Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo prevén reunirse próximamente, pero con las posturas totalmente enfrentadas. No habrá sin embargo “comisión de trabajo” entre PSOE y PP para abordar la financiación autonómica, la reforma del artículo 49 de la Constitución, que sigue incluyendo el término “disminuidos”, y la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los populares rechazan el ofrecimiento que el presidente del Gobierno hizo el jueves, en la semana en la que el consejo cumplía cinco años con el mandato caducado por la resistencia del PP a cerrar un pacto con los socialistas durante el último lustro con distintas excusas.

Dos días antes, el jefe de la oposición había contraatacado las acusaciones de bloquear el CGPJ con el anuncio de que impulsará la sustitución de otro alto cargo de la Justicia vacante desde julio de 2022: la plaza del magistrado Álvaro Montoya, que dimitió de su puesto como miembro del Tribunal Constitucional por enfermedad. Su reemplazo corresponde al Senado, que aprueba en pleno el nuevo magistrado tras solicitar candidaturas a los Parlamentos autonómicos, como la de Montoya, propuesto en 2017 por los populares. A pocos días de que empiece a debatirse la ley de amnistía en el Congreso, la resistencia en el seno del PP a cerrar cualquier acuerdo de Estado es total. En todo, menos en el Constitucional. “Somos el único contrapeso” al Gobierno en el Estado, resume un barón popular.

La sucesión de hechos arrancó el lunes. El portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró que su formación solo renovaría el CGPJ si el Gobierno reformaba antes el sistema de elección de sus vocales. El Consejo está formado por 20 vocales: 12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio (más un presidente, elegido a posteriori por los 20 vocales). A todos los designan el Congreso y el Senado, aunque, en el caso de los 12 jueces, las Cámaras deciden a partir de una lista de candidatos elaborada previamente por los propios jueces. La renovación requiere el apoyo de tres quintos de las Cámaras, y, por tanto, el pacto entre los dos principales partidos, PSOE y PP, es imprescindible.

El PP reclama que los 12 vocales sean designados directamente por los miembros de la carrera judicial, quitándole así todo poder decisorio al Parlamento. Sémper puso la condición de que el PP solo aceptará la renovación cuando el actual sistema haya cambiado. Pero el PP se matizó, horas después, a sí mismo: los populares se abrieron a renovar el órgano con la ley vigente si “simultáneamente” se impulsa la nueva norma. También, durante esa jornada, Bruselas reiteró una vez más que las fuerzas políticas acuerden la renovación, primero, y aborden dicha modificación legislativa, si así lo estiman, después.

Al día siguiente, el martes, Feijóo insistió en esa postura y confirmó también que su partido impulsará “en las próximas semanas” una votación en el Senado para intentar cubrir la única vacante del Constitucional. Feijóo acusó a los socialistas de no haber introducido dicha votación “en el orden del día” de la Mesa de la Cámara alta durante la legislatura pasada, cuando el PSOE tenía mayoría. “Han utilizado la baja de un magistrado enfermo para arrebatarnos una plaza que nos corresponde”, añaden fuentes de su gabinete. Ahora, el Constitucional tiene mayoría de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores.

El Senado designa a cuatro magistrados del Constitucional por mayoría de tres quintos de la que el PP no dispone en este momento. Sí tiene mayoría en la Mesa para impulsar esa votación, aunque en la dirección popular no tienen todavía prevista la fecha. En el proceso de elección de esos magistrados cada Parlamento regional puede presentar hasta dos candidatos. Esa propuesta de los territorios pasa a la Comisión de Nombramientos de la Cámara alta y luego se vota definitivamente en el pleno de la Cámara alta, que saca adelante el nombre por mayoría de tres quintos. En la práctica, suele haber un acuerdo previo entre los partidos políticos para mantener el equilibrio de fuerzas y acordar un candidato de consenso. Pero en la legislatura pasada, el consenso fue infructuoso para reemplazar a Montoya.

El expresidente del Senado, el socialista Ander Gil, sí impulsó el proceso y recibió cuatro propuestas, tres de los socialistas y una del PP. El PSOE expresó hace un año que no se prestaba a cubrir la vacante del Constitucional mientras el Partido Popular mantuviese bloqueado el Poder Judicial. Cuatro territorios presentaron candidaturas en el anterior mandato: Galicia, Andalucía, Extremadura y Aragón. En Extremadura y Aragón gobernaba el PSOE antes del 28-M, mientras que en Galicia y Andalucía, que no celebraron elecciones autonómicas el pasado mayo, lo hace el PP. En el Parlamento andaluz el candidato votado fue el presentado por los socialistas, pues los populares no impulsaron ninguna candidatura y se abstuvieron.

Viejo conocido de Feijóo

Los nombres registrados durante la legislatura pasada son válidos ahora. El PP tiene la mayoría de la Mesa de la Cámara alta desde el 23-J, por lo que puede impulsar la votación y también puede volver a solicitar nuevas candidaturas. La pasada legislatura, la única propuesta del PP registrada en el Senado fue la aprobada por el Parlamento Gallego: la del magistrado José Luis Costa Pillado, viejo conocido de Feijóo.

El hoy líder del PP propuso a Costa Pillado como miembro del Consejo Consultivo de Galicia en 2008, cuando aún estaba en la oposición. Desde entonces, la carrera del magistrado en Galicia ha estado salpicada de acusaciones de parcialidad. En 2014, fue aupado por Feijóo, ya como presidente de la Xunta, a presidente de este órgano, equivalente autonómico al Consejo de Estado en sus funciones jurídicas. Con el magistrado en ese puesto, los populares aprobaron una reforma legal que otorgó a Costa Pillado el poder de nombrar y cesar letrados, un cambio que fue muy criticado tanto por la oposición política como por la Asociación Profesional de Letrados do Consello Consultivo, por mermar la independencia de estos funcionarios. Pero el peor momento lo vivió Costa Pillado en Galicia cuando en 2016 fue investigado por tráfico de influencias en la Operación Cóndor. Las acusaciones contra él fueron finalmente sobreseídas, informa Sonia Vizoso. En el seno del PP aún tienen que decidir si esta propuesta “se mantendrá o no” de cara a la futura votación.

Feijóo insiste en no ceder ante Sánchez la renovación del CGPJ porque el presidente del Gobierno quiere, entre otras cosas, “colonizar las instituciones”. El ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, exigió este sábado al PP ejercer una “oposición constructiva” y cesar en el “bloqueo antidemocrático” del Consejo. “Necesitamos una justicia que recupere la normalidad institucional, y para eso necesitamos pactar con el principal partido de la oposición”, abundó. Un pacto que en la coyuntura actual queda muy lejos.