El Poder Judicial suspende a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este viernes suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela abriera el miércoles juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Garzón acumula tres causas en el alto tribunal. Las otras dos querellas que tiene pendientes se refieren a unas escuchas ordenadas durante la instrucción del caso Gürtel y a la financiación de cursos organizados por el magistrado en la Universidad de Nueva York. La decisión del pleno del CGPJ era obligada por la ley tras la apertura de juicio, pese a lo que los vocales han estado reunidos cerca de dos horas. En las horas previas a la reunión, se han vivido fuertes tensiones en el seno del organismo. La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha comparecido para informar de la decisión adoptada y ha confirmado que el escrito de argumentación se tramitará lo antes posible para hacérselo llegar al magistrado. Posteriormente, el presidente, Carlos Dívar, ha anunciado la convocatoria de una Comisión Permanente, que ha concluido sin tomar ninguna decisión respecto a la incorporación de Garzón a la Corte Penal Internacional. La Comisión debía estudiar los informes que han llegado y determinar si después de la suspensión es factible y tiene cobertura legal enviarle a La Haya. Este mismo viernes, ha llegado al Poder Judicial el informe enviado por el propio fiscal de ese tribunal internacional, Luis Moreno-Ocampo, en el que se le requiere como asesor externo de la institución al ser experto en crímenes contra la humanidad. A lo largo de la mañana, varios jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional pasaron por el despacho de Garzón para mostrarle su solidaridad. Entre ellos se encontraban Jose Ricardo de Prada y Clara Bayarri, los dos magistrados de la Sala Penal que votaron a favor de que Garzón conservara la competencia para investigar los crímenes del franquismo. También han estado allí los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, así como los fiscales Vicente González Mota, especializado en terrorismo, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado. También ha acudido a la Audiencia la esposa del magistrado, Rosario Molina. La notificación de la suspensión se la comunicó telefónicamente el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón. La conversación se produjo a las 13.19, cuando Garzón interrumpió la declaración de Josep Singla, uno de los empresarios imputados en la trama de corrupción destapada por la Operación Pretoria. Con todo, el momento más emotivo se ha vivido al filo de las dos de la tarde, cuando el magistrado abandonaba el tribunal. Decenas de compañeros han esperado en la puerta su salida para despedirle entre lágrimas propias y ajenas, abrazos y aplausos. De fondo, una veintena de ciudadanos gritaba: «Garzón, tranquilo, el pueblo está contigo». El Pleno del Consejo ha tomado la decisión por unanimidad de los 18 vocales presentes. Tres de los miembros se habían abstenido antes de que se iniciara la reunión. Se trata del vicepresidente y miembro del sector conservador Fernando de Rosa y de la progresista Margarita Robles: ambos ya habían anunciado su intención de no participar en las deliberaciones tras ser recusados por Garzón. El tercer vocal que ha decidido abstenerse ha sido el también progresista José Manuel Gómez Benítez. Sin embargo, la juez Gemma Gallego sí participa en el pleno después de que el organismo rechazara la recusación presentada contra ella por Garzón. El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, exigió a los vocales presentes que dejasen fuera de la sala sus teléfonos móviles. Las primeras reacciones políticas han venido del Ejecutivo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que respeta la decisión del órgano de gobierno de los jueces, aunque ha recordado que «el proceso no ha concluido» y ha insistido en que respeta la «presunción de inocencia» del magistrado. Nulos de pleno derecho Antes del pleno, el abogado del juez de la Audiencia Nacional presentaba por la mañana un recurso de nulidad contra el auto de apertura del juicio oral dictado por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela. La petición no paraliza su suspensión de funciones. Gonzalo Martínez Fresneda afirma en su recurso que los tres escritos de acusación presentados por el pseudosindicato Manos Limpias son nulos de pleno derecho y, por tanto, el auto de apertura de juicio oral, que está basado en ellos, es nulo también. Según el escrito, el juez Varela intervino en la confección de dichos escritos, que sometió a una labor de reelaboración argumental, al requerir a Manos Limpias que «excluyese» páginas y rúbricas enteras, e incluso que la presentación de un escrito alternativo, ante la invalidez del anterior. El recurso de la defensa de Garzón esgrime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que asegura que «la obligación del juzgador de no ser juez y parte ni juez de la propia causa supone que el juez no puede asumir funciones de parte ni mantener con las partes relaciones jurídicas». El pseudosindicato Manos Limpias quitó de su escrito un total de 53 folios siguiendo las instrucciones del juez Varela e incorporó la afirmación de que Garzón había actuado «a sabiendas», tal como el juez le pidió, «en los términos dispuestos» por Varela. El recurso concluye pidiendo a Varela que declare nulo su auto de apertura del juicio oral y, en su lugar, archive la causa contra Garzón. La noticia de la suspensión del magistrado ha provocado una respuesta inmediata de sus simpatizantes, que convocaron a través de Internet y de mensajes de móvil una manifestación frente a la Audiencia Nacional a las ocho de la tarde.