Una recusación frena en el Constitucional los recursos del ‘procés’

El Tribunal Constitucional consumió la semana pasada un largo pleno en el que no pudo abordar el asunto más relevante que debía resolver. Se trataba de la primera sentencia sobre los presos del procés, la relativa a la exconsejera Meritxell Borràs. El borrador del fallo estuvo sobre la mesa, pero no se abordó, no solo por la sobrecarga de temas en el orden del día, sino también por el auténtico problema de fondo que lo impidió: las discrepancias internas sobre si hay que apartar de este asunto al magistrado Antonio Narváez, recusado por las defensas.

Los abogados de los líderes independentistas imputan a Narváez pérdida de toda apariencia de imparcialidad por la conferencia que pronunció en Granada, en noviembre de 2017, en la que afirmó que la crisis derivada de los sucesos acaecidos en septiembre y octubre de aquel año en Cataluña fueron “un golpe de Estado encubierto, mucho más grave por sus consecuencias que el golpe de Estado que se dio en 1981” con el asalto del teniente coronel Antonio Tejero al Congreso.

Postura de la Fiscalía

Todos los trámites necesarios para tomar una decisión están terminados. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han entregado sus respectivos informes, ambos contrarios a la recusación. El propio Narváez ha respondido que no hay motivos para inhibirse ni para ser apartado del pleno del tribunal cuando tengan que debatirse y dictarse las sentencias relativas al procés.

A pesar de que nada impide ya que el tribunal tome una decisión, el hecho es que la cuestión ni siquiera empezó a debatirse en el pleno de la semana pasada. Fuentes del Constitucional afirman que ello ha sido debido a que no está definitivamente formada una opinión sobre cómo debe resolverse este asunto.

El problema no está tanto en definir lo que se quiere hacer, sino en lograr el consenso sobre lo que convendría hacer. El criterio dominante es que Narváez no fue prudente con sus afirmaciones en la citada conferencia, elogiando al entonces fiscal general José Manuel Maza —fallecido en noviembre de 2017—, quien poco antes había presentado la querella por el delito de rebelión. Lo complejo de la situación deriva de que Narváez goza de mucha estima en el Constitucional, pero al tiempo no son pocos los magistrados que consideran que su permanencia en el tribunal para resolver dichos recursos puede no ser conveniente.