El rechazo del PP complica la reforma exprés del PSOE para renovar el Constitucional

El PSOE ha registrado este viernes por el procedimiento de urgencia, y sin tenerla pactada previamente con ningún grupo, su proposición para reformar un artículo, el 570 bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de facilitar la renovación inmediata, antes del verano, del Tribunal Constitucional, logrando que la mayoría pase a ser del sector progresista. Los socialistas justifican esas prisas ante la “imposibilidad” de cerrar un pacto con el PP, ahora dirigido por Alberto Núñez Feijóo, para acordar la renovación. El líder popular ya ha avanzado que rechaza ese cambio exprés y de parte que, ha advertido, supone una ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y ha sostenido que el Gobierno lo que pretende es “controlar el Constitucional”, un tribunal que debe abordar de inmediato varios recursos a leyes de la máxima relevancia, como la del aborto. El Gobierno le ha respondido con indignación: “Feijóo no puede dar por rotas unas negociaciones que no existen”, ha afirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El presidente, Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha acusado al PP de estar en “rebeldía institucional” al mantener bloqueados esos órganos desde hace 36 meses.

La propuesta registrada este viernes por el PSOE supone deshacer parcialmente otra reforma previa que ese partido impulsó y logró aprobar hace un año: la de prohibir al Poder Judicial realizar nombramientos de jueces mientras esté en funciones. Aquel intento ha mantenido al Consejo atado de pies y manos durante el último año, lo que ha derivado en una situación de precolapso (según ha denunciado el propio Poder Judicial) en algunas salas del Supremo, el tribunal más afectado. Ahora, la nueva reforma exprés de los socialistas implicaría mantener esa prohibición de hacer nombramientos, salvo en un caso: la designación de dos magistrados para el Tribunal Constitucional, que el PSOE quiere renovar de inmediato para acabar con su actual mayoría conservadora.

Alberto Núñez Feijóo ha recibido con un tremendo enfado este proyecto del PSOE y asegura que lo conoció por la prensa, tras adelantarlo en la noche del jueves eldiario.es y confirmarlo EL PAÍS. El líder popular considera que este movimiento de los socialistas “rompe cualquier tipo de puente para seguir negociando” la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “Tenemos la sensación de que el Gobierno no quiere negociar nada”, se ha quejado en una entrevista en Telecinco. “¿Cómo vamos a apoyar un cambio en el que el Gobierno parece ser que ya no le interesa negociar el Poder Judicial?”, avisó.

“Actuar con resaca de las andaluzas”

En el PP precisan que los canales de comunicación establecidos entre Pedro Sánchez y Feijóo en su conversación bilateral en La Moncloa sobre este asunto se mantenían abiertos hasta la noche del jueves, y que los contactos entre los interlocutores de ambos partidos se pararon el miércoles de la semana pasada por las elecciones del 19-J y para cerrar sus conservaciones con los sectores judiciales implicados, con la idea de retomarlos a partir de esta semana. Estas fuentes acusan al Ejecutivo de “actuar con resaca de las elecciones andaluzas” para provocar una “distracción mediática y un error democrático que complica las relaciones entre los partidos”. El PP subraya que para “este viaje” el PSOE no dispone del apoyo de Podemos ni el suyo e interpreta la acción como otra “amenaza a la separación de poderes” para mandar sobre el Constitucional igual que con la Fiscalía.

Félix Bolaños, principal responsable de la estrategia del Ejecutivo en este asunto, ha contestado indignado al líder de la oposición: “Señor Feijóo, deje de mentir. No había ninguna mesa de negociación, lleva usted sin sentarse más de 80 días, desde que es presidente del PP. Todos los días mareando la perdiz para incumplir la Constitución, que es lo que hace cada día el PP, bloqueando el Poder judicial”. “Nunca se ha sentado, todo han sido excusas”, ha insistido.

Unidas Podemos ha asegurado también que se ha enterado por la prensa de esta iniciativa y no la suscribe por ahora, aunque aún no ha decidido qué votará. El PSOE insiste en que el asunto se había “hablado” internamente en el Gobierno con su socio, aunque no estaba pactado. Bolaños sostiene que el Ejecutivo podría haber nombrado directamente a los dos magistrados del Constitucional que le correspondían, pero añadió que como eso “generaba debate” ―el presidente del Constitucional lo rechazaba por ser dudoso desde el punto de vista jurídico― se ha optado por esta fórmula, que en su opinión es “impecable jurídicamente”.

