El PSOE no se prestará a cubrir la vacante del Constitucional que depende del Senado mientras el PP mantenga bloqueado el Poder Judicial

El Tribunal Constitucional, una vez desbloqueados los cuatro nombramientos pendientes desde junio, se encamina hacia una mayoría progresista especialmente holgada: 7-4. En realidad, la relación de fuerzas debería ser de 7-5, pero no lo es porque desde hace cinco meses está vacante el puesto que dejó el magistrado conservador Alfredo Montoya, que presentó su renuncia en julio tras sufrir el verano anterior un ictus. La renuncia de ese magistrado, que había sido designado en 2017 por el Senado a propuesta del PP, rebajó a 11 el número de componentes del tribunal de garantías. Y esa plaza, que correspondería a un jurista propuesto por el PP, aún no ha sido cubierta.

El principal partido de la oposición tiene, obviamente, interés en cubrirla, pero necesita el acuerdo con el PSOE, porque los magistrados del Constitucional designados por el Senado (igual que los nombrados por el Congreso) deben ser respaldados por una mayoría de tres quintos, lo que obliga a los dos grandes partidos a ponerse de acuerdo. Y el PSOE deja claro que solo se sentará a negociar ese nombre cuando el PP abandone el bloqueo en el que mantiene el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —que tiene una mayoría conservadora y cuyo mandato caducó hace cuatro años—. Si el PP no cumple este requisito, los socialistas no apoyarán el reemplazo de Montoya, adelantan las fuentes consultadas por EL PAÍS.

La medida de presión del PSOE para forzar el desbloqueo definitivo de todas las instituciones del Estado no parece que vaya a hacer mella en el PP, al menos a corto plazo. La formación conservadora asegura que no acepta “chantajes” del Gobierno para el nombramiento del magistrado vacante que corresponde al Senado. Los populares señalan que no tienen “urgencia” en que se cubra esa plaza y que en todo caso no van a vincular ese asunto con la renovación del CGPJ. “Si quieren desbloquearlo, que lo hagan, pero sin este tipo de chantajes”, dice un portavoz del PP. La dirección popular insiste, paralelamente, en su negativa a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial “mientras el Gobierno esté en la esclavitud moral de ERC”, según aseguró el miércoles el vicesecretario Institucional y encargado de la negociación con el Ejecutivo de los temas judiciales, Esteban González Pons. Y se vanagloria de que el sector conservador del Poder Judicial haya bloqueado durante seis meses el nombramiento de los dos magistrados que le corresponden en el Constitucional, finalmente designados el martes por unanimidad. “Lo que ha ocurrido no ha sido un bloqueo, ha sido una resistencia. El CGPJ ha dado una lección de resistencia democrática”, señaló González Pons.

Los socialistas tampoco flaquean y son tajantes: el nombramiento del magistrado conservador pendiente del Senado está ligado a un acuerdo global de renovación del CGPJ. Esto es, hasta que los populares no firmen la actualización del Poder Judicial —sus componentes actuales llevan nueve años desempeñando el cargo, pese a que la Constitución lo limita a cinco años—, el PSOE no se prestará a cubrir la vacante del Constitucional que depende del Senado. Las fuentes socialistas consultadas afirman que así figuraba, además, en el acuerdo negociado por González Pons y que Alberto Núñez Feijóo rompió a finales de octubre. Las conversaciones con el Gobierno estaban muy avanzadas, pero el líder del PP se excusó con el argumento de que el Ejecutivo pretendía aprobar la reforma del delito de sedición. “La renovación de ese magistrado, que necesita de los tres quintos de la Cámara alta, figuraba en el acuerdo. Sin la renovación del Consejo General del Poder Judicial no contará con nuestros votos”, sentencian fuentes socialistas.

“El acuerdo con el PP estaba absolutamente hecho, en el último momento a Feijóo le temblaron las piernas. Sería cuestión de segundos firmar el acuerdo y recuperar la normalidad institucional que España se merece”, ha insistido este miércoles el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. “Le pido a Feijóo que cumpla el acuerdo que ya tenemos con ellos. Que, como propósito de año nuevo, cumpla la Constitución”. Ante la pretensión del PP de que el Gobierno retire ahora a sus dos candidatos propuestos para el Constitucional —Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, alto cargo del Ministerio de Presidencia desde 2018—, Bolaños tiró de ironía: “Que el PP quiera nombrar a los dos magistrados que designa el Gobierno cuando gobierna el PP y cuando gobierna el PSOE es poco menos que una inocentada”.

La baja de Montoya, catedrático de Derecho Laboral, dejó al Constitucional con 11 miembros, de los que cinco pertenecen al bloque conservador y otros cinco al progresista, más el presidente, Pedro González-Trevijano, también del bando conservador. En esta situación, el voto de calidad de González-Trevijano ha cobrado aún mayor importancia para dirimir los empates entre ambos sectores. La prueba más palpable se produjo la semana pasada con la decisión, inédita en democracia, de aplicar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP y paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma legislativa con la que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación del propio órgano de garantías. Un factor que no se les escapa ni en el PSOE ni en el PP es que si el equilibrio de fuerzas en el Constitucional es de siete a cinco, a favor de los progresistas, eso dejaría al bloque conservador a un voto de la paridad en votaciones relevantes si un magistrado cambiase de signo. Un escenario en el que el voto de calidad del presidente rompería el empate.