Bruselas pide al Gobierno y la oposición un pacto para que los jueces elijan al 50% de los miembros del CGPJ

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha hecho la tarde de este martes un llamamiento a todas las formaciones políticas españolas para que pacten lo antes posible la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, a más largo plazo, la reforma del sistema de elección de ese órgano judicial para que al menos el 50% de los miembros sean elegidos por los propios jueces.

El llamamiento de la Comisión Europea ha llegado el mismo día en que Bruselas ha sometido a examen por primera vez la calidad democrática y el respeto a los valores fundamentales en España y otros cuatro miembros de la UE (Alemania, Francia, Grecia e Irlanda). La conclusión de Reynders durante un encuentro telemático con EL PAÍS y otros medios españoles es tajante: “En España no estamos en absoluto ante un problema sistémico del Estado de derecho sino ante asuntos puntuales como en otros Estados miembros”. El Gobierno ha cedido, según se ha conocido la mañana de este martes, y ha anunciado que retirará la proposición de ley que contempla reducir la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial.

Reynders (Lieja, Bélgica, 62 años) apunta en concreto a la ausencia de un CGPJ plenamente operativo y al sistema de designación del fiscal general como los dos puntos más preocupantes en la situación del sistema judicial español. Ambos elementos ya fueron señalados en el informe sobre el Estado de derecho que la Comisión Europea publicó por primera vez en septiembre del año pasado, en el que se revisó la situación en cada uno de los 27 Estados miembros de la UE.

El informe de España y el de otros cuatro países ha sido analizado este martes en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE, un debate que, según Reynders, “ha sido de gran calidad, con cruce de opiniones y preguntas, y no una mera exposición tras otra”. Sobre España se pronunciaron, entre otras, las delegaciones de Suecia, Austria o Rumania, que han destacado, según fuentes diplomáticas, los avances de la legislación española en la lucha contra la corrupción.

Las mismas fuentes indican que durante el Consejo, celebrado de forma telemática, no se cuestionó el modelo español del CGPJ que, como en cada país de la UE, tiene sus propias peculiaridades. La ausencia de críticas a España por ese motivo provocó la intervención de la delegación polaca, que se siente señalada por haber llevado a cabo unas reformas judiciales que, según Varsovia, no distan mucho del modelo español. Fuentes españolas apuntan, precisamente, que la campaña de la oposición, en particular del PP y de Ciudadanos, para cuestionar en Bruselas la credibilidad del sistema judicial español “está ofreciendo una vía de escape a Polonia y dificultando los esfuerzos de la Comisión para preservar la independencia judicial en ese país”.

Diferencia con Polonia

El titular comunitario de Justicia cree que en el caso de España “no estamos ante un problema sistémico, ni ante casos como el de Polonia, donde la Comisión ha denunciado ciertas reformas del sistema judicial ante el Tribunal de Justicia”. Y con España, apunta Reynders, no se está “en absoluto en un escenario del artículo 7”, en referencia al artículo del Tratado de la UE esgrimido contra Polonia y Hungría por su presunta violación de los valores fundamentales de la UE.

Pero el comisario europeo cree que la sesión de este martes redobla la presión sobre España para que resuelva los problemas detectados en el informe de 2020, sobre todo, con vistas a la segunda edición de ese control, prevista para mediados de este año.

Retirada de la reforma

Reynders considera que la retirada de la reforma del CGPJ planteada por el PSOE y Podemos, para rebajar de mayoría cualificada a mayoría absoluta la designación de los miembros del gobierno de los jueces, ya es un avance en la buena dirección. “Se ha frenado una evolución negativa, que nos inquietaba y que, de consumarse, quizá hubiéramos impugnado ante el Tribunal de Justicia europeo”, apunta el comisario europeo.

El titular comunitario de Justicia advierte, sin embargo, que ese paso no es suficiente para despejar las inquietudes comunitarias. “Ahora hace falta completar, por mayoría cualificada, la renovación de los miembros del CGPJ”, reclama el comisario. Esa renovación lleva dos años y medio bloqueada por falta de la mayoría parlamentaria necesaria para su aprobación, provocada por la falta de entendimiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el PP. El impacto de ese bloqueo afecta al buen funcionamiento de la justicia e impide, de rebote, cubrir hasta 46 cargos esenciales para el sistema, desde presidencia de los tribunales de justicia autonómicos hasta magistrados del Supremo.

Reynders hace un llamamiento “no solo a los partidos del Gobierno, sino también a todos los demás para pactar por mayoría cualificada la renovación del Consejo”. El comisario asegura que además de sus entrevistas con la ministra de Justicia y el ministro de Justicia también ha mantenido contactos con los grupos de oposición. Y el mensaje a unos y otros es el mismo: “Tienen que volver a la mesa de negociación”.

Mientras llega esa renovación, Bruselas considera aceptable que España limite las potestades de un CGPJ con el mandato caducado. “Se trata de algo temporal y es consecuencia de que la renovación del Consejo no se ha completado”, apunta Reynders, en la misma línea que la expresada este lunes por la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jurova.

El siguiente paso sí que se anuncia mucho más complicado y Reynders reconoce que tal vez deba esperar a unas nuevas elecciones porque se trata de reformar por completo el sistema de elección del CGPJ. Bruselas considera imprescindible que España incorpore los estándares europeos que, según Reynders, “requieren que al menos la mitad de los miembros sean elegidos directamente por los jueces”. En España, los 20 miembros del Consejo son elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocida competencia.

El comisario insiste en que no se trata de que todos los Estados tengan un sistema idéntico, pero considera imprescindible que se respete esa norma del 50% que emana de las recomendaciones de la Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que vela, entre otras cosas, por la independencia judicial.

Bruselas cree que esa Comisión de Venecia podría ser un canal adecuado para facilitar la reforma del CGPJ en España. El comisario europeo, que procede de un país tan acostumbrado a los gobiernos de coalición y a la fragmentación político, considera que la mediación de un organismo neutral facilita a menudo los acuerdos. “Para la oposición es más fácil aceptar una propuesta de un tercero que una que viene directamente del Gobierno”, apunta el belga.

Reynders entiende que reclamar este tipo de reformas desencadena batallas políticas en el seno de los países y levanta suspicacias entre los diferentes gobiernos. “He ido a 20 parlamentos nacionales a explicar nuestras objeciones y en todos la reacción ha sido la misma: por qué nos señalan a nosotros”. Pero ese debate es uno de los frutos buscados con la publicación de los informes anuales sobre la situación del Estado de derecho en la UE.

El comisario belga considera un éxito este ejercicio, que por primera vez eleva a nivel del Consejo el escrutinio de la calidad democrática y lo somete a una vigilancia similar a la ya aplicada en el terreno económico.

“Antes era muy difícil hablar de estos temas”, recuerda Reynders que, durante 20 años (1999-2019), se sentó en diferentes formaciones del Consejo como miembro del gobierno belga. El hoy comisario europeo de Justicia cree que “se ha disipado el miedo a hablar sobre el respeto al Estado de derecho, lo cual es bueno, porque no se puede hablar solo de temas presupuestarios o de déficit público”.