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La futura ley de amnistía inicia su andadura con mayoría absoluta y el aval jurídico del Congreso a su tramitación

El PSOE y sus aliados quieren retocar lo mínimo del texto y confían en superar el filtro de los recursos ante el Constitucional

Pedro Sánchez y Santos Cerdá (PSOE) junto a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Pedro Sánchez y Santos Cerdá (PSOE) junto a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.Moeh Atitar

La proposición de ley de amnistía registrada por el grupo socialista el pasado 13 de noviembre superará el próximo martes su primer gran debate parlamentario con la toma en consideración de la iniciativa por el pleno de la Cámara. La primera votación sobre el texto legal contará con una mayoría absoluta de 178 diputados a favor y con el aval jurídico a su tramitación de los letrados de las Cortes Generales. La iniciativa suscita una fuerte oposición de la derecha política y mediática, además de diversos sectores sociales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo sabe, pero cuenta con que el paso del tiempo rebaje esa contestación ciudadana, argumenta que esa concesión de gracia, forzada por la necesidad de los siete votos de Junts para su investidura, será respaldada por el poder legislativo —ocho grupos parlamentarios— y al final se apreciará como “un asunto de Estado” bueno para la convivencia.

Ni el PSOE ni sus aliados pretenden retocar demasiado el texto en la fase de enmiendas porque confían en que superará sin más problemas el filtro de los previsibles recursos que se presentarán contra esa norma en el Tribunal Constitucional, tanto por el PP como por distintos tribunales con sumarios abiertos a encausados del procés.

Pedro Sánchez explicó a un grupo de periodistas, en la conmemoración del 45º aniversario de la Constitución, que aunque no incluyó la medida en su programa electoral del pasado julio, ahora la considera “un asunto de interés de Estado” que trasciende a los beneficios concretos para el PSOE y su Ejecutivo de coalición. Defiende incluso que será buena en el futuro para el PP, para su líder, Alberto Núñez Feijóo, y sobre todo para Cataluña y para España, al anticipar una fórmula que en algún momento habría que abordar para resolver la situación de varios centenares de ciudadanos de a pie imputados, procesados o condenados por su participación en determinados actos ilegales del proceso independentista y solo para unos cuantos dirigentes políticos.

El jefe del Ejecutivo alega que con los meses muchos de los que ahora se oponen a esa iniciativa acabarán entendiéndola cuando comprueben sus resultados, como cree que sucedió con los indultos a los dirigentes independentistas condenados por el Supremo.

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El Gobierno no tiene dudas de la legalidad de la medida, incluso entre algunos de los ministros no militantes formados en el mundo jurídico. Los negociadores políticos del proyecto por la parte socialista, respaldados por expertos jurídicos, sostienen que han pulido al máximo la exposición de motivos y los artículos de la ley para que pase los filtros de los más que previsibles recursos que esperan ante el Tribunal Constitucional.

El PP amenazó en su momento con la posibilidad de recurrir, incluso los primeros trámites, la mera calificación y aceptación por parte de la Mesa del Congreso de la discusión del proyecto. No lo ha hecho aún por varias razones. El PP sopesa esperar al final del proceso parlamentario para presentar ese recurso y de esta manera no ofrecer la opción de que el Constitucional les tumbase un primer recurso contra la mera tramitación de la proposición de Ley.

Los letrados de la Cámara argumentaron en su informe técnico para la Mesa del Congreso a favor de la tramitación de la proposición de ley. Ha habido otras iniciativas, por ejemplo de Vox, más que discutibles desde el punto de vista constitucional, que la Mesa ha accedido a debatir, aunque luego no prosperen.

El PP había fijado uno de sus primeros muros para frenar la ley en el dictamen de los expertos jurídicos de la Cámara, quienes en marzo de 2021 habían firmado una nota contra la tramitación de una proposición de ley de amnistía registrada entonces por ERC y otros grupos separatistas catalanes como la CUP. El anterior secretario general del Congreso y letrado mayor, Carlos Gutiérrez, se opuso a que se permitiera su debate porque consideró el texto “palmariamente inconstitucional”, que es una de las excepcionales razones para evitar que cualquier iniciativa se discuta en la Cámara. Gutiérrez, que llevaba 10 años en el cargo, pidió tras el 23-J ser relevado y la nueva mayoría progresista encontró un sustituto en otro letrado, Fernando Galindo, que cumplía los requisitos para el puesto, pero era alto cargo del anterior Ejecutivo. El PP quiso recusarle por ese pasado, pero la iniciativa no prosperó.

Cuando la propuesta del PSOE, pactada con Junts y ERC y respaldada por los demás aliados parlamentarios, llegó a la Mesa para ser calificada, Galindo optó por abandonar la sala para abstenerse de participar, pero en la reunión permanecieron otros tres letrados del medio centenar de ese cuerpo del Congreso que refrendaron la legalidad de la tramitación del proyecto. El PP insistió más tarde en exigir, hasta por escrito, que el informe de los expertos, que había llegado sin firmar, lo asumiera alguien y Galindo asumió esa responsabilidad.

Precedentes jurídicos

El informe de los letrados desarrolla un extenso capítulo de precedentes jurídicos sobre la amnistía. En el articulado de la Constitución de 1978 no figura ni su prohibición ni su autorización. Pero los letrados reseñan que el Constitucional no declaró ilegal, y pudo hacerlo, la ley de amnistía de 1977.

La mayoría progresista utilizó en su favor el amplio trabajo elaborado sobre el indulto en España, del letrado del Congreso Jorge Villarino Marzo. El experto se preguntó: “¿Qué ocurre con la amnistía?”. Y se respondió: “Se trata de una fórmula utilizada fundamentalmente en supuestos muy excepcionales de cambio brusco en un régimen político o bien de adopción de una nueva legislación que suponga un giro de 180 grados respecto a delitos tipificados previamente”. “Es obligado también señalar”, añadió, “que no existe impedimento constitucional para su concesión. Eso sí, la misma debería venir articulada en forma de ley, fruto de una decisión de las Cortes Generales en cuanto representantes del pueblo soberano, en un marco de excepcionalidad absoluta, con un enorme consenso y con estricto respeto a los principios constitucionales, tales como el principio de igualdad y de proporcionalidad”. La ley de amnistía de 2023 arranca su camino en las Cortes este martes, es excepcional y se ha dibujado con el objetivo de encajar en la Constitución de 1978, pero no camina ni se acerca siquiera a un “enorme consenso”.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.
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