Sánchez sopesa cambiar la ley para renovar el Poder Judicial sin el PP

El Gobierno sopesa dar un golpe de mano en el pulso con el Poder Judicial. La decisión de Carlos Lesmes, su presidente, de seguir adelante y nombrar cargos clave, en especial nuevos miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, es la gota que ha colmado el vaso: el Ejecutivo intentó frenar esos nombramientos, pero ha fracasado. Y ahora, ante la evidencia de que va a ser muy difícil pactar la renovación con el PP, La Moncloa se plantea dar un golpe de timón y poner sobre la mesa una reforma legal que permita elegir un consejo nuevo —o al menos una parte de él— sin el concurso del principal partido de la oposición. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para desbloquear la renovación del consejo es la posición de Unidas Podemos desde hace tiempo, pero ahora la parte socialista del Gobierno también parece dispuesta a abordar ese espinoso asunto. La decisión no está tomada, y corresponde a Pedro Sánchez, porque implicaría una guerra abierta con el PP y con sectores conservadores de la justicia, pero ya está encima de la mesa, según aseguran a este diario varias fuentes del Ejecutivo.

Las fórmulas legales para abordar esa reforma ya han sido estudiadas varias veces y requerirían una mayoría absoluta del Congreso, algo factible pero nunca sencillo. Otros sectores prefieren esperar a ver si se puede convencer al PP, pero esta opción es considerada cada vez más difícil después de la negociación fallida de agosto y el enroque de Pablo Casado en las últimas semanas. La maquinaria legal está lista a falta de que Sánchez tome la decisión.

Unidas Podemos y algunos sectores del PSOE presionan cada vez con más fuerza en esa línea. Los más reacios a esta decisión de calado se han ido quedando sin argumentario. La última baza, que trasladaron a los que presionaban para pasar a la acción, era que había que esperar a ver si finalmente el llamado bloque progresista del CGPJ, que en teoría tiene nueve miembros que podrían paralizar todas las decisiones, podía impedir que Lesmes siguiera adelante con su decisión de nombrar puestos clave en el Supremo pese a llevar casi dos años fuera del plazo de renovación. Este miércoles era el día, y según la interpretación de algunos destacados representantes de este sector, ha quedado demostrado que no existe tal bloque progresista dentro del Poder Judicial: no actúa ni unido ni en el sentido que le gustaría al PSOE, a Unidas Podemos y al Gobierno. Solo dos de los supuestos nueve vocales progresistas se negaron este miércoles a votar los nuevos nombramientos.

Este resultado demuestra que el Gobierno de Sánchez no tiene ninguna influencia real sobre el Consejo General del Poder Judicial, que obedece a otro momento político y a otra mayoría —se nombró cuando el PP tenía la absoluta tanto en el Congreso como en el Senado—, y ha terminado de decantar políticamente la situación, según el análisis de varios ministros y dirigentes del PSOE. Gana así enteros el flanco que está a favor de modificar la ley con mayoría absoluta para poder renovar al menos los 12 vocales del cupo de jueces, cuyo sistema de elección no está claramente fijado por la Constitución con una exigencia de tres quintos del Congreso y Senado.

El Ejecutivo ha dado sobradas muestras de su indignación con Lesmes: no solo porque ha decidido seguir adelante con los nombramientos en contra del criterio del Gobierno, que entiende que debía mantener la presión para que el PP se avenga a renovar un órgano que lleva casi dos años en funciones, sino por el episodio de la última semana con la ausencia del Rey en la entrega de despachos de nuevos jueces en Barcelona. La decisión de Lesmes de dar a conocer la llamada de Felipe VI en la que le decía que le habría gustado estar allí, (que llevaba implícita una crítica indirecta al Gobierno por no haberle permitido acudir) generó dos tipos de reacciones en el Ejecutivo. Los miembros de UP se lanzaron rápidamente contra el Rey. Pero los socialistas, que defienden siempre el pacto constitucional y por tanto la Monarquía, se lanzaron contra Lesmes, a quien acusan de haber magnificado un asunto que podría haber quedado en nada si él hubiera tenido otra actitud. La cuestión se ha convertido en el eje del discurso de la oposición de estos días y este miércoles provocó duros enfrentamientos en el Congreso.

En el Ejecutivo también hay autocrítica, y creen que se podría haber gestionado mejor la polémica para que no creciera tanto, pero sobre todo miran a Lesmes como principal responsable de un desaguisado que ha generado una tensión inédita entre el Gobierno y la Casa Real. Estas situaciones están terminando de decantar la decisión hacia una intervención decidida —y no poco polémica— con un cambio de ley para poder renovar ya el Poder Judicial. Pero esa medida aún está en el aire. Mientras en Unidas Podemos lo tienen muy claro, algunos ministros del PSOE insisten en que sería mucho mejor que el PP aceptara renovar órganos clave como el CGPJ, el Constitucional, RTVE o el Defensor del Pueblo. Si Sánchez llega a la conclusión de que ese acuerdo con Casado es imposible la reforma se precipitará, señalan las mismas fuentes.

La propuesta de Podemos

Una posibilidad sería reformar la ley para cambiar el modo de elección de los vocales, lo que podría atraer el voto de partidos como Cs y facilitar “mayorías parlamentarias” alternativas, la opción por la que se decantó públicamente Sánchez hace unas semanas. Con todo, los 210 votos necesarios en el Congreso para renovar el consejo son justo la suma de todos los diputados del pleno sin contar con el PP (88 escaños) y Vox (52), lo que hace casi imposible la operación.

La alternativa por la que apuesta la mayoría va en la línea de la propuesta que lleva semanas ultimando Unidas Podemos: un cambio legal de calado que impida al PP seguir bloqueando la renovación. La reforma que proponen los socios de Gobierno tiene dos patas fundamentales. La primera, el cese de los vocales y el presidente del consejo cuando se cumplan los cinco años de su mandato, una medida que se aplicaría con efecto retroactivo al consejo vigente. La segunda, que para elegir a los 12 vocales del cupo de jueces no hagan falta tres quintos de los votos de las Cámaras sino mayoría simple, lo que facilitaría la renovación sin el PP.