El PP exige al Gobierno retirar su reforma exprés de renovación del Constitucional para negociar el Poder Judicial

Después de dar por rotas el viernes pasado las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el PP retrocede. Los populares aseguran seguir dispuestos a negociar el desbloqueo del órgano de Gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace más de tres años, pero piden al Gobierno que rectifique sus planes para intentar renovar cuanto antes el Tribunal Constitucional. El PP reclama al Ejecutivo bien que retire su reforma exprés que permite al CGPJ nombrar a los magistrados del Constitucional, o bien que la amplíe para permitir al órgano hacer todos los nombramientos que están pendientes, no solo los del tribunal de garantías, lo que implicaría en realidad que el Ejecutvio se rectificase a sí mismo por completo. No obstante, incluso aunque eso no suceda, la dirección popular “no descarta” presentar una propuesta de acuerdo sobre el CGPJ en las próximas semanas.

El PP se resiste ahora a dar por rotas las conversaciones, como hizo Alberto Núñez Feijóo el viernes pasado, después de que el PSOE registrara por el procedimiento de urgencia una proposición para reformar un artículo, el 570 bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de facilitar la renovación inmediata, antes del verano, del Tribunal Constitucional (TC), logrando que la mayoría pase a ser del sector progresista. Los socialistas justificaron esas prisas ante la “imposibilidad” de cerrar un pacto con el PP para acordar la renovación, con quien sostienen que realmente no han existido todavía conversaciones a fondo a pesar de que Feijóo lleva ya cuatro meses ejerciendo como líder de la oposición. El Constitucional tiene que decidir pronto sobre asuntos de calado como el recurso del PP a la ley del aborto, y ahora tiene una mayoría conservadora que no se corresponde con la composición del Parlamento.

Los populares acusan al Gobierno de querer “controlar” el Constitucional por reformar la ley solo para que el CGPJ pueda renovar este tribunal y no el resto, aunque al mismo tiempo reconocen que el Ejecutivo está en su derecho de nombrar a los magistrados del TC que le corresponden, como han hecho todos los Gobiernos en democracia, también los del PP. No obstante, el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha insistido en que ante ese movimiento de La Moncloa “la sospecha de que hay una maniobra de control [del TC] es bastante sólida”. No solo sobre el Constitucional, ya que González Pons ha hablado de un “asalto institucional” general por parte de Pedro Sánchez, que asegura que afecta también a organismos como el CIS, el INE e Indra.

El PP sostiene de que estaría “legitimado” para romper las conversaciones sobre el CGPJ después del movimiento “unilateral” del Gobierno sobre el Constitucional, pero no lo va hacer, aunque el viernes dio a entender que sí. “Tenemos más sentido de Estado que el Gobierno de España. Somos más reponsables que el Gobierno de España”, ha asegurado González Pons en rueda de prensa en Génova. Por tanto, el siguiente paso es exigirle una rectificación para seguir hablando; “Ofrecemos al Gobierno que retire la reforma de la ley por la cual permite al CGPJ elegir magistrado del TC, o que amplíe esa intención y derogue completamente la reforma por la cual impidió al CGPJ hacer nombramientos. Y volvemos a hablar”, ha precisado el dirigente del PP.

Los populares vuelven, por tanto, al ruedo de la negociación. La dirección del PP siente la presión de la carrera judicial para que se renueve de una vez el Poder Judicial, y por eso admite que aunque el Gobierno no satisfaga sus condiciones es posible que presenten también su propuesta de acuerdo en las próximas semanas. El bucle por la negociación fallida sobre el Poder Judicial no ha terminado, pero el PP no quiere ser el primero que se levante de la mesa.