El magistrado Narváez se retira de la causa del ‘procés’ antes de que el Constitucional decida sobre su recusación

El magistrado del Constitucional Antonio Narváez ha decidido inhibirse de los recursos del procés. El tribunal ha discutido durante los últimos días, de manera informal, si Narváez debía formar parte del pleno, sobre lo que existía una gran división entre los magistrados. Tras haber trascendido este debate interno, Narváez ha tomado la iniciativa este martes y ha presentado su renuncia para evitar que se evidencien esas divisiones. La renuncia ha sido aceptada por unanimidad por el pleno del tribunal tras más de una hora de deliberación.

Narváez fue recusado por las defensas de los líderes independentistas por una conferencia que dio en Granada en noviembre de 2017, en la que calificó el procés de “golpe de Estado encubierto” y lo comparó con el 23-F, para sostener que el primero fue más grave por sus consecuencias que el asalto del teniente coronel Tejero al Congreso de los Diputados. La ponente del caso, Encarnación Roca, vicepresidenta del Constitucional, preparó una resolución detallada en la que abogaba por aceptar la recusación de Narváez.

El parecer más extendido en el propio tribunal era que la permanencia de este magistrado en el pleno que resolverá los recursos del procés entrañaba un riesgo muy elevado de que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenara a España por haber actuado en este asunto con un tribunal contaminado.

El Constitucional, por tanto, resolverá estos recursos con un tribunal formado por solo diez magistrados. Aunque hubiera prosperado la tesis de que Narváez debía permanecer en el pleno, los propios votos particulares en contra habrían podido poner en riesgo la labor de este tribunal ante Estrasburgo.

La gestión de este asunto ha generado gran controversia en el propio Constitucional, donde se estima que el caso se ha resuelto tarde, después de que tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado y el propio magistrado hubieran presentado detallados escritos en contra de la recusación. Un amplio sector del tribunal considera que si existían dudas sobre la procedencia de aceptar o no las iniciativas de las defensas contra la permanencia de Narváez, habría que haber actuado antes, y no comprometer al magistrado en puertas del pleno que iba a decidir sobre su permanencia en los recursos del procés.

Sin embargo, no ha sido hasta este martes, al inicio del pleno, cuando se han precipitado los acontecimientos. El Constitucional ha informado en un comunicado que ha aceptado por unanimidad la decisión del juez “de abstenerse de participar en las deliberaciones y de intervenir como magistrado en las resoluciones del tribunal en todos los recursos de amparo interpuestos contra autos recaídos en la Causa Especial núm. 20.907/2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, es decir la causa del procés, así como “contra la sentencia de 14 de octubre de 2019, dictada por ese Alto Tribunal en dicho procedimiento”.

El comunicado añade que el magistrado Narváez “considera que con esta decisión contribuye a explicitar la independencia e imparcialidad del Tribunal al que se honra en pertenecer”. En los escritos presentados por Narváez para defender su propia objetividad, tras conocer los formulados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el magistrado enmarcaba sus reflexiones sobre el procés en el contexto de la labor del Constitucional frente a la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O y las leyes de desconexión con el Estado.

Narváez subrayó que con sus palabras no realizó juicios de fondo sobre la causa penal entonces recién iniciada, sino que se refirió a la gravedad de los hechos ocurridos en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. El magistrado defendió su imparcialidad en relación con el procedimiento que luego se seguiría contra los líderes independentistas, sobre los que el Constitucional debe pronunciarse ahora al resolver los recursos presentados por los condenados por el Supremo. El juez también subrayó que su conferencia fue de “alcance general” y “sobre cuestiones jurídicas que ya habían sido resueltas por el Tribunal Constitucional”. “En ningún momento hice mención alguna ni referencia concreta a la causa penal, como tampoco cita personal alguna de los recusantes”, aseguró.