La fractura en el Poder Judicial deja en vilo la maniobra del PSOE para renovar el Constitucional

El plan del PSOE para impulsar la renovación del Tribunal Constitucional ha chocado con los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de cuyo voto depende la elección de dos de los cuatro magistrados que deben incorporarse al tribunal de garantías. La reforma legal que plantean los socialistas implica devolverle al actual Consejo —mientras persiste el bloqueo del PP en su renovación, que se alarga ya tres años y medio— las competencias para designar a los dos miembros del Constitucional que le corresponden, una potestad vetada por ley desde el año pasado. Pero un sector del Consejo, que rechazó la primera reforma y ahora rechaza la segunda, está dispuesto a complicar el objetivo del Gobierno, y dilatar, y en última instancia dificultar, la designación de los dos magistrados del Constitucional, cuya elección requiere una mayoría de tres quintos (12 de los 20 miembros del órgano).

Nueve vocales del CGPJ designados en 2013 a propuesta del PP no han decidido todavía qué harán si el PSOE saca adelante la nueva reforma legal, que obligaría al Consejo a elegir, cuanto antes, dos magistrados para renovar el Constitucional. Pero estos consejeros sí que han hablado entre ellos en los últimos días y, de esas conversaciones, según fuentes consultadas, queda claro que rechazan frontalmente la propuesta socialista. Algunos vocales están dispuestos incluso a boicotear el plan del Gobierno impidiendo que haya el quórum necesario para las votaciones o que alguno de los candidatos obtenga la mayoría necesaria, aunque otros consejeros consultados no se muestran, de entrada, partidarios de este tipo de maniobras y prefieren esperar a ver si la reforma legal sale adelante en el Congreso y qué candidatos aspiran a las dos plazas en liza.

La crítica principal desde el CGPJ a la reforma legal es que el PSOE, para intentar revertir la mayoría conservadora del Constitucional, considere que los vocales actuales están legitimados para elegir magistrados del tribunal de garantías, a pesar de que el año pasado le retiró las competencias para designar cargos discrecionales con el argumento de que, al tener el mandato caducado, no debían influir en la configuración de la cúpula judicial para los próximos años. “No vale aprobar una ley diciendo que no estamos legitimados para una cosa, y, meses después, decir que sí lo estamos, pero solo para la parte que le interesa a ellos” señala un vocal conservador, que califica de “impúdica” la propuesta socialista.

La primera reacción oficial de este sector del CGPJ ha sido forzar al presidente del órgano, Carlos Lesmes, para que someta a votación en el orden del día del pleno del próximo jueves pedir al Congreso de los Diputados que recabe el informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la reforma propuesta. La norma que rige el funcionamiento del Consejo obliga al presidente a incluir en el orden del día cualquier petición formulada por cinco o más vocales, y esta la han firmado nueve (todos los propuestos por el PP menos Vicente Guilarte), por lo que Lesmes lo ha incorporado ya entre los temas que se tratarán en la próxima reunión. El CGPJ informa siempre de los proyectos de ley del Gobierno cuando se tramitan por de forma ordinaria, pero en este caso el PSOE pretende hacerlo por la vía de urgencia, lo que acorta los trámites y excluye la opinión del Consejo. El órgano, sin embargo, defiende que la Comisión Europea se ha mostrado partidaria de que las modificaciones legales que afectan al Poder Judicial se consulten con todos los sectores afectados.

Lo que los consejeros reclaman en su escrito es que las Cortes corrijan la reforma del año pasado, pero no en el sentido de devolver solo las competencias para elegir a los magistrados del Constitucional, sino a todos los cargos discrecionales que están vacantes en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. “Circunscribirlo únicamente al Constitucional es un desprecio absoluto al Supremo y al resto de órganos que están teniendo serias dificultades para funcionar”, sostiene un vocal. Los conservadores han pedido también que el Consejo se dirija a la Comisión Europea para informarle sobre la nueva reforma legal, lo que supondría la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se dirige oficialmente a la UE para quejarse por una actuación impulsada por el Gobierno. Ambos puntos se someterán a la votación del pleno, donde los nueve vocales que firman la petición necesitan convencer a otros dos consejeros para sacar adelante la iniciativa. La postura que adopte el propio Lesmes puede ser decisiva.

La aspiración del sector conservador del CGPJ es frenar el cambio legal que pretende el PSOE, pero, si no lo consigue, el órgano tendría el mandato de elegir a dos magistrados para el Constitucional. ¿Qué haría entonces el Consejo? Entre los vocales consultados no hay una respuesta unánime, aunque la respuesta mayoritaria es que el trámite se pondría en marcha, aunque no se sabe cómo acabaría. En cualquier caso, aseguran, la elección no sería rápida: primero, habría que sondear posibles candidatos, un proceso que suele llevar semanas y que, en condiciones normales, se hace con meses de antelación; este caso, al tener prohibida esa atribución, aún no se ha iniciado. Y la mayoría de vocales consultados aseguran que no lo harán hasta que la hipotética reforma legal esté aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El proceso, por tanto, no será tan exprés como aspira el Gobierno, señalan estas fuentes.

Los miembros propuestos por el CGPJ para el Constitucional suelen ser jueces del Supremo, por lo que lo habitual es que los propios vocales hablen con magistrados del alto tribunal para buscar aspirantes. Paralelamente, los consejeros mantienen entre sí conversaciones para consensuar nombres y, una vez que hay dos o más candidatos claros, se convoca el pleno y se someten los nombres a votación. A partir de aquí, si se llega a este punto, es donde los vocales discrepan sobre qué ocurrirá. Dependerá de los candidatos que aspiren al cargo y de si hay una mayoría partidaria de bloquear las votaciones.