De Prada, el continuo objetivo a abatir por el PP

José Ricardo de Prada (Madrid, 1957), magistrado con 30 años a las espaldas en la Audiencia Nacional, se sienta solo en un banco de la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso. Mira a Carlos Rojas, diputado del PP, y le contesta contundente:

—Mi independencia es algo que queda absolutamente acreditado a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Desde el primer momento hasta el último. Desde mi primera resolución hasta la última.

Es 16 de noviembre de 2018 y De Prada se somete a la evaluación de trámite de la Cámara tras ser propuesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el PSOE y con el respaldo de Unidas Podemos. Los populares, aunque han aceptado su presencia en un acuerdo que terminaría rompiéndose, aprovechan la sesión para arremeter contra él, todavía dolidos por la sentencia del caso Gürtel que firmó en mayo de ese año y que provocó la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa: “No comparto parte de su trayectoria”, le espeta Rojas, que eleva el tono: “Es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo; es decir, durante unos años dejará usted de dictar sentencias”.

El tiempo pasa, pero ese resquemor sigue vivo. El PP ha convertido ahora a este juez, enmarcado en el sector progresista de la Audiencia, en una línea roja para pactar la renovación de un Consejo que enfila su tercer año con el mandato caducado. La formación conservadora ha expuesto su presencia de nuevo en el acuerdo —al igual que la de la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género y exdiputada de Podemos— como justificación para volver a abandonar las negociaciones. Pero la obcecación de los populares con De Prada viene de lejos.

Este firme defensor de la justicia universal que ha participado en tribunales penales internacionales sobre los crímenes de la antigua Yugoslavia, está considerado por sus más cercanos como un juez muy garantista y lleva años en la diana del partido de Pablo Casado. Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior e imputado por la Operación Kitchen, ya lo calificó de “indigno” en 2016 y pidió al CGPJ que tomara medidas contra él después de que dijera en una mesa redonda que la tortura a algunos miembros de la banda terrorista ETA había sido “clara” y “yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”.

Una animadversión velada, que se destapó definitivamente tras la sentencia de Gürtel. Rafael Hernando, actual senador y portavoz entonces del PP en el Congreso, le acusó solo unos días después del fallo de tener una “sintonía con el mundo proetarra”. Los populares le atribuyen las frases más duras de una resolución, respaldada también por el magistrado Julio de Diego, que dio por acreditaba la caja b del partido —como así confirmó después el Tribunal Supremo— y que, además, cuestionaba la “credibilidad” de Rajoy, que compareció como testigo en el juicio.

“Coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros 30 que llevo trabajando en la Audiencia Nacional”, explicaba en una entrevista con EL PAÍS el propio De Prada, quien también se opuso a la entrada en prisión preventiva de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, entonces presidentes de la Asamblea Nacional de Cataluña y de Òmnium Cultural, a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La consideró “desproporcionada”.

Tras la primera sentencia contra Gürtel, el PP centró esfuerzos en recusarlo de los tribunales que iban a enjuiciar otras derivadas de la trama de corrupción. De hecho, consiguió apartarlo de la vista oral sobre la contabilidad paralela reflejada en los papeles de Bárcenas —que comenzó este 8 de febrero—. La Sala de lo Penal decidió, en un reñido debate resuelto con el voto a favor de ocho magistrados y la oposición de otros siete, sacarlo por incluir en ese primer fallo una argumentación sobre la caja b que no era “absolutamente necesaria” y que “compromete” su imparcialidad.

De Prada entró en la carrera judicial tras un breve paso de seis años por la abogacía. Perteneciente a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia; y cercano al antiguo magistrado Baltasar Garzón, al que manifestó su apoyó en público tras su inhabilitación; se ha mostrado crítico con el actual funcionamiento del CGPJ, pero también con la propuesta de que la elección de la mayoría de vocales dependa de los propios jueces y no de las Cámaras, como ocurre actualmente: “La elección corporativa es problemática, muy problemática, porque significa una pérdida importante de legitimidad en cuanto a que se desconecta de la sociedad”, dice: “Que pueda venir establecida desde un sistema de votación parlamentaria, en principio, no tiene que plantear ningún problema. Otra cosa distinta es que responda más o menos a posibles negociaciones. Pero cómo funciona la política es algo complicado”.