El Gobierno y el PP inician la negociación para renovar todas las instituciones pendientes salvo el Poder Judicial

Por primera vez desde que fracasó la negociación el pasado febrero, este miércoles se han visto posibilidades reales de algún tipo de acuerdo entre el Gobierno y el PP para la renovación de algunas de las altas instituciones que tienen el mandato prorrogado. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, se han reunido la tarde de este miércoles después de una primera conversación por la mañana en lo que parece el reinicio de una negociación. Fuentes gubernamentales señalan que ambos “se han emplazado a seguir hablando para alcanzar un acuerdo que permita el desbloqueo de la renovación de órganos constitucionales, tal y como mandata la ley y la Constitución”. El Gobierno quiere pactar la renovación de todos los órganos, pero el PP plantea acordar la de varios —Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo— dejando fuera el Consejo General del Poder Judicial, el más polémico y el que tiene más poder. Fuentes del Ejecutivo trasladan una visión optimista tras la reunión, que en la visión del Gobierno demuestra que hay espacio para hablar “de todo”, incluido el Poder Judicial.

El Ejecutivo ha recogido el guante lanzado por Pablo Casado este miércoles en la sesión de control en el Congreso, donde ofreció a Pedro Sánchez esa negociación dejando fuera el Poder Judicial, donde sigue el bloqueo. Ha sido Bolaños quien ha llamado por la mañana a García Egea para reanudar las negociaciones. El PP ha lanzado la oferta, y Bolaños ha salido rápidamente a recogerla. En un primer momento, Sánchez, que no esperaba el giro de Casado, se limitó a mantener el discurso habitual que reclama al PP que vuelva a la Constitución y renueve el CGPJ. Pero enseguida el equipo más cercano del presidente vio que no podían dejar pasar esta oportunidad y permitir que Casado apareciera como el quiere renovar mientras ellos se encierran. Así que menos de una hora después de que Sánchez terminara su participación en la sesión de control y abandonara el Congreso para viajar a La Palma, Bolaños tomó la iniciativa y organizó una inusual declaración en el patio del Congreso para anunciar que se reabre la negociación. ”Estamos encantados de que el PP haya rectificado su posición de bloqueo y parece que al fin hoy quieren cumplir la Constitución, al menos en parte. Bienvenido sea el PP a la Constitución”, ha ironizado Bolaños en el Congreso.

Casado ha ofrecido un pacto parcial, que consistiría en renovar el resto de instituciones pendientes ―el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo―, pero dejando al margen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el organismo que centra el conflicto y es el que más tiempo lleva con el mandato caducado, casi tres años, algo absolutamente inédito, ya que el anterior récord estaba en dos años, también con el PP en la oposición.

Durante la sesión de control, Pedro Sánchez ha instado a Casado acatar la ley en su totalidad y no solo por partes ―“No tenga una visión ventajista de la legalidad democrática. Cumpla con los compromisos”, le ha dicho―, pero poco después se ha producido la conversación entre los dos negociadores. El Gobierno no comparte la idea del PP de negociar por separado el Constitucional o el Tribunal de Cuentas, pero el hecho de que haya decidido rápidamente reanudar la negociación indica que esta vez hay alguna opción de alcanzar un acuerdo. Fuentes del Ejecutivo insisten en que ellos quieren renovar todo, pero no van a dejar pasar la oportunidad de avanzar con algunos órganos si eso es lo que ofrece el PP porque así quedará aún más en evidencia que son los populares los únicos que bloquean el CGPJ.

En el cara a cara en la Cámara baja, Casado ha dejado claro, de nuevo, que no se mueve de su posición sobre el Poder Judicial y exige para pactar la renovación de este órgano ―cuyo mandato caducó hace más de 1.000 días― un cambio de modelo para que sean los jueces, y no el Parlamento, quienes elijan a todos los vocales de forma directa. “A nosotros no nos van a mover de la defensa de la independencia judicial”, ha insistido el líder popular. Pero Casado ahora plantea que, dado el desencuentro sobre el Poder Judicial, al menos sea posible un pacto parcial sobre el resto de las instituciones que también están pendientes de cambios. Fuentes de la dirección han enfatizado después que el PP “no se va a bajar del burro ni a admitir presiones” en lo que respecta al Poder Judicial. En el PP interpretan que el Gobierno ha tenido que aceptar su mano tendida “porque no les quedaba otra”, pero lo cierto es que el movimiento de Casado hoy busca también quitarse de encima la imagen de que bloquea la renovación, algo que preocupaba al líder popular.

