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El juez De Prada: “Mientras juzgaba Gürtel sufrí más ataques que en toda mi carrera”

“Rajoy tenía la obligación de decir la verdad”, asegura uno de los dos magistrados que dictaron la sentencia del caso que desencadenó la moción de censura de Sánchez

Jose Ricardo de Prada
El magistrado José Ricardo de Prada en la redacción de EL PAÍS.

En la primera entrevista concedida por José Ricardo de Prada Solaesa (Madrid, 1957) desde que se hizo pública la primera sentencia del caso Gürtel, este magistrado, uno de los dos que formaron la mayoría de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que dictó la resolución —que declaró al Partido Popular responsable a título lucrativo de una extensa y profunda trama de corrupción política e institucional a través de su relación con el Grupo Correa—, habla sobre su impacto político.

Como adalid de la justicia universal, De Prada fue uno de los magistrados que intervino en el caso Pinochet, declaró competente a España para perseguir delitos de lesa humanidad como genocidio o tortura en Chile y fue el ponente de la sentencia del militar argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel por un delito de lesa humanidad durante la dictadura. Ha formado parte de la sala de apelaciones de crímenes de guerra de la Corte de Bosnia-Herzegovina en Sarajevo (2005-2008) y en estos momentos se encuentra en La Haya. Forma parte del tribunal que decidirá sobre la apelación contra la sentencia que condenó a Radovan Karadzic por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“La existencia de la caja b del PP es una conclusión unánime del tribunal”

Pregunta. ¿Usted se imaginaba que esta sentencia del caso Gürtel originaría un vuelco político como el producido?

Respuesta. Por supuesto que no. El tribunal era plenamente consciente de la gravedad de las conclusiones a las que se llegaba en la sentencia, que afectaban de lleno al partido político que estaba en el Gobierno, pero estas son el resultado de un trabajo muy serio y riguroso, de muchos años de investigación policial, de una instrucción judicial realizada por jueces y fiscales muy competentes y de casi un año y medio de juicio con centenares de pruebas realizadas y seis meses de deliberaciones y arduo trabajo. Es verdad que el resultado social y político producido es tremendo, pero va mucho más allá de la sentencia. Corresponde al juego duro de la política por el poder, y ni el tribunal que ha dictado la sentencia ni la sentencia misma tienen nada que ver.

“Rajoy tenía la obligación de decir la verdad en el juicio”

P. Me imagino que no fue fácil llegar a dictar esa resolución.

R. No lo fue en absoluto y no solo por las dificultades técnicas. En el asunto Gürtel ha habido siempre muchos obstáculos.

P. ¿A qué se refiere?

R. Aunque la justicia como institución pueda aparentar ser relativamente fuerte, los tribunales, y sobre todo los jueces, somos frágiles y vulnerables. Es muy fácil afectar a su buen funcionamiento. El caso Gürtel no ha quedado fuera de los intentos de injerencias por parte de la política.

P. ¿Puede ser más explícito?

R. Trataré de serlo. El juez que inició las investigaciones [Baltasar Garzón] fue inhabilitado durante 11 años por el Tribunal Supremo. Por otro lado, están los distintos cambios de jueces de instrucción, en algunos casos no muy comprensibles. Y lo mismo ha sucedido con la composición de los tribunales de enjuiciamiento. Sin duda, es un asunto políticamente muy sensible en el que los partidos políticos se han empleado a fondo, y alguno incluso ha tratado de colocar a sus jueces más próximos. Y no me refiero a una simple afinidad ideológica, sino a claras vinculaciones, lo que los hacía a estas personas inidóneas para juzgar. También ha habido formas sutiles y menos sutiles de presión.

P. ¿A usted le han presionado?

R. Nadie se ha dirigido a mí pidiéndome que resolviera en uno u otro sentido, pero en los últimos tres años, coincidiendo con Gürtel, he sufrido más ataques como juez desde la política y desde los medios que secundan determinados planteamientos políticos que en los otros casi treinta restantes que llevo trabajando como juez en la Audiencia Nacional. Y no solo yo, también mi familia. Se ha utilizado cualquier pretexto para ello. Y únicamente mi asociación profesional [Juezas y Jueces para la Democracia] ha salido en ocasiones en mi defensa. Desde luego, no el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ], que en mi opinión debería haberlo hecho. Los jueces somos muy vulnerables y no podemos defendernos por nosotros mismos. El consejo debería asumir esa función, pero lamentablemente está muy lejos de los jueces y actúa siguiendo los vaivenes de la política.

P. Se ha criticado desde posiciones políticas que la sentencia del caso Gürtel contiene innecesarias referencias al PP o que se pronuncia sobre temas, como la caja b de dicho partido, que son objeto de otros procedimientos.

