El pacto judicial entre el Gobierno y el PP enciende al resto de la oposición

El pacto alcanzado en apenas 24 horas entre el PSOE y el PP después de meses de bloqueo para renovar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (un tercio del pleno) y a los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, será refrendado este martes en la comisión de nombramientos del Congreso, pero con un amplio rechazo de todos los grupos nacionalistas y de la oposición de centroderecha (Ciudadanos) y ultraderecha (Vox).

El acuerdo, que permitirá mantener la actual mayoría conservadora en el Constitucional (siete magistrados elegidos a propuesta del PP, frente a cinco del PSOE), provocará la ausencia en la sala en señal de protesta del PNV y ERC. También la denuncia de la mayoría de los grupos parlamentarios hacia un reparto “alucinante”, “infame” y “obsceno”, que achacan a un bipartidismo ya superado. Las mayores críticas se dirigen al perfil nada independiente de Enrique Arnaldo, uno de los dos candidatos propuestos por el PP para el Constitucional.

El acuerdo sellado para renovar esos cargos institucionales entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se logró al final porque los dos partidos valoraron más la necesidad de poner fin a la inestabilidad en esos órganos del Estado con mandatos prorrogados hace meses que el continuar con el bloqueo partidista. Pero la cesión que se impusieron ambas formaciones de no aplicar en este caso ningún tipo de veto a los nombres propuestos ha supuesto de hecho la entrada de algunos perfiles muy controvertidos en esos organismos. Y en esta ocasión el punto de mira se ha fijado especialmente en el citado candidato propuesto por el PP.

El catedrático Enrique Arnaldo no solo se ha movido durante décadas en las cercanías del partido cuando estaba en el poder, sino que su despacho profesional ha recibido numerosos contratos de administraciones gobernadas por la formación conservadora y llegó a trabajar para el Gobierno de Baleares cuando lo dirigía el popular Jaume Matas o para el de Madrid, cuando lo controlaba Ignacio González. Entre 2003 y 2019 participó como ponente, coordinador o asistente en 153 seminarios o jornadas de trabajo de la FAES, la fundación que presidía el expresidente José María Aznar. Arnaldo, sin embargo, ha señalado a EL PAÍS que esa cercanía no comprometía su independencia.

Pero esto no es lo que piensa la mayoría de los grupos del Congreso, que no participaron del pacto para renovar las instituciones y que este martes están citados al examen parlamentario que ratificará la validez de los nombramientos. Las filas del PSOE y las de sus socios de Unidas Podemos no han digerido muy bien la trayectoria de Arnaldo, pero se ha optado por la teoría del bien mayor: facilitar el recambio de esos cargos y subrayar así que el PP esgrime la necesidad de aspirantes políticamente independientes para continuar atascando el Consejo General del Poder Judicial mientras recurre a candidatos más que afines para el Constitucional, donde están en juego varias leyes de máxima relevancia. No es solo Arnaldo. La otra aspirante del PP es Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y más que cercana a la ex secretaria general del partido Dolores de Cospedal.

El PNV no se presentará este martes en la comisión de nombramientos del Congreso, que debe examinar en teoría el nivel de los que se postulan para esos cargos. Y será “una ausencia premeditada por una posición política”, según fuentes oficiales de esa formación. Tampoco acudirán representantes de ERC. Y posiblemente de otros partidos. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha expresado estos días su enorme malestar con el “alucinante reparto en un plis plas” entre el PP y el PSOE y les ha emplazado a que expliquen esa solución a lo Juan Palomo “yo me lo guiso y yo me lo como” con la anuencia, dice, de la dirigente de Unidas Podemos, Yolanda Díaz. Esteban entiende así que participar en esa comisión sin conocer nada previamente de la razón de ser de esos aspirantes, es “un chiste”.

ERC tampoco se presentará en la sala. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha dejado claro hace meses que no creen ni en el Tribunal Constitucional ni en el Tribunal de Cuentas, que catalogan, por su persecución a los líderes del proceso independentista en Cataluña, como una “institución anacrónica y un chiringuito absolutamente alegal”.

Correveidile del PP

El portavoz de Junts, Josep Pagès, sí estará en la comisión, pero “para poner el acento no tanto en los nombres, que tampoco nos gustan, como en el procedimiento bipartidista del pacto y en cómo el PSOE se ha convertido así en el colaborador necesario de la degradación de esos nombramientos partidistas”. Pagès, además, no acaba de comprender “cómo el PSOE ha podido aceptar ser el mero correveidile del PP” ante las propuestas de Arnaldo y Espejel.

Los representantes del PDeCAT insisten en la queja contra el acuerdo rápido de los grandes partidos en temas de Estado “cuando les interesa” y sin tener en cuenta nunca la representación “de la España plurinacional ni el pluralismo democrático”. El PDeCAT también cree que “figuras como las de Arnaldo o Espejel no contribuyen a mejorar el prestigio de estas instituciones, y debilitan la separación de poderes”. EH Bildu también entiende que tanto Arnaldo como Espejel “deberían estar invalidados para esos cargos, uno por sus negocios con el PP y la otra por haber sido recusada en la investigación de Gürtel”. Bildu constata que históricamente el PP y el PSOE se han distribuido esas posiciones con personas cercanas ideológicamente, pero coincide que en esos dos supuestos el grado de vinculación “supera con creces lo aceptable”.

Más País tampoco apoya esta renovación. “Hemos acabado descubriendo cuál era realmente la exigencia para levantar el secuestro de los órganos constitucionales: nombrar a sus miembros como si las elecciones las hubiera ganado el Partido Popular”, señalan fuentes de esta organización. Y añaden: “Es obvio que un magistrado que ha cobrado casi un millón de euros de administraciones del PP no cumple el requisito de neutralidad. El Gobierno debe negociar con firmeza a partir de ahora: el poder judicial debe renovarse con magistrados independientes, no con fichajes de FAES”.

Desde la oposición de centroderecha y ultraderecha tampoco recibirán parabienes los aspirantes. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha descalificado el acuerdo “para colocar amigos” como “pacto malo, obsceno e infame” en el que solo ganan los separatistas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, incidió en la idea de que PP y PSOE son lo mismo: “Tienen la voluntad de gobernar juntos para que nada cambie”.