El presidente del Poder Judicial convocará un pleno en el plazo dado por el Gobierno, pero avisa de la dificultad de llegar a un acuerdo

La decisión del PSOE de imponer por ley al Consejo General del Poder Judicial un plazo máximo de tres meses (que vencería el 13 de septiembre) para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden ha causado indignación en el sector más conservador del órgano de gobierno de los jueces. “Es una falta de respeto más y una muestra de desconfianza tremenda”, lamenta un consejero nombrado por el PP. En el ala progresista, algunos vocales se muestran comprensivos con que se fije una fecha, aunque advierten de que es imposible garantizar que pueda cumplirse. En esta misma línea se ha situado este jueves el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, que, a preguntas de los medios de comunicación durante una visita a La Palma, se ha comprometido a convocar un pleno para votar esos nombramientos antes del 13 de septiembre, cuando se cumple el plazo (a contar desde el 13 de junio, cuando caducaron los mandatos de los cuatro magistrados que hay que renovar); Lesmes ha advertido, sin embargo, que no puede asegurar que los vocales lleguen ese día a un acuerdo con una mayoría de tres quintos, como exige la ley. “Me esforzaré en que esa situación se dé y se produzca, pero no lo puedo garantizar”, ha advertido.

El proceso para designar a los dos magistrados del Constitucional no se ha iniciado porque el CGPJ, con el mandato caducado, tenía vetadas las competencias para este nombramiento hasta este jueves, cuando se ha aprobado la reforma legal que le devuelve esa potestad. A partir de ahora, lo esperable, según vocales consultados, es que se inicien contactos entre consejeros y posibles candidatos. Los miembros propuestos por el CGPJ para el Constitucional suelen ser magistrados del Supremo y será en ese ámbito en el que se produzcan estas conversaciones, pero tanto el Consejo como el alto tribunal paralizan su actividad en agosto, y estas fuentes consideran “poco probable” que haya una lista de candidatos cerrada, mucho menos consensuada, antes de esa fecha. Porque esa es la segunda fase del proceso, y la más difícil: la elección de los dos magistrados del TC necesita el voto a favor de 12 de los 19 miembros del pleno, lo que obliga a alcanzar un pacto entre conservadores y progresistas porque ninguno de los dos sectores suma por sí solo esa cifra.

Mientras el Consejo mantuvo sus competencias para designar cargos discrecionales, la mayoría de los nombramientos que hizo se alcanzaron con amplio consenso, pero ningún vocal consultado ahora asegura que esa situación vaya a repetirse. Primero, porque el órgano está más dividido que entonces y puede no ser fácil alcanzar un acuerdo. Y segundo, porque algunos de los más críticos con el Gobierno pueden eludir cualquier tipo de pacto para torpedear el plan de los socialistas. “Simplemente con que un grupo vote en blanco o se empeñe en apoyar a un determinado candidato para el que no hay consenso, ya es imposible conseguir la mayoría”, señala un consejero designado a propuesta del PSOE, que admite que, aun sin intento de boicoteo, el acuerdo para elegir a los dos magistrados no es fácil y duda de que se alcance antes de la fecha marcada. A eso se refería Lesmes al advertir que no puede garantizar la mayoría suficiente para que la designación fructifique.

La reforma legal aprobada por el Congreso no concreta qué consecuencias tendría que el Consejo no cumpliera esos tres meses de plazo, pero los vocales rechazan que un posible retraso pueda acarrear sanciones para el órgano. “No tendría sentido, pero es que además sería muy reprobable que toda la presión recaiga sobre nosotros a pesar de que son ellos [los partidos políticos] los que no consiguen pactar nuestra renovación. Si renuevan se soluciona todo de una vez”, subraya un consejero. El presidente del CGPJ insistió ayer en esta línea al reprochar a los partidos que sean “incapaces” de desbloquear la situación del Consejo.