Consejo General del Poder Judicial

El Poder Judicial se fractura por la reforma que le dejaría maniatado

15 vocales exigen ser consultados sobre la norma y otros cinco proponen dimitir todos

Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid el pasado enero.
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en Madrid el pasado enero.ANDREA COMAS

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva dos años con el mandato caducado, celebró este jueves uno de sus plenos más tensos, del que salió fracturado. Hubo más consenso para proseguir con los nombramientos que para fijar una posición sobre la proposición de ley del PSOE y Podemos que prevé impedir que una cúpula judicial en funciones, como la actual, siga designando altos cargos. Dieciséis de los 21 vocales instaron al Congreso a solicitar un informe del propio Consejo del Poder Judicial sobre la reforma legal. Los otros cinco vocales pidieron, en cambio, que el Consejo dimita en bloque para forzar su renovación.

El pleno de este jueves marcó un punto de inflexión en la trayectoria del gobierno de los jueces de mayoría conservadora elegido hace siete años. La división sobre cómo afrontar la proposición de ley que les dejaría maniatados, y que persigue presionar al PP para facilitar la renovación del Consejo, ha conseguido generar una división profunda en el CGPJ.

Sobre el papel, todos los vocales quieren ser renovados, para que no se siga incumpliendo la previsión constitucional que estipula que su mandato debe durar cinco años. Ahora, ya son siete los que lleva el actual Consejo. Pero las posiciones son irreconciliables en cuanto a la estrategia que debería emprenderse para esa renovación. La línea de fractura es muy visible ante la última iniciativa lanzada por los partidos de la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para privar a un Consejo caducado de funciones clave, como el nombramiento de cargos judiciales.

El pleno se dividió en dos bloques. Uno, de 15 vocales, mayoritariamente conservador aunque incorpora vocales de distintas sensibilidades, reclamó con contundencia ser oído durante la tramitación de la ley impulsada por el PSOE y Podemos para que un Consejo con el mandato caducado no pueda seguir decidiendo, sobre todo, el nombramiento de puestos clave de la magistratura. Este grupo es perfectamente consciente de que una proposición de ley no requiere informe alguno del Consejo, pero lo reclama a tenor del artículo 561.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el dictamen podrá pedirse siempre que el Gobierno o las Cortes “estimen oportuna” la consulta.

Se apoyan en el argumento de que una iniciativa de este tipo “afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente [al Consejo] en garantía de la independencia judicial”.

Otro grupo, formado por cinco vocales progresistas, presentó una propuesta alternativa en la que se contemplaba la dimisión en bloque del órgano de gobierno de los jueces, para forzar así su renovación, a partir del próximo 1 de enero. Esa propuesta fue rechazada por los 15 vocales restantes.

El cisma producido este jueves pone de manifiesto que si el Congreso atiende la exigencia del Poder Judicial, y le pide un informe sobre la reforma, será muy difícil que el CGPJ sostenga una única opinión. Claramente, la mayoría que reclama informar sobre la proposición de ley lo hace para manifestarse en contra de ella.

El comunicado aprobado este jueves por los 15 vocales destila afán crítico contra la iniciativa. Se dice, por ejemplo, que “la trascendencia constitucional” de la proposición y “la exigencia” de que respete el derecho de la Unión Europea “demandan” que “deba tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados”, empezando por “el propio Consejo y por la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho [o Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa]”. Las consultas, se añade, deberían extenderse a las asociaciones de jueces, fiscales, sindicatos del sector justicia y comunidades autónomas.

Dictamen europeo

La declaración aprobada relega a un cuarto punto del comunicado el acuerdo de “instar” a los grupos parlamentarios a la renovación del Consejo, “como se viene exigiendo desde esta institución”. Pero los tres puntos anteriores se dedican a la reclamación de ser objeto de consulta “con fundamento en la defensa de la posición constitucional que el Consejo tiene en nuestro estado de Derecho como garante de la independencia judicial”, y que también se pida un dictamen a la citada comisión europea y “a todos los agentes afectados”. Y en un quinto punto se plantea “dar traslado” de todas estas reclamaciones a la Red Europea de Consejos de Justicia “a los efectos oportunos”. Es decir, se busca el rechazo a la iniciativa de PSOE y Unidas Podemos a escala europea.

El CGPJ ha decidido batirse contra la reforma, pero no ha conseguido un cierre de filas. Muy al contrario, el texto alternativo propuesto por los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda es claramente crítico con la estrategia de la mayoría. Este voto, redactado por Álvaro Cuesta, subraya en obvia alusión al PP que “obstaculizar” la renovación del Consejo “es un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones”, de un modo “artero e irresponsable”.

La diferencia, en suma, no es solo de matices y énfasis. La mayoría del Consejo se posicionó este jueves contra la iniciativa del PSOE y Podemos para forzar la renovación, mientras que la minoría querría provocarla con carácter inmediato y sin pasar por alto dónde considera que están las culpas del deterioro institucional que provoca la estrategia de la oposición. La fractura es palmaria. Frente al intento de cambiar las reglas del juego sobre las competencias de un Consejo caducado, la cúpula judicial aparece rota. Es obvio que el CGPJ no tiene una única receta sobre cómo se defiende mejor la independencia del Poder Judicial y sobre quiénes son realmente los que la amenazan.

Más nombramientos con un alto consenso

El Consejo General del Poder Judicial siguió este jueves ejerciendo una de sus funciones, el nombramiento de altos cargos de la magistratura. La misma función que quiere prohibir la reforma legal que se tramita en el Congreso. El gobierno de los jueces desoye el deseo del Ejecutivo de coalición, quien considera que no se deberían hacer estas designaciones cuando el Consejo tiene caducado su mandato desde hace ya más de dos años. Esta convicción ha llevado a dichos partidos a poner en marcha una modificación de la ley que regula el funcionamiento del CGPJ.

Los vocales que aprueban los nombramientos justifican sus decisiones en que la ley vigente en modo alguno limita la capacidad de los vocales para decidir nombramientos una vez concluidos los cinco años de su mandato. Y subrayan que la falta de acuerdo entre los partidos para la renovación no puede paralizar las actividades del Consejo ni impedir las designaciones legalmente procedentes.

El CGPJ nombró este jueves al magistrado José Pablo Aramendi Sánchez presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Ha obtenido 17 votos de los 21 del pleno. La también candidata Emilia Ruiz-Jarabo Quemada ha obtenido un voto. En blanco han votado los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Destinado en el Juzgado de lo Social 33 de Madrid desde 1992, Aramendi Sánchez ingresó en la carrera judicial en 1990 por el turno de juristas de reconocida competencia. Por su labor al frente de este órgano judicial, recibió el reconocimiento del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes en 2015 y la felicitación, hace unos meses, del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Entre 1990 y 1992, sirvió en el Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca y, desde abril de 2014 hasta abril de 2015, estuvo destinado en comisión de servicios con relevación de funciones en la sala de la que ahora ha sido nombrado presidente.

María José Renedo Juárez fue elegida presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; David Ordóñez Solís, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y Joaquín González Casso, presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos ellos obtuvieron 18 votos. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda votaron en blanco, como ya hicieran en el anterior pleno, en señal de disconformidad con el hecho de que las designaciones del Consejo prosigan cuando el pasado día 4 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces rebasó los dos años de gestión con su mandato caducado.

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