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El PP se reafirma en sus vetos a Rosell y De Prada para no pactar el Poder Judicial

Los populares aceptaron al juez de la Gürtel en su acuerdo con el PSOE en 2018 para renovar el órgano

El líder del PP, Pablo Casado, en el comité de dirección del PP, reunido este viernes.
El líder del PP, Pablo Casado, en el comité de dirección del PP, reunido este viernes.David Mudarra / PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reunido de urgencia este viernes al comité de dirección del partido para que ratifique la ruptura de las negociaciones con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP ha comunicado después que se reafirma en sus vetos a los jueces progresistas Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, propuestos como vocales del órgano de gobierno de la judicatura, y que ese es el motivo de la interrupción de sus conversaciones con los socialistas.

En el caso de Rosell, los populares aseguran que no aceptan “la propuesta del PSOE de permitir puertas giratorias entre política y justicia”. La magistrada canaria, elegida diputada por Podemos en la última legislatura, dejó el escaño para ocupar su actual cargo de delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Los populares tampoco admiten a De Prada, el juez clave en la sentencia del caso Gürtel que impulsó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

El comunicado afirma que “el Partido Popular no acepta que la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que es un cargo político del Ejecutivo”. Y apunta varias razones: “La principal es porque el PP quiere acabar con las puertas giratorias entre la política y la justicia. La renovación de este CGPJ debe cumplir el requisito de la despolitización, y ningún político puede ser vocal del CGPJ como ha ocurrido hasta ahora”.

El secretario de justicia del PP, Enrique López, en una sesión plenaria celebrada en la Asamblea de Madrid, el pasado 11 de febrero. En vídeo, López explica el veto de su partido a Rosell y Prada.Foto: EUROPA PRESS

En el caso de De Prada, aceptarlo como vocal del Poder Judicial sería “un fraude de ley”, argumentan los populares. “Ni ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello. Un juez que no ha sido avalado y elegido por sus compañeros no puede acceder al CGPJ por la puerta de atrás por el turno de juristas”, sostiene el PP.

Los populares consideran ahora “un fraude de ley” lo que hicieron en 2018, ya con Pablo Casado al frente del partido. Primero, porque entonces aceptaron a De Prada en el cupo de juristas, a propuesta del PSOE, y ambos partidos incluyeron su nombre en la lista que registraron conjuntamente en el Congreso y el Senado en noviembre de ese año, en el cupo de ocho vocales juristas de reconocido prestigio. Pero, también, porque en su propia candidatura proponían en el turno de juristas a otro juez, Manuel Altava, entonces senador del PP. Fuentes del PP explican que se trata de una nueva condición para estas negociaciones, que los jueces no puedan entrar por el cupo de juristas, y que el PSOE no ha puesto a De Prada sobre la mesa hasta el último momento.

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De Prada llegó a comparecer en el Congreso como candidato y el PP se congratuló irónicamente del paso dado por el juez de Gürtel: “Es bueno para la justicia española que deje usted de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias y pase a un órgano administrativo”, le dijo el diputado Carlos Rojas. Los populares ya cuestionaron entonces la independencia del juez, lo que llevó a las asociaciones judiciales a emitir un comunicado en “defensa de la independencia judicial” y pidieron al Consejo que amparase De Prada.

Aquel acuerdo, en el que el PP no solo aceptó la presencia de De Prada, sino también de Rosell ―aunque en el caso de la exdiputada de Unidas Podemos, cuando fue aceptada por el PP no era miembro del Gobierno― se fue al traste por la dimisión del juez Manuel Marchena. Su nombre como presidente del Poder Judicial se dio a conocer con ese pacto y acabó renunciando cuando los populares se atribuyeron que gracias a él podría “controlar por la puerta de atrás la sala Segunda” del Supremo, la más importante, que juzga los grandes delitos de corrupción y el procés.

Enrique López, responsable de Justicia de los populares, ha sido el encargado de defender hoy la posición del partido sobre el Poder Judicial. “El PP quiere acabar con las puertas giratorias entre política y justicia. No quiere que haya ninguna persona que haya realizado actividades políticas en el CGPJ”, ha afirmado López en unas declaraciones distribuidas por el PP a los medios de comunicación. López, juez de carrera, fue vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008. Del órgano de gobierno judicial pasó a la Audiencia Nacional, donde estuvo poniendo sentencias hasta que el PP le promovió como magistrado del Tribunal Constitucional, cargo que tuvo que dejar en junio de 2014, tras ser condenado por conducir ebrio su motocicleta. Del alto tribunal volvió a la Audiencia, hasta que en agosto de 2019, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso lo fichó como consejero de Justicia. Posteriormente, Pablo Casado lo nombró responsable de esta área en el partido.

Los populares sostienen que el camino de López ha sido solo de ida, desde la justicia a la política, y no al revés. El PP recuerda que en el Gobierno también hay tres jueces en excedencia ―Juan Carlos Campo, ministro de Justicia; Fernando Grande- Marlaska, ministro del Interior; y Margarita Robles, ministra de Defensa―, y los tres también fueron vocales del CGPJ.

En la lista de vocales propuestos por el PP en 2018 figuraban también dos políticos de su partido, uno de ellos en activo como senador. Manuel Guillermo Altava era senador del PP por Castellón cuando fue propuesto para integrar el Consejo como vocal hace dos años, ya con Pablo Casado como presidente del PP. José Miguel Castillo, exdiputado del PP y abogado, también fue propuesto por los populares. El PP argumenta que tras el fracaso de aquel acuerdo decidió apostar por la despolitización del órgano de gobierno de los jueces, y se ha sentado a negociar con el PSOE con la condición de que bajo ninguna circunstancia pudieran formar ahora parte del consejo expolíticos.

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