Para el PP, la renovación del Constitucional en este momento no supone un problema importante porque no perdería la mayoría conservadora de siete a cinco que hay ahora. Se renovarían cuatro magistrados, pero en principio con un reparto dos a dos, con lo cual la mayoría conservadora no se vería afectada. Más delicada es la siguiente renovación de otros cuatro magistrados, prevista para 2022, y esa sí conllevaría un cambio de mayorías. En el Tribunal de Cuentas el sector conservador sí debería perder la mayoría en esta renovación, pero no es una institución tan importante como el Constitucional, que tiene pendiente cuestiones tan relevantes como el recurso contra la ley del aborto. la sentencia del procés o la eutanasia. El Defensor del Pueblo siempre ha sido una institución de consenso y en esta ocasión estaba previsto que el elegido fuera Ángel Gabilondo, con buena relación con todos los partidos.

En la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por el contrario, el PP sí tiene mucho que perder, y por eso le beneficia el retraso que esta vez ha llevado al límite. Allí, pese a la oferta del PSOE de un 10-10 (vocales progresistas y conservadores), la presidencia desempataría y tendría que recaer en un progresista —muy probablemente mujer—, por lo que los conservadores perderían el control absoluto que tienen en ese organismo desde 2012, cuando fue elegido el actual consejo con mayoría absoluta del PP en el Congreso. En algunos sectores conservadores se apuesta a la posibilidad de estirar ese retraso hasta las próximas elecciones, pero los socialistas aseguran que no podrían aceptar esa jugada y el CGPJ podría quedar bloqueado años.

El Gobierno quiere renovar todos los órganos, incluido el Consejo General del Poder Judicial. Bolaños ha explicado que no se puede abordar solo lo que se le antoje al PP, sino todos los órganos cuyo mandato ha caducado, y este lleva ya casi tres años. Pero el Ejecutivo, que podía haber rechazado la oferta de plano con este argumento, ha decidido tomar la primera oportunidad que le ofrece el PP. Es el primer intento serio de negociación desde marzo.

Después de las palabras de Bolaños, los populares han insistido en que mantienen su oferta de negociar ya la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, y que la renovación del Consejo General del Poder Judicial también se puede producir, “como siempre ha dicho Casado, siempre y cuando se avance en el reforzamiento de la independencia judicial en base a los estándares europeos, como piden los jueces, la UE y la gran mayoría de españoles”, afirman fuentes de la dirección popular. El Ejecutivo se opone al cambio de sistema que pide el PP y defiende el modelo vigente, con una participación mixta de los jueces y el Parlamento en la elección de los vocales.

Sánchez: “España no está en bancarrota”

Fuera de esta primera aproximación sobre las altas instituciones, la relación entre el presidente y el líder de la oposición sigue instalada en el desencuentro. Las declaraciones catastrofistas de Casado sobre el estado de la economía española han llevado a Sánchez a utilizar la sesión de control para “corregirle públicamente”. “España no está en bancarrota”, ha subrayado el presidente, recordando que el país crece, crea empleo y tiene una prima de riesgo baja. “Le pido”, ha instado Sánchez a Casado en tono solemne, “que no haga afirmaciones falsas que contravienen los intereses de España y de los españoles”. El líder del PP se ha defendido diciendo que Sánchez no debe confundir la imagen de España con la de su Gobierno, “que no puede ser peor”, y ha insistido en su tesis, a pesar de las previsiones de los organismos internacionales sobre el crecimiento de la economía española: “Le pasará como a Zapatero, y el PP tendrá que rescatar a España por tercera vez”, ha augurado.

Casado sostiene que el proyecto de Presupuestos Generales que ha presentado el Ejecutivo, el de mayor gasto social de la historia, es “ruinoso”, y ha cargado contra algunas de las políticas económicas del Gobierno, como la futura ley para regular el alquiler o el bono cultural para los jóvenes. A la primera la ha llamado “ley chavista” y ha aventurado que “se cargará el mercado del alquiler”; y al segundo lo ha descalificado como “un bono peronista para comprar videojuegos y cómics”, aunque aún no se conoce el catálogo de bienes y servicios que permitirá comprar ese cheque para los jóvenes. “Un político debe ponderar y medir sus intervenciones. Se puede hacer una oposición dura, pero no hacer declaraciones contra los intereses de España”, le ha emplazado el presidente.

Los abucheos al presidente en el día de la Fiesta Nacional también se han colado en la sesión. “Ayer [por el domingo] escuchó lo que dice la calle de usted”, le ha espetado Casado a Sánchez. Este parecía esperar la referencia, y ha contestado rápido: ”Siempre que gobierna la izquierda hay abucheos a los presidentes de izquierdas. Es como ustedes entienden la convivencia”.