“El Consejo General del Poder Judicial está muy lejos de los jueces”

R. No es cierto. La sentencia hace un esfuerzo por ser muy cuidadosa en las conclusiones que expone como hechos probados y apenas hace algunas someras referencias a las relaciones del Grupo Correa con el Partido Popular. Las imprescindibles para que el relato sea expresivo e inteligible. Se limita a dibujar un contexto en el que actuaba el Grupo Correa que, como usted comprenderá, no flotaba en el aire, como tampoco muchas de las personas que han resultado condenadas. No se trataba de meros casos de corrupción institucional aislada y era imprescindible ponerlo de manifiesto. Respecto de la existencia de la caja b en el PP, es una conclusión unánime del tribunal. Resultaba un antecedente imprescindible para justificar la condena de algunos de los acusados.

P. ¿Era necesario cuestionar en la sentencia la credibilidad como testigo de Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en aquel momento?

R. El tribunal valoró cuidadosamente ese tema y consideró que hacerlo respondía al normal funcionamiento de la justicia en una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El tribunal necesariamente ha de valorar la credibilidad de todos los testigos que intervienen, y no existía razón para excluir al testigo Mariano Rajoy si lo hacía con otros.

P. Cuando fue llamado como testigo era previsible cuál iba a ser su comportamiento procesal. ¿Cree que tenía otra opción?

R. El tribunal durante el juicio trató de dar la máxima normalidad posible a la declaración de este testigo que ostentaba la presidencia del Gobierno —es decir, que era el máximo representante de otro poder del Estado—, pero al que no se le llamaba por eso, sino por su posible conocimiento sobre los hechos. Fue llamado a juicio como cualquier otro ciudadano y únicamente se le permitió declarar en estrados por deferencia a su posición institucional, pero sin que ello significara ningún privilegio. Tenía la obligación, como cualquier otro ciudadano, de decir la verdad.

P. La sentencia declara la responsabilidad del PP únicamente como partícipe a título lucrativo.

R. El Partido Popular fue condenado únicamente por lo que había sido objeto de acusación. Por haberse beneficiado civilmente de una situación delictiva. Nadie lo acusaba penalmente. Antes de la reforma del Código Penal de 2010 solo podían delinquir personas físicas, por lo que ninguna persona jurídica ni partido político podía ser responsable penalmente por lo que hubiera hecho antes de esa fecha. Nadie puede decir, por tanto, que el PP hubiera cometido algún delito antes de esa fecha. Otro tema distinto son los juicios políticos o morales que se quieran o se puedan efectuar por su comportamiento o relación acreditada con hechos o personas que sí cometieron delitos y por haberse beneficiado con ello, pero este es un tema que trasciende a la justicia.

P. Hay otras piezas de la causa Gürtel pendientes, algunas muy relevantes como la de los papeles de Bárcenas o de la caja b del Partido Popular, en las que usted forma parte del tribunal de enjuiciamiento. ¿Continuará en ellas?

R. Me encuentro en este momento temporalmente en situación de servicios especiales en la carrera judicial por formar parte como del tribunal internacional que está resolviendo el recurso de apelación contra la sentencia de Radovan Karadzic. Cuando se termine esta sentencia, lo que está previsto para el mes de diciembre próximo, me reincorporaré a la Audiencia Nacional. Espero, por tanto, seguir formando parte del tribunal que las juzgue.

P. En el pasado usted ha realizado polémicas declaraciones sobre la existencia de malos tratos y tortura policial, afirmando que no están suficientemente combatidos por la justicia española.

R. He realizado afirmaciones en ese sentido en mis resoluciones cuando he constatado situaciones de ese tipo, y el Tribunal Supremo ha secundado mis apreciaciones e incluso ha anulado una sentencia por dicho motivo. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha afeado esa forma de actuar a los jueces y tribunales españoles en nada menos que ocho ocasiones. Es verdad que, públicamente, fuera de mi condición de juez, me he referido a esta situación de forma general en alguna conferencia, pero nada más. Eso me ha valido abusivos y desproporcionados ataques que creo que descalifican por sí mismos a sus autores.

P. ¿Le preocupan especialmente los derechos humanos?

R. Sí. Una de las cosas que pienso que debería abordar con prioridad el nuevo Gobierno es la recuperación del terreno perdido en materia de derechos humanos, y especialmente alguna forma de jurisdicción universal que permita devolver a España la posición perdida en esta materia para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Sería una magnífica noticia que el nuevo Gobierno socialista se impregnara de la ética de los derechos humanos. Vivimos en un contexto internacional en el que cada día es más importante lo que hagan los Estados en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales. No vale como pretexto el que para eso están los tribunales internacionales. Yo, que estoy dentro de ellos, soy consciente de sus carencias y debilidades.

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