Los letrados del Congreso avalan que la ley de amnistía inicie su tramitación

Los letrados del Congreso no ven “defectos formales” para que la proposición de ley de amnistía se debata en la Cámara baja, y por tanto avalan que inicie su tramitación, tal y como ha adelantado la SER y ha confirmado este diario. El informe jurídico elaborado por los letrados que acompaña a la proposición de ley, que mañana martes se estudiará en la Mesa del Congreso, argumenta que la norma registrada la semana pasada en solitario por el PSOE “carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite para el debate de los grupos políticos”. Este mismo lunes, el PP ha recusado al letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, alegando que fue director general y subsecretario en el Gobierno de Pedro Sánchez y que está casado con quien ha sido la directora general de Relaciones con las Cortes hasta hace dos semanas.

El texto de los letrados, con la firma de Galindo, contiene siete conclusiones. La primera es que la calificación de las iniciativas por parte de la Mesa no está pensada como una primera instancia judicial, una especie de control previo de constitucionalidad, como determinaron distintas sentencias del Tribunal Constitucional ante la tramitación de los estatutos de Cataluña y Euskadi. La segunda es que la proposición “carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite”. La tercera se refiere a la base histórica y a la inadmisión de la proposición de ley de amnistía que presentaron los partidos independentistas en marzo de 2021 y que entonces no se permitió su tramitación porque estaba concebida, dicen los letrados ahora, como un indulto general, algo expresamente prohibido por el artículo 62 de la Constitución.

La cuarta conclusión de los expertos jurídicos del Congreso ahonda en ese aspecto para decir que la proposición actual “cuenta con elementos que la diferencian” de la inadmitida de 2021 y que la distinguen de un indulto general. La quinta sostiene que, si hubiera otros posibles motivos de inconstitucionalidad, “no se derivarían de una lectura directa de ningún precepto de la Constitución, sino de una interpretación de los mismos aplicados a la figura de la amnistía, que debería llevar a cabo el Tribunal Constitucional”, doctrina que “no se ha dictado aún”. La sexta defiende que “no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional elementos suficientes para determinar” si la proposición de ley contradice la Constitución. Y la séptima concluye explicando que la Mesa, que es un órgano político con una mayoría progresista de cinco miembros frente a los cuatro del PP, es quien debe decidir sobre este tipo de calificaciones, como se ratificará mañana.

Vox, que no tiene ningún diputado en la Mesa, ya ha avanzado que se querellará contra los letrados autores de ese informe y contra los componentes de ese órgano que aprueben esa calificación por un posible delito de prevaricación, porque denuncian que están legitimando así un “golpe al Estado de Derecho”, según confirmó este lunes su líder, Santiago Abascal.

El PP es más que posible que plantee, antes de otras medidas, un escrito de reconsideración de esa decisión de la Mesa. Pero antes de conocerse el informe de los letrados, el PP ya había registrado este lunes en el Congreso la solicitud de recusación del secretario general y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, con la intención de que no pueda “llevar a cabo la propuesta técnica de calificación de la proposición de ley orgánica de amnistía”. El PP pide que se revoque el nombramiento de Galindo, que se formalizó hace solo un par de semanas, porque entiende que “vulnera los principios legales de imparcialidad y objetividad” dado que el letrado formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez (fue director general y subsecretario) y está casado con quien ha sido la directora general de Relaciones con las Cortes hasta el pasado 30 de octubre. No es la primera vez que un secretario general y letrado mayor del Congreso procede o ha pasado por distintos Ejecutivos, también durante los mandatos del PP.

El PP no está dispuesto a soltar la presa política de su oposición frontal a la ley que amnistiará a los encausados del procés independentista catalán, y va a llevar ese asunto a todas las instituciones en las que tenga representación, incluida la Mesa del Congreso. Los populares recuerdan en su escrito de recusación que Galindo fue primero director general de Cooperación Autonómica y Local, y luego, Subsecretario del Ministerio de Política Territorial. Ese cargo lo ocupó hasta el 31 de octubre de 2023, dos días antes de ser nombrado secretario general del Congreso a propuesta de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol. El PP considera así que el actual letrado mayor—que tiene 13 años de experiencia y fue designado por unanimidad en tres ocasiones para distintas responsabilidades en el Congreso, también bajo mandato de los populares— no reúne las condiciones para ese cargo.

El PP relaciona la presencia de Galindo en el Gobierno hasta hace dos semanas con la elaboración de la proposición de ley de amnistía, que ha presentado formalmente el grupo parlamentario socialista, pero que los populares adjudican al Ejecutivo. Fuentes de la Presidencia de la Cámara sostienen que Galindo no tuvo nada que ver con la confección de esa norma y remachan que ha habido decenas de casos de letrados que previamente han colaborado con distintos ejecutivos.

La figura de Fernando Galindo será clave desde este mismo martes, porque tendrá que pronunciarse como letrado mayor y secretario general del Congreso sobre la aceptación y calificación de la proposición de ley de amnistía para que esta inicie su tramitación. El PP interpreta que como, en alguna declaración pública, el ministro Félix Bolaños llegó a comentar que el proyecto de ley de amnistía podría “vehiculizarse” como proposición de ley —es decir, presentada formalmente por grupos parlamentarios, no por el Ejecutivo—, eso demuestra que el texto ha sido “elaborado y redactado desde el Gobierno o por lo menos que el Ejecutivo ha tenido pleno conocimiento del mismo”. Y en esa línea argumental el grupo popular llega a la derivada de que “es más que probable” que Galindo “sea conocedor del texto que se ha registrado en el Congreso o de alguno de sus borradores previos”, por lo que “queda inhabilitado para emitir un informe en relación con el mismo”.

Los populares cuestionan también al letrado mayor porque está casado con Mercedes Cabrera, quien hasta el pasado 30 de octubre ocupó un puesto en el Gobierno como directora general de Relaciones con las Cortes. El PP argumenta que, según la ley del Régimen Jurídico del Sector Público, la de Altos Cargos y el Estatuto del Personal de las Cortes, Galindo debería abstenerse en este asunto por no tener la suficiente “objetividad e imparcialidad”.

El grupo popular recuerda que el 23 de marzo de 2021 el anterior secretario general del Congreso, Carlos Gutiérrez, presentó un dictamen técnico a una proposición de ley de amnistía, presentada por ERC y otros grupos catalanes independentistas, en el que sostenía que no debía admitirse a trámite por entrar en una “contradicción palmaria y evidente con la Constitución”. Sin embargo, y como ha adelantado este lunes EL PAÍS, ese mismo letrado mayor elaboró un informe en marzo de 2018, para la entonces presidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor, en la que no sólo mantenía una postura diferente sino que aconsejaba incluso la elaboración de una ley de amnistía para contemplar el perdón de un número indeterminado de guardias civiles sancionados o condenados por reivindicar su derecho de asociación profesional.