La renovación del Constitucional, primer paso hacia una mayoría progresista en el tribunal

El Constitucional ha dado con el reciente pacto entre el Gobierno y el PP el primer paso para un cambio de mayorías en el tribunal, en favor del sector progresista, hasta ahora minoritario. El acuerdo para desbloquear la renovación pendiente desde hace un año y medio ya va a suponer un cierto reequilibrio, pero el giro para cambiar la actual mayoría conservadora, y con ello la dinámica de la institución, llegará en junio del año próximo, si en esa ocasión los relevos pueden llevarse a cabo sin impedimentos en los plazos previstos por la Constitución.

En esta última fase, el Constitucional ha funcionado claramente escorado a la derecha. Lo reflejan los resultados más habituales de las votaciones, con predominio del sector conservador por siete votos frente a tres de la minoría progresista, aunque es verdad que con oscilaciones según la naturaleza de los recursos. El presidente saliente, Juan José González Rivas, por ejemplo, ha apoyado al bloque progresista en su negativa a anular los decretos del estado de alarma, declarados finalmente inconstitucionales por seis votos a cinco en el primer caso y por seis a cuatro en el segundo, ocasión en que el bloque conservador recuperó el apoyo del magistrado Andrés Ollero.

Esta diferencia de resultados refleja en paralelo la ausencia de un voto, porque en el primer caso los registrados eran once, y en el segundo diez. Ello se debe a que en los plenos celebrados tras el verano, el tribunal no ha estado al completo de sus doce miembros naturales. La causa ha sido la baja del magistrado del sector conservador Alfredo Montoya, que se recupera de un ictus sufrido en agosto pasado. La baja de Montoya se ha sumado a la renuncia en octubre de 2020 del magistrado Fernando Valdés, cuya ausencia debilitó muy sensiblemente a la minoría progresista.

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Hay muchas cuestiones, además de las relativas a las medidas tomadas frente a la pandemia, que el tribunal habría resuelto de forma distinta a como lo ha hecho de haber prosperado las tesis del sector progresista, sobre todo en materia de derechos y libertades. Las alternativas a la ley de Seguridad Ciudadana o a la prisión permanente revisable —que en su día estaban en manos de Valdés— se encuentran en una ya larga lista de votos particulares del sector actualmente minoritario.

Con la renovación ahora pactada, el Constitucional contará transitoriamente con once magistrados, a la espera de la reincorporación de Montoya. Cuando el tribunal vuelva a estar al completo, con sus doce componentes, el sector conservador seguirá teniendo mayoría, pero esta vez por siete a cinco. Puede parecer una diferencia escasa, pero no lo es. La razón estriba en que si en alguna ocasión se produjera un empate a seis en la votación de una resolución, el voto de calidad, que decanta el resultado, corresponde al presidente. Y hasta su próxima renovación, el tribunal contará con un presidente del sector conservador.

Si se puede afirmar con rotundidad que este bloque mantendrá la presidencia es porque quienes deciden sobre a quién se encarga esta responsabilidad son los propios magistrados, en su primera reunión tras la renovación. En ese pleno, el bloque conservador seguirá teniendo el control de la situación si permanece unido, y su propósito es concentrar sus votos en un solo candidato. De hecho, si el PP ha accedido al pacto para renovar el Constitucional ha sido para recuperar la cohesión del bloque conservador, agrietado en alunas votaciones. En aras de ese objetivo de cerrar filas han sido propuestos candidatos como Enrique Arnaldo, muy próximo al actual presidente popular, Pablo Casado, y a la vez de ideología netamente conservadora, como Concepción Espejel.

La renovación va a suponer con toda probabilidad la llegada a la presidencia del magistrado Pedro González Trevijano, perteneciente al sector conservador y ponente de la sentencia que anuló el confinamiento del primer decreto del estado de alarma por haberse aprobado bajo el paraguas legal del estado de alarma, y no el del estado excepción. Trevijano formará de hecho un tándem con Arnaldo, con quien le une una estrecha amistad. Pero a la vicepresidencia del Constitucional accedería el magistrado progresista Juan Antonio Xiol. Un cambio relevante, porque el vicepresidente preside una de las dos Salas que componen el tribunal.

En el pasado, Trevijano y Xiol colaboraron en la búsqueda de posiciones compartidas en el Constitucional. Por ejemplo, en resoluciones en las que al comienzo del procés el tribunal abogaba por salidas dialogadas para la crisis. Más tarde, cuando ya se vio inevitable el choque de trenes, cada uno se alineó en función de sus afinidades. De hecho, Xiol ha encabezado todos los votos particulares que los condenados por el proceso independentista están utilizando ahora ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para sostener la tesis de que las penas que se impusieron a los líderes secesionistas fueron desproporcionadas.

Con la incorporación de los magistrados Juan Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, el sector progresista contará con cinco miembros, al sumarse a María Luisa Balaguer —que ha apoyado los votos en contra de las sentencias sobre el procés—, Cándido Conde-Pumpido, y Xiol, ya citado. Pero este grupo seguirá en minoría hasta que en junio próximo puedan producirse otros cuatro relevos, de los que dos corresponden al Gobierno y otros dos al Consejo General del Poder Judicial.

El Ejecutivo tiene intención de llevar a cabo en plazo los dos nombramientos que le corresponden. Pero no existen garantías de que llegara a efectuarlos sin dificultades, porque puede encontrarse con intentos de impedírselo si para entonces no se ha desbloqueado el Consejo General del Poder Judicial. El motivo reside en que la Constitución prevé que las renovaciones del Constitucional se harán por tercios cada tres años, es decir, con el relevo en cada caso de cuatro de los doce magistrados que componen el pleno. Si el Poder Judicial no ha recuperado para entonces su capacidad de realizar nombramientos, podría pretenderse que no se ha cumplido el mandato constitucional de la renovación por tercios, y tratar de cerrar el paso a las designaciones que corresponden al Gobierno.

En la comunidad jurídica se cree que el reciente pacto entre el Gobierno y el PP para renovar varias instituciones dará paso a otro que desatasque también el Consejo del Poder Judicial. Pero si no se alcanza este segundo acuerdo, es curiosamente el propio Constitucional el que tiene en sus manos el botón nuclear para hacer saltar todos lo diques por los aires. Ello se debe a que el tribunal de garantías tiene pendientes los recursos presentados por el PP y Vox contra la ley que impulsó el Gobierno para que el órgano de gobierno de los jueces no pueda proveer plazas vacantes mientras esté en funciones, como sucede ahora, en que lo está desde hace casi tres años. Los ponentes de estas resoluciones son los magistrados Xiol y Balaguer, nombrados a propuesta del PSOE.

Si el tribunal de garantías dicta sentencia tumbando la prohibición de los nombramientos, nada podrá oponerse a que en junio próximo se renueven otros cuatro magistrados del Constitucional, de modo que la institución inaugure una nueva etapa, no solo con una mayoría progresista, sino con un presidente del mismo sector. Los magistrados del bloque conservador Pedro González Trevijano y Antonio Narváez —nombrados por el Gobierno del PP— serían sustituidos por el Ejecutivo actual, mientras el Consejo del Poder Judicial propondría a un conservador y un progresista para las dos plazas que le corresponde proveer. El resultado, el mencionado siete a cinco a favor de los progresistas, que abriría una nueva etapa, muy distinta a la actual, en el Constitucional.