La Audiencia Nacional estudiará si un magistrado es imparcial en dos juicios contra ETA
José Ricardo de Prada, del sector progresista, dijo que en España la tortura a los terroristas ha sido "clara"
La Audiencia Nacional estudiará si el magistrado José Ricardo de Prada, encuadrado en el sector progresista del tribunal, es imparcial para enjuiciar dos causas contra ETA después de haber manifestado que en España la tortura a algunos miembros de la banda terrorista ha sido "clara". La Asociación de Víctimas del Terrorismo y el concejal de UPN Miguel Ángel Ruiz de Langarica recusaron al magistrado al entender que estas manifestaciones, lanzadas en un una mesa redonda en Tolosa (Gipuzkoa) el pasado abril, comprometen su imparcialidad en los juicios. Los instructores nombrados por la Audiencia Nacional para estudiar el incidente de recusación han acordado admitirlo a trámite.
Será el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia el que decidirá, en una fecha aún por determinar, si el juez De Prada es apto para participar en dos vistas orales. La primera es sobre los partidos políticos ANV y PCTV, considerados sucesores de la ilegalizada Batasuna. La segunda tiene que ver con el intento de asesinato del edil Ruiz de Langarica, en el año 2000, y en el que se va a juzgar al etarra Jorge Olaiz.
En su intervención en el Bizikidetza Foroa de Tolosa del pasado abril, De Prada mostró su convicción de que la detención incomunicada de los supuestos terroristas antes de pasar a disposición judicial, en la que no tienen posibilidad de ver a un abogado de su confianza y se les designa uno de oficio, es un "caldo de cultivo para que esas personas sean forzadas". "La tortura se ha producido de manera clara, y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte de tortura a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de derecho", manifestó.
La AVT denunció el pasado abril las palabras de De Prada, magistrado de la Sección Segunda de lo Penal, tanto ante la propia Audiencia Nacional, para lograr su apartamiento en el juicio de ANV-PCTV, como ante el Consejo General del Poder Judicial. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, llegó a sugerir que se investigara penalmente por humillación a las víctimas, delito enmarcado en el enaltecimiento del terrorismo.
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