El Poder Judicial rechaza por la mínima el plan del Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha propiciado con su voto que el órgano aprobase este lunes la respuesta del sector más conservador a la reforma legal exprés propuesta por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. El voto de Lesmes ha sido el único que se ha sumado al de los nueve vocales que habían presentado un escrito contra la propuesta socialista y forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir la postura del CGPJ antes de la votación de la reforma en el Congreso, prevista el jueves. Los siete vocales propuestos por el PSOE han votado en contra, mientras que uno de los consejeros propuestos por el PP (Vicente Guilarte) y el apoyado por el PNV (Enrique Lucas) han votado en blanco.

El pleno del Consejo medía este lunes hasta dónde llevar su último choque con el Gobierno. Y el resultado es que la iniciativa de nueve vocales conservadores ha salido adelante, aunque con un tenor menos contundente del que estos deseaban. La propuesta que estaba sobre la mesa era rechazar de plano la reforma legal que impulsa el PSOE para sustituir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato venció el pasado 12 de junio. Pero el escrito que los nueve vocales conservadores presentaban necesitaba un voto más para garantizar su aprobación y, con la redacción que tenía originalmente, no lo iba a conseguir. Estuvieron negociando hasta última hora para intentar recabar apoyos, pero finalmente solo consiguieron el del Lesmes. Para ello, según fuentes del órgano, han tenido que eliminar además una de las dos propuestas que contenía el escrito: la que pretendía poner en conocimiento de la UE las quejas del Consejo por la reforma legal.

Este punto causaba también cierta división entre los propios vocales que firmaban el texto, ya que suponía implicar institucionalmente ante la Comisión Europea al órgano de gobierno de los jueces y algunos consejeros no eran partidarios. Tampoco Lesmes, por lo que, finalmente, el sector más beligerante con el Gobierno, que defendía acudir a la UE, ha aceptado dejarlo fuera. Según fuentes de este sector, el asunto se ha abordado durante una comida celebrada antes del pleno, a la que han acudido vocales conservadores para terminar de perfilar un nuevo escrito alternativo al presentado inicialmente. En ese encuentro, la mayoría de los consejeros ha coincidido en que llevar el asunto a la UE no era una prioridad y hasta podía resultar “contraproducente” porque la Comisión Europea publicará en los próximos días su informe sobre el estado de Derecho en España. “Insistir con la comisión sobre lo que ya sabe no era práctico y quizás tampoco adecuado”, explica un miembro del órgano. Finalmente, la propuesta se ha retirado y no se ha llegado a debatir en el pleno.

El texto definitivo aprobado por el Consejo plantea únicamente solicitar al Congreso de los Diputados que recabe el informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la proposición de ley presentada por el PSOE. El CGPJ informa siempre de los proyectos de ley del Gobierno cuando se tramitan por de forma ordinaria, pero en este caso el PSOE pretende hacerlo por la vía de urgencia, lo que acorta los trámites y excluye la opinión del Consejo. El órgano, sin embargo, defiende que la Comisión Europea se ha mostrado partidaria de que las modificaciones legales que afectan al Poder Judicial se consulten con todos los sectores afectados. Los vocales piden también al Congreso que solicite un informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). A favor de estas peticiones han votado 10 de los 19 miembros del pleno: el presidente y nueve vocales propuestos por el PP: José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Han votado en contra Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta ,Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Pilar Sepúlveda (todos propuestos por el PSOE) y Concepción Sáez (IU).

La propuesta socialista, que prevé devolver al Consejo en funciones (tiene el mandato caducado desde diciembre de 2018) las competencias para nombrar magistrados del Constitucional es, según la mayoría del órgano, “contradictoria e incoherente”. Lo que los consejeros del PP reclaman es que las Cortes corrijan la reforma del año pasado, pero no en el sentido de devolverle solo la potestad para elegir a los magistrados del tribunal de garantías, sino a todos los cargos discrecionales que están vacantes en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales.

El órgano ha decidido también remitir al Congreso y al Senado el acuerdo adoptado el pasado 27 de junio por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. En ese texto, la cúpula del alto tribunal pedía al Consejo que informara a ambas Cámaras de su “honda preocupación” porque la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales están creando una situación que, de continuar, será “insostenible”. Este segundo acuerdo ha sido adoptado con el voto a favor de quince de los 19 miembros del pleno (se han opuesto Martínez de Careaga, Mozo, Sáez y Sepúlveda).