La renovación del Tribunal Constitucional condiciona la resolución de los recursos del ‘procés’

La institución teme que el resultado del pacto provoque tensiones internas y recusaciones por supuesta falta de imparcialidad

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el líder del PP, Pablo Casado; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, conversan al finalizar el acto con motivo del 40 aniversario del 23 de febrero.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; el líder del PP, Pablo Casado; y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, conversan al finalizar el acto con motivo del 40 aniversario del 23 de febrero.Eduardo Parra (Europa Press)

La negociación para renovar el Tribunal Constitucional también ha chocado, como la del Poder Judicial, con importantes escollos, y de momento permanece bloqueada. El principal problema se ha planteado con uno de los nombres propuestos por el PP, el de Nicolás González Cuéllar, catedrático de derecho procesal. El PSOE ha expuesto sus reticencias sobre la idoneidad de este candidato, sin perjuicio de reconocer su alta cualificación y la valía de sus aportaciones doctrinales.

La dificultad que plantea esta candidatura nace de los pronunciamientos anteriores de González de Cuéllar sobre el procés, que podrían determinar su recusación para este asunto. Fuentes del PP no lo niegan, pero consideran que es un inconveniente sorteable, porque sus aportaciones al Constitucional en un mandato de nueve años serían mucho más relevantes que las hipotéticas dificultades iniciales.

En el propio Constitucional, en todo caso, hay preocupación por los problemas que podrían derivarse de nuevas recusaciones. González Cuéllar es autor de un libro muy crítico sobre el procés titulado Tiempo de Justicia. El intento de golpe independentista en Cataluña, a juicio, así como de declaraciones en el mismo sentido. Este hecho podría suponer que tuviera que abstenerse de participar en la resolución de los recursos del procés, como ha hecho el magistrado Antonio Narváez, que pronunció una conferencia en 2017 en la que calificaba de “golpe de Estado encubierto” el intento independentista. Hace una semana, tras un período de tensiones en el Constitucional, decidió apartarse de los recursos presentados por los políticos presos por temor a que las sentencias del TC fueran anuladas por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la participación de un magistrado cuya imparcialidad se hubiera cuestionado.

Las defensas de los condenados han encontrado en este asunto un filón y pueden plantear nuevas recusaciones. Fuentes del sector conservador de la judicatura critican que el PSOE esté aplicando con González Cuéllar una “doble vara de medir”, dado que otros magistrados del Constitucional también han hablado claramente del procés, sin que por ello hayan sido recusados.

La gestión de los recursos del procés es ahora lo que más preocupa al Constitucional, cuyo deseo es conjurar el peligro de que su resolución pueda ser cuestionada por el Tribunal de Estrasburgo. En el próximo pleno se verán 15 de esas solicitudes de amparo. La más importante es la que presentó Carles Mundó, exconsejero de Justicia, contra la sentencia del Supremo que le condenó por desobediencia. El resto se refiere a distintas decisiones de la Sala Penal durante la instrucción y durante el juicio oral, que según las defensas vulneraron diversos derechos fundamentales de los líderes independentistas y de sus electores, a los que ―sostienen los recursos― se les privó de verse representados por ellos en las instituciones al negarse a los procesados el ejercicio de los cargos para los que habían sido elegidos.

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El Constitucional contaba con haber resuelto los recursos del procés antes del verano. Los ha tenido congelados desde octubre pasado por la recusación de Narváez. El Tribunal no podía abordarlos hasta decidir si dicho magistrado podía participar en las resoluciones. En el Constitucional se admite que con esta larga fase de dudas se ha perdido un tiempo muy valioso. Si Narváez se hubiera abstenido en octubre, muchos de los recursos pendientes ya habrían podido resolverse.

Por otro lado, cualquier nueva recusación supondría que el Constitucional tuviese que volver a parar su labor en este capítulo. Fuentes del Tribunal han manifestado que su presidente, Juan José González Rivas, habría trasladado esta preocupación a los negociadores del pacto para la renovación del Constitucional, sin alusiones a nombres concretos y con el único propósito de que las partes sean conscientes de las eventuales consecuencias y riesgos que podrían derivarse de sus acuerdos. González Rivas es uno de los miembros del Tribunal que debe cesar con la renovación, junto a la vicepresidenta, Encarnación Roca, y los magistrados Fernando Valdés ―que renunció el pasado octubre― y Andrés Ollero.

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