Todo indica, sin embargo, que no será fácil que la proposición salga adelante, porque se trata de una iniciativa unilateral del PSOE sin contar con sus aliados y con el PP, Ciudadanos y Vox totalmente en contra. La modificación de una ley orgánica como la del Poder Judicial requiere mayoría absoluta del Congreso: los socialistas intentarán buscarla entre sus socios habituales en el Parlamento, con el argumento de que gracias a esta reforma se podrá renovar el Constitucional y cambiar la mayoría, de conservadora a progresista. Saldrían tres magistrados conservadores y un progresista y entrarían tres progresistas y un conservador, con lo que la mayoría de 7-5 se invertiría y se tornaría progresista para varios años.

Los populares se habían comprometido a enviar al Gobierno una propuesta sobre el Consejo del Poder Judicial en el plazo de un mes tras las elecciones andaluzas del 19-J, y fuentes de la dirección del PP aseguran que esta semana próxima iban a tener preparado ya ese documento. Recalcan que el Ejecutivo no les ha contestado tampoco a su oferta de un pacto sobre la OTAN ni a su plan económico de bajada de impuestos.

Las conversaciones entre Bolaños y Esteban González Pons, vicesecretario Institucional y de Justicia del PP, se habían interrumpido durante la campaña electoral andaluza tras varios intentos frustrados anteriores del Gobierno con la dirección de Pablo Casado. Pero fuentes oficiales del PP aseguran que González Pons no conocía esta última reforma impulsada ahora por sorpresa por el Gobierno.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha explicado así este viernes la razón de ser de la iniciativa: “Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el PP porque el PP no acata el mandato constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que ya afecta a la renovación del Tribunal Constitucional, optamos por esta proposición para poder desbloquearlo lo antes posible y que se pueda nombrar a los dos magistrados del Constitucional y tengan un correcto desempeño de sus funciones”. La intención del PSOE, una vez registre la proposición por la vía de urgencia, es que se apruebe en un pleno extraordinario del Congreso en julio, se remita con trámite exprés al Senado y se publique en el BOE y entre en vigor cuanto antes, si es posible antes de las vacaciones de verano.

Podemos y otros socios

Los socialistas han comunicado su intención a su socio en la coalición, Unidas Podemos, pero Gómez señaló que espera sumar más respaldos: “Sí confiamos en contar con el mayor apoyo posible toda vez que es un ejercicio de responsabilidad cuanto antes poner en funcionamiento el Constitucional”, ha dicho. Fuentes de Unidas Podemos afirman que quieren conocer al detalle la proposición firmada solo por los socialistas, pero que su posición, en principio, es que se deben renovar por completo todos los cargos constitucionales, no solo una parte.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha sido igualmente muy duro contra el Gobierno, al que ha tildado de “totalitario” y ha acusado de “no creer en las instituciones”. “Es un autócrata que quiere controlarlo todo”, ha dicho del presidente Pedro Sánchez.

Otros aliados habituales del Ejecutivo, no obstante, no ven del todo mal esa respuesta. El PDeCAT, que cuenta con cuatro escaños clave, acepta que “tanta reforma y contrarreforma de la ley del Poder Judicial no es lo ideal”, pero avanza que cuando el Gobierno les contactó en la noche del pasado miércoles para explicársela ya le respondieron que la veían “con buenos ojos dada la situación de bloqueo institucional que existe en la actualidad” y porque un órgano como el Constitucional “no puede estar bloqueado tampoco”. Otras formaciones, como PNV, ERC o EH Bildu, optaron este viernes por mantenerse a la espera para reaccionar, aunque ya llevan muchos meses ratificando que los cargos constitucionales deberían actualizarse según los mandatos establecidos.

El portavoz socialista apuntó varias veces a la responsabilidad del principal partido de la oposición. Gómez emplazó al PP a que “de una vez por todas se sienten a negociar y renovar el Poder Judicial después de tres años de bloqueo”. El sector socialista del Gobierno sostiene que esa actuación de su grupo parlamentario al registrar la propuesta de forma unilateral no debe alejar el pacto con el PP. “Todo lo contrario, lo que queremos es dar normalidad al funcionamiento del ámbito judicial, en este caso del Constitucional, y es un ejercicio de máxima responsabilidad”, enfatizó Gómez. Y agregó: “No podemos seguir esperando sine die por el PP y que esté en su mano y en su voluntad el funcionamiento de los tribunales en este país y en este caso del Constitucional”.