Así se gestó el retorno y la detención de Clara Ponsatí

“Nunca hemos improvisado”. La frase la soltó el martes el abogado Gonzalo Boye en la rueda de prensa que la eurodiputada Clara Ponsatí ofreció al llegar a Barcelona, después de cinco años huida en el extranjero, esquivando a la justicia tras el procés. La exconsejera de Educación de la Generalitat de Cataluña quería explicar su decisión de regresar ahora, acusada únicamente de desobediencia, y confiando en su inmunidad parlamentaria. Cuando las preguntas empezaron a plantear otras posibilidades, el letrado cogió el micrófono y fue tajante: lo habían estudiado todo. Con el paso de las horas ha quedado en evidencia el nivel de preparación y el deliberado tono épico de la puesta en escena del retorno de la eurodiputada de Junts. De momento, Ponsatí ha logrado que la Eurocámara estudie si su detención, que obedecía a una orden vigente del Tribunal Supremo, viola su fuero parlamentario. Su regreso también cogió por sorpresa a los Mossos d’Esquadra, obligados a reaccionar sobre la marcha, poniendo en un aprieto político al responsable de Interior, Joan Ignasi Elena (ERC).

La propia Ponsatí confesó que decidió volver el 12 de enero, cuando el magistrado Pablo Llarena, instructor del procés, confirmó su procesamiento únicamente por desobediencia, castigada con inhabilitación, después de la reforma del Código Penal. Tres días después, Boye recurrió el auto y pidió que se retirase la orden de detención al considerarla “ilegal” por su inmunidad. Durante 73 días, un grupo muy cerrado de colaboradores se conjuró para asegurar el éxito de una operación cuyos objetivos dejó muy claros la propia Ponsatí en la rueda de prensa: denunciar “la vulneración sistemática” de derechos por parte del Estado español y “la pasividad” del Gobierno catalán, y conseguir que las instituciones europeas “dejen de mirar a otro lado” respecto a la situación en Cataluña.

Fuentes cercanas a la eurodiputada y de su partido ubican en ese grupo, además de a Boye, al expresident Carles Puigdemont, al también eurodiputado Toni Comín, al filósofo Jordi Graupera y a la asistente parlamentaria Laura Mont. En Barcelona, apuntan esas voces, solo conocían el plan la presidenta de Junts, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull. El día 21, un nuevo auto de Llarena rechazó las peticiones de los letrados pero se reafirmaba en el procesamiento solo por desobediencia. El pasado fin de semana, se informó de la intención de Ponsatí de volver a otro grupo más amplio de personas del partido y se empezaron a cerrar los flecos. Se había elegido para su regreso el martes 28 porque era la víspera de la reunión plenaria de la Eurocámara en Bruselas: eso permitía tener un altavoz tanto si la detenían como si no.

Ponsatí, explican en su entorno, pasó la noche del lunes en Perpiñán. El martes cruzó la frontera con Francia en coche y llegó a Barcelona poco después de las cuatro de la tarde. Varios medios independentistas como El Nacional o Vilaweb sabían de la operación. La Agencia Catalana de Noticias acompañó a la eurodiputada en el viaje, junto a Graupera, que conducía el coche. En una entrevista a TV3, el filósofo contó que su intención inicial era volver por el collado de Lli, el paso por donde el expresident Lluís Companys partió al exilio en 1939 tras la caída de Barcelona en manos de las tropas franquistas. El camino está cerrado por las autoridades francesas, por lo que tuvieron que volver por La Jonquera.

El refinado plan para explotar comunicativamente lo que sucediera y exagerar la épica, coordinado desde el entorno de la eurodiputada y no de Junts, tuvo su momento álgido en la detención. En la rueda de prensa, ella misma avisó de que su intención era “dar un paseo por el Born”. Y es en el camino hasta ese barrio, rodeada de cámaras y periodistas, cuando los Mossos la detuvieron. La acompañaban Graupera y Boye. La líder de Junts, Laura Borràs, y el diputado Francesc de Dalmases marcharon a un acto a Sabadell y no estuvieron en el momento del arresto, pero sí en la convocatoria a los medios en el Colegio de Periodistas. La plana mayor de Junts, junto a representantes de las entidades y otros partidos independentistas, sí fueron a esperar a la Ciudad de la Justicia.

