Cuatro nuevos magistrados del Constitucional con alto perfil político

El Gobierno de coalición y el PP han pactado este jueves los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional, pendientes desde noviembre de 2019, y tras llegar a un acuerdo exprés la pasada semana para renovar todos las altas instituciones del Estado con el poder prorrogado, salvo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue bloqueado. Además del Constitucional, el acuerdo incluía el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, para cuyo puesto acaban de elegir al exministro socialista Ángel Gabilondo. El tribunal de garantías mantendrá la mayoría conservadora que domina ahora su composición.

Enrique Arnaldo, colaborador de FAES. Nacido en Madrid en 1957. Tiene una dilatada trayectoria en instituciones docentes y del mundo jurídico. Es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid —donde era rector el actual magistrado del tribunal de garantías Pedro González Trevijano— y letrado de las Cortes. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 1996 a 2001, etapa en la que la presidencia la ocupó Javier Delgado, quien fue también magistrado del Constitucional a propuesta del PP. Arnaldo ha sido también abogado en ejercicio, y un asiduo colaborador de la fundación FAES, presidida por José María Aznar, en la que ha participado en seminarios y encuentros. Fue el abogado defensor de Enrique López, actual secretario de Justicia del PP y consejero de la Comunidad de Madrid, en la causa abierta contra él por conducir su moto bebido.

Concepción Espejel, la jueza recusada en Gürtel. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se convierte en la primera mujer propuesta por el PP para ocupar una plaza de magistrada del Constitucional. Desde que comenzara la actual etapa democrática, los populares siempre habían apostado por hombres para los sillones del tribunal de garantías y, cuando finalmente han roto esa tradición, han optado por un nombre especialmente vinculado a su formación. Esta magistrada conservadora con casi cuarenta años de carrera, nacida en 1959 y casada con un guardia civil, ya ejerció como vocal del Consejo General del Poder Judicial, adonde también llegó en 2008 aupada por el partido que lidera Pablo Casado y donde permaneció hasta 2013.

Posteriormente, tras su regreso a la Audiencia Nacional, se convirtió en uno de los protagonistas inesperados del caso Gürtel. Sus compañeros la apartaron del tribunal que debía juzgar la primera etapa de la trama liderada por Francisco Correa, que acabó con la condena del PP por beneficiarse de la red de corrupción y que propició la moción de censura que fulminó al Gobierno de Mariano Rajoy. Esta decisión —similar a la que se adoptó con Enrique López, actual consejero del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid— se tomó por la falta de apariencia de imparcialidad. De hecho, la entonces número dos de los populares, Dolores de Cospedal, se había llegado a referir a ella como “querida Concha” cuando le impuso la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort en 2014.

Espejel fue la única magistrada que apostó por condenar a Josep Lluís Trapero, major de los Mossos, tras el juicio celebrado contra él en la Audiencia Nacional bajo la acusación de connivencia con los líderes independentistas del procés.

Ramón Sáez Valcárcel, juez progresista de la Audiencia Nacional. Propuesto por el Gobierno a iniciativa de Unidas Podemos, según fuentes de La Moncloa. Es uno de los jueces más progresistas de la Audiencia Nacional. Considerado un brillante penalista y enormemente garantista, comparte Sección de la Sala de lo Penal con Espejel y, por tanto, es habitual verlos formar parte del mismo tribunal enjuiciador. Vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida en la década de los noventa, sus resoluciones ponen siempre el acento en la defensa de los derechos fundamentales. Fue ponente de la sentencia que absolvió a los procesados por asediar el Parlament en 2011 —que después revocó el Supremo— y también de la que exoneró a Trapero —esta última, tan contundente que la Fiscalía renunció a recurrir—.

Sáez, al igual que Espejel, ha aspirado en el pasado a ascender al Tribunal Supremo, pero no lo consiguió: “¿Cuál es el problema?”, llegó a espetar a los vocales durante la entrevista que le hicieron para evaluarlo. Fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH).

Inmaculada Montalbán, una magistrada con marcada perspectiva de género. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) —de la jurisdicción contencioso-administrativa— y exvocal del CGPJ a propuesta socialista, es experta en las materias de igualdad de género. Miembro de la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, ha ejercido como presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, elegida por el pleno del Consejo General del Poder Judicial en 2008 “por su trayectoria y su perfil técnico”. En 2012, cuando los socialistas gobernaban la Junta, recibió la Medalla de Andalucía. Antes había alcanzado ya cierta notoriedad pública como ponente de la sentencia que condenó al juez de Marbella (Málaga) Francisco Javier de Urquía por aceptar para la compra de su vivienda 73.800 euros del exasesor urbanístico de este municipio Juan Antonio Roca a cambio de favorecerle judicialmente.