defendido en Catalunya Ràdio la legalidad de su actuación.