El magistrado del Constitucional Alfredo Montoya renuncia al cargo por motivos de salud

El magistrado del Tribunal Constitucional Alfredo Montoya, de 85 años, ha presentado este miércoles su renuncia por motivos de salud al presidente de la institución, Pedro González-Trevijano. Montoya sufrió un ictus hace casi un año, en agosto de 2021, y desde entonces se había sometido a tratamientos de rehabilitación, pero no se había reincorporado al tribunal. Con su baja definitiva, la operación de renovación del Constitucional pasa a implicar a un total de cinco de los doce miembros del órgano de garantías, es decir, casi la mitad de sus componentes. La renuncia ha sido comunicada al presidente del Senado, Ander Gil, ya que Montoya pertenecía al turno de nombramientos propuesto por la Cámara alta.

Montoya, catedrático de derecho laboral, pertenecía al bloque conservador del Constitucional, al que se incorporó en 2017. El mandato de los magistrados es de nueve años, por lo que habría cesado en 2026. Fue nombrado por el Senado, que ahora deberá cerrar un acuerdo para sustituirle, lo que hará preciso un pacto entre el PSOE y el PP.

La baja de Montoya, catedrático de Derecho Laboral y perteneciente al Constitucional desde 2017, deja este tribunal con 11 miembros, cinco del bloque conservador y otros cinco del bloque progresista, más el presidente, también del bloque conservador. En esta situación, el voto de calidad de González-Trevijano cobra aún mayor importancia para dirimir un hipotético empate entre ambos sectores.

Los otros cuatro miembros que deben abandonar el tribunal, al haber concluido su mandato el pasado 12 de junio, son el presidente, Pedro González Trevijano; el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez Vares. Trevijano es del bloque conservador, al igual que Narváez y Martínez Vares, mientras que Xiol es del sector progresista.

En la actual renovación le corresponde al Gobierno efectuar dos nombramientos, para designar a los sucesores de Trevijano y Narváez. Los de Xiol y Martínez Vares serán designados, a su vez, por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con los cambios, el bloque progresista pasará a contar con mayoría en el tribunal, compuesta por siete magistrados. El sector conservador, en cambio, iba a quedarse con cuatro componentes, si bien la renuncia de Montoya permitirá completar el pleno y que los conservadores sean cinco.

Con ello, el bloque conservador seguirá estando en minoría cuando se produzca la renovación, pero en mejores condiciones que si Montoya no hubiera dimitido. El hecho de que el equilibrio de fuerzas quede reflejado en siete a cinco, a favor de los progresistas, sitúa al otro bloque a un voto de conseguir la paridad en votaciones relevantes, con un solo magistrado que cambie de signo. En todo caso, en esos supuestos es el voto de calidad el que rompe el empate.

Esta previsión legal hace que cobre especial relevancia el proceso de elección del sucesor del actual presidente, el conservador Pedro González-Trevijano. Quien ocupe el puesto, dado el reequilibrio descrito, habrá de ser un miembro del sector progresista. En principio, hay dos magistrados que cumplen los requisitos para aspirar a la presidencia, dado que se hallan en el último trienio de su mandato, condición esta que suele respetarse en el Constitucional cada vez que hay que elegir presidente. Se trata de Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado y exmiembro de la Sala Penal del Supremo, y de María Luisa Balaguer, catedrática de Derecho Constitucional.

El tribunal de garantías celebrará su próximo pleno el 13 de septiembre, tras las vacaciones veraniegas. Pero todavía no hay un orden del día preparado, ante la expectativa de que el día 8 del mismo mes el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar a los dos magistrados que le corresponde elegir, si se ha alcanzado al respecto un acuerdo interno que pueda materializarse en el pleno del órgano de gobierno de la magistratura convocado en dicha fecha.

Un día antes, el 7 de septiembre, tendrá lugar el solemne acto anual de apertura del año judicial, presidido por Felipe VI. Será la quinta vez que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, se despida del cargo, sin haber causado realmente baja, ya que la renovación del órgano de gobierno de la magistratura que correspondía llevar a cabo en 2018 continúa pendiente. Lesmes anunció su salida en septiembre de 2018 y en el mismo mes de los siguientes años insistió en la urgencia y necesidad de la renovación del Consejo, que sigue sin producirse.

Tras la renuncia de Montoya, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha culpado al PP de incumplir “1.331 días″ la Constitución en el caso de la renovación del Poder Judicial y ha solicitado al partido de Núñez Feijóo que recapacite, abandone su “bloqueo” y “obstrucción” al funcionamiento democrático del país.