El Poder Judicial pide ser consultado sobre la reforma legal que impulsa el Ejecutivo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por 16 votos a cinco un comunicado en el que pide ser consultado sobre la reforma legal que le impediría realizar nombramientos con el mandato caducado. El texto reconoce la legitimidad de la iniciativa de los partidos que han propuesto la iniciativa (PSOE y Unidas Podemos), pero solicita que su voz sea escuchada por el Congreso durante la tramitación de la ley, pese a no ser éste un trámite obligado cuando se trata de una proposición de ley, y no de un proyecto de ley. Los cinco votos en contra han elaborado otro documento en el que proponen que todos los vocales del Consejo dimitan el próximo día 1 de enero para forzar la renovación. El comunicado mayoritario pide, en cambio, que la renovación se lleve a cabo sin suscribir la iniciativa de la dimisión colectiva.

El acuerdo aprobado por el Consejo consta de cinco puntos, los dos primeros de los cuales instan al Congreso a que solicite un informe del CGPJ sobre la ley y a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. El máximo órgano del Poder Judicial resalta la “necesidad” de dar audiencia “a todos los agentes afectados por la reforma propuesta” e insta a los grupos parlamentarios en Congreso y Senado a renovar el CGPJ.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Carmen Llombart, José María Macías, Enrique Lucas, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra. El primero ha anunciado la formulación de un voto particular al que se adherirán los otros cuatro.

El CGPJ ha seguido este jueves con su política de nombramientos de altos cargos de la magistratura, desoyendo las exhortaciones del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, que consideran que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer estas designaciones cuando tiene caducado su mandato desde hace ya más de dos años. Esta convicción ha llevado a dichos partidos a poner en marcha una modificación de la ley que regula el funcionamiento del Consejo.

Fuentes del Consejo han justificado sus decisiones en que la ley vigente que regula el funcionamiento de la cúpula judicial en modo alguno limita la capacidad de los vocales para decidir nombramientos una vez concluidos los cinco años de su mandato. En dichas fuentes se subraya que la falta de acuerdo entre los partidos para la renovación pendiente no puede paralizar las actividades del Consejo ni impedir las designaciones legalmente procedentes.

En consecuencia, el CGPJ ha nombrado al magistrado José Pablo Aramendi Sánchez como presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Ha obtenido 17 votos de los 21 del pleno. Sucede en el cargo a Ricardo Bodas tras su nombramiento como magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Pablo Aramendi ha obtenido 17 votos de los 21 del pleno. La también candidata Emilia Ruiz-Jarabo Quemada ha obtenido un voto. En blanco han votado los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Destinado en el Juzgado de lo Social 33 de Madrid desde 1992, Aramendi Sánchez ingresó en la carrera judicial en 1990 por el turno de juristas de reconocida competencia. Por su labor al frente de este órgano judicial, recibió el reconocimiento del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes en 2015 y la felicitación, hace unos meses, del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Entre 1990 y 1992, sirvió en el Juzgado de lo Social número 1 de Cuenca y, desde abril de 2014 hasta abril de 2015, estuvo destinado en comisión de servicios con relevación de funciones en la sala de la que ahora ha sido nombrado presidente.

El Consejo también ha elegido a María José Renedo Juárez como presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, con sede en Burgos; a David Ordóñez Solís como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias; y a Joaquín González Casso como presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos ellos han obtenido 18 votos. Los vocales Álvaro Cuesta, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda también han votado en blanco en esta ocasión, como ya hicieran en el anterior pleno, en el que se produjeron asimismo nombramientos, en señal de disconformidad con el hecho de que las designaciones del Consejo prosigan cuando el pasado día 4 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces rebasó los dos años de gestión con su mandato caducado.