El retorno de Ponsatí llegó a oídos del Tribunal Supremo cuando se hizo pública la noticia. El magistrado Pablo Llarena indicó, según fuentes conocedoras de los acontecimientos que, en caso de que la eurodiputada se presentara para declarar en Madrid, se seguiría el mismo camino que con Meritxell Serret (ERC) y Anna Gabriel (CUP). O sea, le tomaría declaración como investigada y la dejaría en libertad. Pronto supo, porque así se lo transmitieron sus colaboradores, que Ponsatí no tenía ninguna intención de dirigirse al Supremo. Llarena recordó entonces que había una orden de detención en vigor para tomarle declaración y se mostró confiado en la actuación policial. Según las mismas fuentes, hubo una comunicación entre los cuerpos policiales y el Supremo para confirmar que se produciría la detención, aunque sin entrar en los detalles sobre el cuándo y el cómo.

Los Mossos d’Esquadra supieron casi a la vez que la prensa generalista de la llegada de Ponsatí. El Govern tampoco tenía conocimiento. En ningún caso, explican fuentes policiales, se dudó de que debían detenerla. Pero para despejar cualquier equívoco, se comunicaron primero informalmente y después formalmente con el Supremo. El plan era claro: detenerla cuando acabase la rueda de prensa, por parte de la Comisaría General de Información, que investiga delitos de tipo ideológico. Pasadas las cinco y media de la tarde, algunos mandos de los Mossos d’Esquadra de paisano llegaron a las inmediaciones del Colegio de Periodistas. Antes se había pactado con la Guardia Civil y la Policía Nacional que el arresto lo llevarían a cabo los Mossos, aunque en el lugar era evidente la presencia de personas no uniformadas de otros cuerpos policiales. Teléfono en mano y auriculares, los mossos vigilaron hasta que la exconsejera salió del edificio, en la Rambla de Catalunya, en el corazón de Barcelona.

Finalmente, por logística, dejaron que Ponsatí y su séquito, rodeados de periodistas, caminasen hasta la plaza de Catalunya, bajo la atenta mirada de los policías. Bajaron por el Portal de l’Àngel, una de las calles más transitadas de la ciudad, y al llegar a la plaza de la Catedral, un subinspector de los Mossos cruzó la nube mediática y en directo, con todas las televisiones transmitiendo, detuvo, sin en ningún momento pronunciar esa palabra, a Ponsatí. Junto al jefe de la Comisaría General de Información, el intendente Carles Hernández, la escoltaron hasta el vehículo policial estratégicamente colocado para salir en línea recta hasta la vía Laietana. En él trasladaron a la exconsejera y a su abogado Boye hasta la Ciudad de la Justicia, tal y como habían pactado con el Supremo.

El magistrado Llarena ya había alertado al juzgado de guardia de Barcelona de que Ponsatí sería detenida y pasaría a disposición judicial; en este caso, del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, que el martes estaba en funciones de guardia de incidencias. Al tratarse de un exhorto del Supremo, el magistrado de enlace “cumplió una función de mera representación”, según las mismas fuentes. La decisión sobre el cauce que había que dar al trámite y sobre la situación personal de la eurodiputada de Junts estuvo siempre en manos de Llarena.

Ponsatí permaneció cinco horas detenida. A las once de la noche abandonó la Ciudad de la Justicia a pie y rodeada por unas 300 personas que se habían congregado para mostrarle su apoyo. Pese a los rumores que apuntaban a que podría ser trasladada a Madrid, ese escenario nunca se contempló. Lo que retrasó su puesta en libertad fue, entre otras cosas, la presentación de un habeas corpus, una figura legal que permite a un detenido ser puesto de forma inmediata a disposición judicial. Boye insiste en que la detención de Ponsatí —que, en realidad, estaba ya frente a un juez— fue ilegal.

El magistrado Llarena, entre tanto, redactó el auto sobre la situación personal de Ponsatí a lo largo de la tarde-noche. Se trata de una resolución fundamentada, de ocho páginas, en las que rebate los argumentos de la defensa sobre la alegada inmunidad. La resolución acordaba la puesta en libertad de la eurodiputada y dejaba sin efecto la detención. El magistrado la ha citado a declarar, por un delito de desobediencia, el 24 de abril, con la advertencia de que si no comparece, no solo ordenará su detención, sino que puede llegar a modificar su situación personal. La inmunidad parlamentaria también está pendiente de un recurso ante la justicia europea, que busca revertir la decisión de retirársela y que tomó la propia Eurocámara.

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