El Gobierno y el PP llegan a un acuerdo para renovar todas las altas instituciones salvo el Poder Judicial

El Gobierno y el PP han alcanzado un acuerdo este jueves para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos, según han confirmado fuentes de La Moncloa y del PP. El pacto ha dejado fuera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como querían los populares. El acuerdo se ha cerrado en menos de 24 horas tras dos reuniones y varias conversaciones entre el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Las negociaciones seguirán de forma discreta para buscar un acuerdo también en el órgano de gobierno de los jueces, pero de momento el pacto lo deja fuera.

El miércoles por la mañana, después de que Pablo Casado ofreciera a Pedro Sánchez renovar todas las instituciones salvo el CGPJ, Bolaños llamó a García Egea y encontró una disposición para reunirse de forma inmediata. El acuerdo era sencillo, porque ya estaba prácticamente cerrado en febrero, cuando el PP vetó al juez de Prada para el CGPJ y todo se truncó. “Si quieres nos vemos esta misma tarde”, le dijo García Egea a Bolaños. Y así lo hicieron. Se vieron en el Congreso a última hora de la tarde, y en unas pocas horas el pacto estaba enfilado. Los términos son los de febrero: reparto equitativo en el Constitucional, dos a dos -aquí hay que ver si de su cuota el PSOE cede uno a Unidas Podemos- que no cambia la mayoría conservadora y en principio cambio total en el Tribunal de Cuentas, donde el PP debería perder la mayoría que tiene, dada la correlación de fuerzas en el Congreso.

Pasadas las 22.00 del miércoles, después de esa primera reunión y algunas llamadas, se dio a conocer en un comunicado idéntico de los dos grupos que se habían reiniciado las conversaciones. Bolaños y García Egea se citaron de nuevo en el Congreso esta mañana para rematar el pacto. Y lo lograron muy fácilmente, al volver sobre la senda trazada en febrero. Los nombres, que ya están prácticamente cerrados, no se han querido dar a conocer de momento oficialmente, pero fuentes socialistas sí dan por hecho que habrá que mantener o superar la presencia actual de mujeres en el Constitucional -solo hay dos de 12, y una de ellas, Encarnación Roca, está entre las renovadas en esta tanda- por lo que en los nombres elegidos tanto por los socialistas como por los populares debería haber juezas. Poco después de terminar la segunda reunión en el Congreso, se dio a conocer el acuerdo sin nombres también con otro comunicado idéntico, lo que muestra que la negociación ha funcionado bien. Y enseguida comparecieron tanto Bolaños como García Egea para celebrar el pacto.

La renovación de estas instituciones se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará previsiblemente la semana del 25 de octubre, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Los integrantes de estos órganos en la nueva etapa serán “de reconocido prestigio y de consenso”, y se darán a conocer en los próximos días, según el comunicado que han pactado ambas partes y que han hecho público de forma simultánea. En la nota oficial de La Moncloa se dice que el acuerdo es entre el PSOE y el PP, pero desde Unidas Podemos insisten en que es un pacto del Gobierno de coalición y los populares, y por tanto este grupo está incluido en ese acuerdo, aunque no haya negociado directamente. Por tanto este grupo tendrá representación en los nombres para renovar los organismos, según fuentes de Unidas Podemos, aunque nadie quiere de momento desvelar los posibles candidatos. Mientras, los populares aseguran que “este es un acuerdo PP-PSOE” y no quiere saber nada de Unidas Podemos.

Tanto Bolaños como García Egea se han felicitado por el acuerdo, aunque el ministro ha insistido en que el Gobierno lo que quiere ahora es que este acuerdo se extienda al CGPJ. El PP asegura que este pacto se produce porque Casado decidió tender la mano el miércoles en la sesión de control. “Esta vez la mano tendida de Casado fue recogida por Sánchez”, ha dicho García Egea, que sin embargo ha asegurado que mantienen su exigencia de cambiar el sistema de elección antes de renovar el Poder Judicial. En cualquier caso, García Egea ha dejado claro que las conversaciones continúan. “Todo es posible con voluntad y con intención de acordar y de ceder”, ha remarcado el número dos del PP en el patio del Congreso, tras un discurso conciliador en el que ha hablado de la “voluntad de consenso” del PP y de la “normalidad absoluta” de que “un partido de Gobierno y el líder de la oposición hablen”.

El PP, ha dejado claro García Egea, considera que esta renovación del CGPJ se tiene que hacer “con la norma vigente”, pero al mismo tiempo los populares quieren que se pacte un cambio de la ley para que la próxima renovación, cuando toque, se haga ya con un nuevo método de elección de los vocales, de forma que los jueces elijan directamente a 12 de los 20 vocales. El secretario general del PP ha subrayado que su partido quiere “garantías” de que la ley se cambiará, y fuentes de la dirección popular han explicado después que esas garantías pasan por “un cambio de la ley” que regula el método de elección del Poder Judicial, que se haga de forma “simultánea” al pacto para renovar el CGPJ. “Podría votarse en el mismo Pleno una cosa y la otra”, han especificado estas fuentes.

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Félix Bolaños considera factible extender el pacto con el PP para renovar el Poder Judicial

El acuerdo llega ocho meses después de la última intentona fallida, cuando socialistas y populares renovaron solo RTVE, dejando fuera todo lo demás por una discrepancia sobre los vocales que debían integrar el CGPJ; en concreto, por la elección del juez del caso Gürtel, José Ricardo de Prada, al que el PP vetó con el argumento de que no podía entrar por el turno de juristas por ser un magistrado en activo.

El Poder Judicial, el órgano más complejo de renovar y el más poderoso de todos, sigue, en cambio, más de mil días después, con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. Al final, el Gobierno ha aceptado la renovación parcial que ofreció el miércoles Pablo Casado a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso. El Ejecutivo quería un pacto global, pero ha terminado aceptando que se trocee, vistas las diferencias con el órgano de gobierno de los jueces.

El Gobierno ha entrado así en el camino marcado por el PP, con la intención de dejar muy claro que si no hay renovación es por el bloqueo de los populares, porque los socialistas estaban dispuestos a pactar, como se ha demostrado en un acuerdo que no ha costado ni 24 horas fraguar. En una llamada y dos reuniones se ha cerrado. El Gobierno confía ahora en que quede muy claro para la opinión pública que es el partido de Casado el que bloquea la renovación del Poder Judicial.

Bolaños y García Egea, que nunca rompieron sus puentes, seguirán ahora conversando de forma discreta para ver si es posible ese acuerdo. El problema aquí es que el PP exige que antes de cerrar la renovación el PSOE se comprometa a aprobar un cambio en el sistema de elección, y los socialistas se niegan porque creen que esa nueva fórmula, con más poder para los jueces y sus asociaciones, consolidaría una mayoría conservadora permanente en el Poder Judicial, voten lo que voten los ciudadanos. Los socialistas creen que si solo se pusiera encima de la mesa la negociación del propio órgano de gobierno de los jueces sería sencillo el acuerdo con un reparto de vocales de 10 a 10, que ya estaba muy avanzado en febrero, cuando la negociación fracasó por última vez.

Ahora el PSOE confía en que el tiempo y la situación cada vez más insostenible en tribunales estratégicos como el Supremo haga que el PP se replantee el bloqueo; y a la vez los populares confían en que el PSOE ceda con el cambio del sistema de elección. La rapidísima negociación del resto de organismos demuestra que basta un cambio en la voluntad política y todo se puede resolver en horas.