La batalla conservadora contra la ley de amnistía: “Van a llover las cuestiones prejudiciales”

El Partido Popular encara la tramitación de la proposición de ley de amnistía para los encausados del proceso independentista catalán con la vista puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ese órgano tiene depositadas sus esperanzas para que la iniciativa legislativa decaiga, a juzgar por los pronunciamientos de los expertos jurídicos a los que el PP ha escuchado en las últimas semanas.

Tres exmagistrados del Constitucional elegidos en su día por el PP —Francisco Pérez de los Cobos (expresidente del Tribunal), Jorge Rodríguez Zapata, y Andrés Ollero— desconfían abiertamente de las cuestiones de constitucionalidad que los distintos tribunales, que deberán aplicar la futura ley de amnistía, puedan trasladar al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, los tres consideran que las cuestiones prejudiciales que presenten distintos jueces españoles ante el Tribunal de Justicia de la UE tienen muchas posibilidades de prosperar: “Yo creo que van a llover cuestiones prejudiciales por parte de los jueces españoles, que son jueces europeos y pueden entender que es el derecho europeo el que se está vulnerando. El Tribunal Constitucional tuvo el acierto de establecer en su doctrina que si un juez español se encuentra ante una norma que entiende que vulnera el derecho europeo, pero vulnera también la Constitución, debe dirigirse primero a Luxemburgo con una cuestión prejudicial y solo después plantear una cuestión de inconstitucionalidad”, señala Ollero.

Los expertos jurídicos que asesoran al PP consideran que el TJUE no admitirá que la futura ley de amnistía permita perdonar a encausados por terrorismo sobre los que no se haya dictado todavía sentencia, como establece la proposición de Ley que comenzará el próximo martes su andadura en el Congreso. Fuentes próximas a algunos de los jueces que deberán aplicar la sentencia consideran más que probable que se presenten cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

Los expertos jurídicos consultados por el PP consideran que “el único horizonte es la batalla”, y confirman la estrategia del PP contra la ley de amnistía. “Tenemos derecho a resistir, a defender nuestra democracia por todos los medios a nuestro alcance, mediante manifestaciones populares, boicots, mediante no cumplimiento de las leyes, mientras otros no cumplen las leyes, ese es el camino”, señala el exmagistrado conservador Jorge Rodríguez Zapata.

Los juristas conservadores piden al PP que redacte con especial cuidado el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y marcan los aspectos que consideran claramente impugnables de la futura norma.

Igualdad ante la Ley. “Se vulnera el principio de igualdad. Una Ley no puede decidir que a determinadas personas o grupos se les declare inmunes frente al derecho por las conductas antijurídicas en que han incurrido”, señala Pérez de los Cobos.

Lo que no está permitido, está prohibido. El rechazo a dos enmiendas de 1977 que planteaban incluir en la Constitución la posibilidad de que el parlamento acordase amnistías lleva a los juristas consultados por el PP a determinar que no es posible legislar sobre esa materia. “Los que dicen que es posible legislar una amnistía porque la Constitución no la prohíbe expresamente están en un error. En el ámbito privado puede ser que lo que no está prohibido esté permitido, pero en el ámbito público, para que un poder pueda hacer algo debe estar incluido en la norma”, señala Ollero.

Contra la unidad de España. “La amnistía entra en flagrante contradicción con el artículo 2 (”la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”), al considerar el proceso independentista como un propósito santo”, explica Pérez de los Cobos.

Las causas por terrorismo no pueden ser amnistiadas. Los expertos a los que ha consultado el PP entienden que la futura ley de amnistía no puede beneficiar a los encausados por delitos de terrorismo, aunque estos no hayan sido juzgados todavía, porque eso vulnera el derecho de la Unión Europea. Hay dos procesos judiciales por terrorismo vinculados con el proceso independentista: el caso de los Comités de Defensa de la República (CDR) y el del Tsunami Democràtic. “El respeto al derecho europeo en relación a las imputaciones por terrorismo. Ahí sí que hay más posibilidades de control, en las contradicciones con el derecho europeo”, señala Rodríguez Zapata.

Invasión del Poder Legislativo en el ámbito del Poder Judicial. “Se vulnera el artículo 117.3 respecto a la reserva de jurisdicción en favor de los tribunales”, explica Pérez de los Cobos.

“El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan”, señala la Constitución.

El exmagistrado del Constitucional Ollero añade: “El poder Judicial queda deslegitimado porque con la amnistía no hay delito alguno, se dice que aquello que se consideró un delito fue un error o una prevaricación judicial, que lo que hubo fue un desafuero judicial”.