La propuesta de Casado a Sánchez para renovar el Constitucional permite al sector conservador mantener la presidencia
La iniciativa del PP desvela la pugna por el control del tribunal de garantías
La renovación del Tribunal Constitucional, propuesta este miércoles por el líder del PP, Pablo Casado, es una operación mucho más compleja que el mero cambio de los cuatro magistrados que llevan un año y medio con el mandato prorrogado por la falta de acuerdo para sustituirles. Entre los afectados por el relevo están los actuales presidente y vicepresidenta del tribunal de garantías. Y el dato es importante no solo por la especial relevancia de la presidencia, sino también porque la duración del mandato puede depender de quién resulte elegido para desempeñarla.
Los 12 magistrados del Constitucional son elegidos por tercios cada tres años, para permanecer en el tribunal un total de nueve. El pacto no escrito es que en cada renovación el designado para la presidencia sea uno de los cuatro magistrados que inician los últimos tres años de su mandato. Dada la mayoría conservadora actual, lo previsible es que si hay renovación ahora fuera designado como presidente el catedrático de derecho constitucional Pedro González-Trevijano, propuesto en su día por el PP, y que tendría en principio un mandato corto, hasta mediados del próximo junio. En esa fecha toca otra renovación del Constitucional, y está en discusión si entonces el pleno del tribunal tendría que reunirse o no para volver a elegir a un presidente.
Si en esta ocasión se rompiera la tradición, y se entendieran las normas internas en el sentido de que no es preciso votar otra vez sobre la presidencia, el designado ahora podría ser el magistrado Ricardo Enríquez, también elegido a propuesta del PP, y cuya permanencia al frente del Constitucional podría prolongarse hasta 2026. Para el sector conservador del tribunal, ese sería el dilema: elegir a Trevijano para un mandato corto, o a Enríquez, para asegurarse la presidencia por más tiempo.
Controlar la agenda
Con Enríquez, la actual mayoría conservadora intentaría garantizarse al menos tres años el ejercicio de las funciones más relevantes en la gestión de la institución, entre otras la elaboración del orden del día de los plenos. Esta competencia equivale a que el presidente controla la agenda de decisiones del Constitucional, y puede impulsar o no la toma de decisiones, basándose en criterios que no tiene que justificar ante nadie. No existe el control parlamentario del Constitucional, y la Fiscalía acaba de informar al Supremo sobre las eventuales consecuencias del retraso en la deliberación de los recursos contra la ley del aborto, subrayando que el ordenamiento jurídico prevé que “las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”. Con ello, los fiscales subrayan que si dicho tribunal ha resuelto postergar la deliberación del mencionado recurso —aunque sea durante 11 años—, no tiene por qué dar explicaciones de sus motivos.
Con el desbloqueo de la renovación pendiente, por otra parte, el sector conservador no perdería la mayoría en el tribunal. En este turno le corresponde al Congreso elegir a cuatro magistrados. Dos lo serían a propuesta del PSOE y otros dos a iniciativa del PP. La operación se traduce en tablas. El Constitucional seguiría con una mayoría de siete a cuatro a favor de los conservadores. Pero hay otra derivada que puede dar mayor confianza al PP. El actual presidente, Juan José González Rivas, fue propuesto por los populares, pero ha utilizado su voto de calidad a favor del sector progresista en algunas decisiones importantes. Por ejemplo, al prohibir manifestaciones durante la pandemia o para impedir el acceso de Toni Cantó a las listas de los populares en las autonómicas de Madrid, el pasado marzo. Los candidatos a sustituirle, tanto Trevijano como Enríquez, han votado siempre en armonía con el grupo conservador.
Trevijano fue el pasado julio el ponente de la sentencia que anuló el confinamiento del primer estado de alarma por estimar que para adoptar dicha medida hubiera sido imprescindible declarar primero el estado de excepción. Por otra parte, iba a formar dupla con Xiol, del sector progresista, que sería el candidato a la vicepresidencia si el pacto llega ahora, para un mandato al que solo le quedan ocho meses. Salvo que —y esto es importante— en junio próximo se reproduzca el actual bloqueo y el Constitucional no pueda renovarse.
De los cuatro magistrados que deben tomar el relevo el año próximo, dos han de ser nombrados por el Gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora bien, este Consejo tiene el mandato caducado hace casi tres años y se le ha prohibido por ley efectuar nombramientos mientras esté en funciones. Si en junio próximo la situación sigue igual, no podría realizar las designaciones que le corresponden, y está en discusión si con ello bloquearía las que debe hacer el Gobierno. La Constitución prevé que el tribunal de garantías se renueve por tercios, y algunos expertos estiman que los cambios no pueden ser parciales, es decir, que o bien entran cuatro magistrados, o no entra ninguno.
Si el Gobierno consigue hacer sus dos nombramientos, los equilibrios del Constitucional se habrán invertido. Con los cambios, el tribunal pasaría a tener siete magistrados progresistas, por cinco conservadores. En esa situación es indudable que la nueva mayoría intentaría hacerse con la presidencia, pues creen que la norma obliga a elegir de nuevo presidente. Si el presidente elegido ahora fuese Trevijano, no tendría dificultades, porque este terminaría su presidencia en junio próximo. Pero si el presidente fuera entonces Enríquez, se daría la inusual paradoja de que la mayoría y la presidencia no concordarían, con las previsibles complicaciones para la gestión ordinaria del tribunal.
