Un regreso teatral

El regreso a España de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, tras más de cinco años huida de la justicia, ha estado rodeado de una cuidada escenificación destinada a dos objetivos preferentes: levantar la moral del alicaído independentismo de Junts y exhibir de nuevo una marcada distancia con el partido que gobierna la Generalitat, ERC, con su presidente al frente. Pero el primer gesto ha sido otro. En la rueda de prensa convocada el martes en el Col.legi de Periodistes, en pleno centro de Barcelona, exhibió Ponsatí un enfrentamiento frontal contra el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, tras el nuevo auto hecho público hace una semana contra la eurodiputada. Al igual que había hecho ya con la dirigente de ERC también huida, Marta Rovira, Llarena anulaba la imputación de sedición —de acuerdo con la reforma del Código Penal acordada entre el Gobierno y ERC y aprobada en diciembre— y mantenía la de desobediencia, que solo puede ser castigada con inhabilitación para cargo público. Ponsatí regresaba a sabiendas de que no podía ingresar en prisión. Y consciente también de que el juez debía comunicarle su nueva situación procesal. Las cinco horas que pasó en la Ciudad de la Justicia culminaron con la orden de Llarena de ponerla en libertad, tras haber sido citada ante el magistrado del Tribunal Supremo el próximo 24 de abril, aunque su abogado ha anunciado ya que no comparecerá.

El maximalismo hacia el que ha ido escorando Junts sus posiciones políticas empezó con su salida del Gobierno que preside Pere Aragonès, pero no es solo ideológico sino también táctico. El supuesto de partida es la inocencia de los líderes huidos de la justicia y la atribución al Estado y al juez Llarena en particular de un ataque sin causa ni justificación. La estrategia de Junts pasa hoy por vender a su propio electorado que la negociación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC evidencia la claudicación ante la perentoria urgencia de la secesión. Es una posición que bordea de forma peligrosa las más elementales reglas democráticas. Escuchar de la eurodiputada Ponsatí la descripción del presidente Aragonès como una “herramienta más de la ocupación española” roza el argumentario terraplanista, pero delata la auténtica finalidad política de este regreso programado para ser carne de telediario. La pretensión de los extremos ideológicos de desacreditar la estrategia de ambos gobiernos —unos porque temen un inexistente desvalimiento del Estado tras la reforma del código penal y otros porque el Estado sigue siendo un instrumento opresor— puede ser el mejor argumento para defenderla.

Las reiteradas declaraciones de Ponsatí en favor de una movilización violenta del independentismo la ubica en la misma esfera ultra y antidemocrática de quienes lanzaron a sus afines al asalto del Capitolio en Estados Unidos o en defensa del derrotado Jair Bolsonaro en Brasil. Tampoco es necesario remontarse al 26 de octubre de 2017 y la convicción de Ponsatí de que la causa de la independencia podía requerir el sacrificio de alguna muerte. Basta con acudir a sus declaraciones de marzo del pasado año 2022, donde volvía a defender la necesidad de ese precio. Por fortuna, la ciudadanía catalana, incluida la mayoría de su sector independentista, se sitúa muy lejos de esos sacrificios mesiánicos y descarta que la muerte de alguien pueda ser la mejor ruta para nada.