Feijóo exige a Sánchez “un gesto” hacia su bajada de impuestos para negociar el Poder Judicial

Al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no le agradan en las negociaciones ni las líneas rojas ni la imposición de condiciones, pero querría observar algún tipo de “gesto” del presidente, Pedro Sánchez, en relación a su plan alternativo de bajada de impuestos para encarar esta crisis por la guerra en Ucrania antes de ponerse a resolver el atasco en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Feijóo ya le anunció a Sánchez, en su entrevista bilateral de la semana pasada, que le enviaría su propuesta fiscal, con el plato fuerte de la rebaja “inmediata y temporal” en el IRPR y ese ha sido el primer trabajo que ha encargado a su equipo económico, encabezado por el vicesecretario y consejero andaluz, Juan Bravo. Se ha comprometido a entregar ese documento tras la Semana Santa. Juega con la baza de que no le parece “nada prioritario” ni beneficioso para el PP desencallar el Poder Judicial y entiende que es al Gobierno al que le “aprieta” ese problema.

Feijóo y sus colaboradores se quedaron muy sorprendidos por cómo transcurrió la entrevista de tres horas en La Moncloa con Sánchez y, sobre todo, por cómo se abordaron los asuntos a discutir. Les llamó la atención que el jefe del Ejecutivo empezase la charla hablando del Consejo del Poder Judicial, le dedicase en este complejo e incierto contexto internacional en plena invasión rusa de Ucrania tanto tiempo a ese asunto y resolviese en apenas los 15 minutos finales su negativa a aceptar una bajada ahora de más impuestos y en particular del IRPF. Sus intereses eran justo los contrarios. Y así lo hicieron saber.

Feijóo, sobre la solución al bloqueo desde hace ya casi tres años y medio del gobierno de los jueces, solo se comprometió a retomar cuanto antes los contactos interrumpidos hace un año con la anterior cúpula de su partido. Eso sí, avanzó, en su propia comparecencia en La Moncloa, que querría por parte del Ejecutivo que aceptase a cambio estudiar posibles soluciones legales y normativas para conceder más influencia y poder de decisión que ahora a los jueces a la hora de seleccionar futuros consejos. No precisó si esa idea era una condición inexcusable y paralela a la renovación del órgano actual, como sí requerían el anterior líder, Pablo Casado, y su último negociador, Teodoro García Egea. Feijóo, de hecho, no ha discutido aún el asunto con su nuevo comité de dirección. No está entre sus preocupaciones o decisiones urgentes, que empiezan a acumulársele.

En la cita con Sánchez, Feijóo ni siquiera le pudo precisar quiénes serían ahora los nuevos negociadores del PP. No lo tenía claro y sigue sin descifrarlo. Al principio pensó en encargarle también ese cometido a la nueva secretaria general, Cuca Gamarra, porque ya dominaba los pormenores de esa negociación en la anterior etapa en su condición de portavoz parlamentaria. Más tarde ha sopesado la posibilidad de encomendar ese trabajo al vicesecretario institucional, Esteban González Pons, que es uno de sus colaboradores ahora en la cúpula nacional de más confianza, amigo, y al que se ha integrado en su cartera los asuntos de Justicia, Interior y Defensa, además de las relaciones exteriores e institucionales.

Los contactos, al menos formalmente y para negociar esa cuestión, no han comenzado. Los portavoces parlamentarios del PP y del PSOE sí han hablado, pero para temas de trámite en el Congreso y han postergado una reunión para después de las vacaciones de Semana Santa, porque hay varios de los asuntos previstos en la agenda bilateral que estaban más que hablados, pactados y podrían definirse ahora en pocos días: el voto rogado, la sustitución en el artículo 49 de la Constitución del término disminuido por discapacitado y hasta la reincorporación del PP al Pacto Antitransfuguismo, que abandonó por cómo se catalogó y cuestionó oficialmente su comportamiento en la moción de censura frustrada de Murcia.

En el Ejecutivo se da por hecho que su interlocutor seguirá siendo el ministro de Presidencia. Varios miembros del Gabinete ya han avanzado que no piensan modificar la actual ley orgánica del Poder Judicial con la que se selecciona a los 20 vocales del consejo porque ese proceso ya se inició y con ese método se examinaron y escogieron con nombres y apellidos a los 10 consejeros de entre más de 50 jueces que se presentaron pactados por esos partidos. PP y PSOE tenían pendiente consensuar la relevante figura del nuevo presidente y si cedían alguno de sus vocales para juristas impulsados por otras formaciones con las que mantienen buenas relaciones políticas.

El problema de la indecisión de Feijóo sobre el modelo del Poder Judicial parte de que no es un tema que la parezca prioritario ahora y le gustaría conocer sus detalles más a fondo. Quiere estudiarlo más y compartir más criterios. Está a favor de cumplir las obligaciones y mandatos constitucionales e institucionales, pero sin precipitarse. El nuevo PP también pretende que se modifique la ley del Poder Judicial, en línea con lo que marcan las directrices europeas para dar más papel a los jueces, pero ya no es una exigencia previa. “El consejo de los jueces es un asunto que le aprieta más al Gobierno y a nosotros nos apremia más la economía”, señala un componente de la nueva dirección, que pide “un gesto” en ese sentido hacia su plan de bajada de impuestos y recuerda que al Ejecutivo le interesa mucho que ese órgano se renueve antes de junio, cuando deben cubrirse también cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, dos a propuesta del Gobierno y dos del consejo, que darían un vuelco al perfil conservador del más alto tribunal, que tiene asuntos de la máxima relevancia por dilucidar.