El PSOE acepta perfiles duros del PP para renovar el Tribunal Constitucional
Desde noviembre de 2019 estaba pendiente la sustitución de cuatro de los doce miembros de la institución. Los partidos pactan también los cambios para otras tres instituciones
El Gobierno y el PP han culminado el pacto para la renovación de todas las altas instituciones salvo el Consejo General del Poder Judicial. Una semana después de haber anunciado el acuerdo global, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cerraron este jueves los nombres de los candidatos que integrarán el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos. El Ejecutivo y el PP han consensuado un total de 20 perfiles, cuatro de ellos magistrados del Constitucional, puestos que estaban pendientes de renovación desde noviembre de 2019, aunque su cambio no altera la mayoría conservadora en el tribunal, que está en siete a cinco y así seguirá al menos hasta la siguiente renovación, en teoría en mayo de 2022.
A pesar de que los dos partidos habían transmitido en los últimos días el propósito de situar perfiles muy técnicos, los nuevos magistrados del tribunal de garantías tienen un alto perfil político. El PSOE de hecho ha aceptado perfiles muy duros cercanos al PP para renovar el Constitucional. El titular del Defensor del Pueblo será el socialista Ángel Gabilondo, y su adjunta la diputada popular Teresa Jiménez Becerril. El único organismo donde cambia la mayoría es el Tribunal de Cuentas, que ahora dominaban los conservadores y pasan a controlar los progresistas.
Tras el anuncio del acuerdo, que se hizo público pasadas las nueve de la noche, tanto el PSOE como el PP destacaron que los nombres pactados tienen “prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional”. Pero algunos de los propuestos como magistrados del Constitucional están muy significados políticamente. Es el caso, sobre todo, de Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a quien los socialistas han aceptado pese a que fue recusada varias veces en el caso Gürtel por su vinculación con el PP, y en especial a la que fue secretaria general de este partido, María Dolores de Cospedal.
El otro magistrado propuesto por el PP, Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes Generales, es colaborador de FAES, fundación vinculada al Partido Popular.
Entre los progresistas que integrarán el tribunal de garantías está Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional cercano a Unidas Podemos, que ya fue vocal del Poder Judicial a propuesta de IU. El PP siempre insiste en que Unidas Podemos está fuera, pero ha aceptado un nombre inspirado claramente por esta formación. Bolaños ha negociado en nombre del Gobierno de coalición, según admiten desde el PSOE y Unidas Podemos. El grupo de Yolanda Díaz tiene personas cercanas en todos los órganos renovados y espera tenerlas también en el Consejo General del Poder Judicial, donde el PP vetó los dos nombres que propuso en la última negociación.
Este juez fue el ponente de una sentencia que absolvió a los acusados por el asedio al Parlament de Cataluña en junio de 2011. A propuesta del PSOE entra también en el Constitucional Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y experta en las materias de igualdad de género.
La presencia de mujeres crece en esta renovación, pero sigue siendo muy baja: pasa de dos de 12 a tres de 12, porque entran dos magistradas nuevas, pero sale una. Por primera vez en 40 años, el PP ha propuesto a una mujer, Espejel, y esto sube el porcentaje. El Ejecutivo tiene la intención de mejorar en la paridad en la siguiente renovación, la que toca en mayo de 2022.
Fuentes de Unidas Podemos aseguran que no solo ha situado a Ramón Sáez Valcárcel en el Constitucional, algo inédito, sino también a Patricia Barcena como segunda adjunta del Defensor del Pueblo, y a Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla en el Tribunal de Cuentas.
Bolaños y García Egea han tardado siete días en terminar de perfilar el acuerdo para la veintena de nombres de consenso que integrarán las altas instituciones. No obstante, el pacto siempre estuvo muy avanzado porque trabajaron sobre la base de la negociación del pasado mes de febrero, cuando ambos partidos estuvieron a punto de cerrarlo antes de que saltara por los aires por el desencuentro sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El órgano de gobierno de los jueces sigue de hecho sin desbloquearse tras más de mil días con el mandato caducado, pero socialistas y populares son más optimistas ahora sobre la posibilidad de alcanzar también un acuerdo también sobre ese asunto. Las posiciones, sin embargo, siguen alejadas y ayer, desde Bruselas, Pablo Casado insistió en que debe modificarse la ley para cambiar el método de elección de los vocales y que en la próxima renovación 12 de los 20 asientos sean elegidos directamente por los jueces, sin la intervención del Parlamento, un sistema que el Gobierno no comparte.
Lo consensuado este jueves es todo lo demás: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. En la Agencia de Protección de Datos, la distribución es uno cada uno. El Defensor del Pueblo se queda para el PSOE y los adjuntos para el PP y Unidas Podemos. La nueva directora de la Agencia Española de Protección de Datos a propuesta del PSOE será Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia), que tendrá como adjunto a Borja Adsuara Varela, abogado y consultor en derecho digital, promovido por los populares.
El PP aceptó que el próximo defensor del pueblo sea el exministro socialista Ángel Gabilondo, candidato del PSOE en las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid. Pese a que el PP quería evitar que los perfiles pactados para el defensor fueran políticos o expolíticos, los populares han propuesto por su parte como adjunto al defensor a una diputada popular, Teresa Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA en 1998, muy crítica con Bildu.
La aproximación entre Gobierno y PP para la renovación institucional no ha supuesto ninguna tregua en su relación y el líder del PP cargó este jueves con dureza contra el presidente desde Bruselas y puso en duda su uso de los fondos europeos. Casado acusó además al Ejecutivo progresista de no hacer nada para que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea extraditado a España, e incluso preferir que siga fugado de la justicia española. Con todo, el pacto sí abre un camino de entendimiento entre los dos grandes partidos, que tres años después de la llegada de Pedro Sánchez al poder empiezan a fraguar los primeros acuerdos de calado.
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Satisfacción en PSOE y PP
La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que este acuerdo es muy “satisfactorio” y que da pasos en el “reforzamiento de las instituciones” del Estado. Además, ha defendido que cuenta con perfiles técnicos y profesionales, aunque los nuevos vocales del Tribunal Constitucional presentan un marcado perfil político. El portavoz de los socialistas, Héctor Gómez, también ha celebrado el pacto alcanzado, pero ha matizado que podría haber llegado mucho antes: “Cuando hay voluntad, se pueden alcanzar los objetivos”. En la misma línea se ha expresado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista en Cadena SER este jueves por la noche. Bolaños ha manifestado su intención de intentar alcanzar el acuerdo también para el órgano de gobierno de los jueces, pero ha matizado que de momento “es solo un deseo”: “No hay nada trabajado todavía desde lo que se trabajó en febrero. En aquel momento se avanzó mucho, pero no se consiguió”. En cuanto al calendario marcado, ha asegurado que todavía no hay ninguna fecha encima de la mesa, pero ha afirmado que seguirán hablando de forma discreta para conseguirlo lo antes posible. Sobre los perfiles elegidos, ha preferido no entrar a valorarlos de forma individual y ha puesto en valor el consenso alcanzado.
En cambio, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reprochado que no lleguen a acuerdos en otras materias y en esto sí. “Para eso no se sientan, pero para repartirse los puestos de responsabilidad, sí que se sientan”, ha afirmado en una entrevista este jueves por la noche en el Canal 24 Horas de Televisión Española. “Se pelean mucho en público, pero por detrás se están repartiendo los carguitos. Nosotros no vamos a participar de esto”, ha concluido.
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