El Gobierno y el PP acuerdan que Ángel Gabilondo sea el nuevo Defensor del Pueblo

El Gobierno y el PP han acordado que Ángel Gabilondo (72 años, San Sebastián), exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid y exministro de Educación, sea nombrado Defensor del Pueblo, según han confirmado fuentes de la negociación y ha adelantado eldiario.es. El político y catedrático de Metafísica ha sido aceptado por el PP a propuesta del PSOE, en el marco de la negociación entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición para la renovación de las altas instituciones del Estado. El de Gabilondo será el único caso de un expolítico que ocupe una de las instituciones pactadas entre los dos partidos, porque el acuerdo es que el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas estén integrados por perfiles técnicos que no hayan pasado por la política. Gabilondo siempre fue el único candidato como Defensor, algo que tampoco se ha alterado en las últimas semanas, desde que se retomó la negociación.

La diputada del PP por Sevilla Teresa Jiménez Becerril será la nueva adjunta al Defensor del Pueblo, según ha adelantado el diario Abc. Jiménez Becerril abandonará su escaño para ser investida.

Gabilondo fue candidato por el PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las pasadas elecciones de mayo, en las que se enfrentó a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Tras el mal resultado electoral que sufrieron los socialistas ―Más Madrid superó al PSOE en votos―, el exministro renunció a su acta y se retiró de la política activa. Su nombre siempre había sonado para el cargo de Defensor del Pueblo y, aunque Ayuso llegó a decir en campaña que el PP nunca le apoyaría para ese puesto, una vez pasadas las elecciones y después de que Gabilondo sufriera una arritmia cardiaca ambos se reconciliaron, y la presidenta madrileña dejó de vetarle. En todo caso, la decisión sobre aceptar su nombramiento la ha tomado la dirección nacional del PP, con la que Gabilondo siempre ha mantenido una buena relación, que de hecho era criticada en ocasiones en las filas socialistas. El acuerdo incluye que el PP nombre el adjunto al Defensor, cuyo perfil aún no ha trascendido.

El exministro socialista sustituirá en el cargo a Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista, nombrado Defensor del Pueblo en 2017. Este organismo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas españolas. El defensor es elegido por el Congreso de los Diputados y el Senado por una mayoría de tres quintos. Su mandato dura cinco años y no recibe órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus funciones con independencia e imparcialidad y goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo.

El Gobierno y el PP alcanzaron el pasado día 14 un primer acuerdo global para renovar, además del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. El pacto dejaba fuera el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como querían los populares. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ultiman ahora los detalles de ese pacto, esto es, los nombres de los candidatos que integrarán las instituciones. El acuerdo es inminente, según fuentes de la negociación, y se dará a conocer en las próximas horas. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado han apuntado en ese sentido en Bruselas, donde ambos han viajado por la cumbre de jefes del Estado de la Unión Europea. Sánchez ha sido más explícito y ha señalado que “en las próximas horas o los próximos días” podría anunciarse.

Sánchez ha dicho en Bruselas que la tensión entre el PSOE y el PP por las declaraciones de Otegi, líder de EH-Bildu, no impide que la negociación de la renovación avance. “No va a haber una cosa relacionada con la otra en absoluto”, ha asegurado. “Estamos hablando de cumplir con la Constitución, de cumplir con la legalidad democrática”, ha insistido el presidente.

El pacto de los nombres del Constitucional también es relativamente sencillo, porque le tocan dos a cada bloque y esta renovación no altera la mayoría conservadora, que está en 7-5. Más difícil será la próxima renovación, que toca en mayo de 2022, y ahí sí se alteraría la mayoría a favor de los progresistas.

De momento, el CGPJ, el órgano de más poder, queda fuera de este acuerdo, ante las posiciones alejadas que mantienen Gobierno y PP. El líder popular ha insistido hoy desde Bruselas en que debe modificarse la ley para cambiar el método de elección de los vocales y que en la próxima renovación 12 de los 20 asientos sean elegidos directamente por los jueces, sin la intervención del Parlamento, un sistema que el Gobierno no comparte. “Ahora que el PSOE ha aceptado nuestra mano tendida, pido que haga caso a Europa y procedamos a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y también renovemos el Consejo General del Poder Judicial”, ha subrayado Casado.

La aproximación entre Gobierno y PP para la renovación institucional no ha supuesto ninguna tregua en su relación y el líder del PP ha cargado con dureza contra el presidente desde Bruselas y ha puesto en duda su uso de los fondos europeos. Casado ha pedido a Sánchez que informe a Europa de su propuesta de destinar gasto público para “comprar votos” con el bono cultural para jóvenes con el objetivo de “comprar cómics y videojuegos”, a pesar de que todavía no se conoce el catálogo de bienes y servicios que se podrá comprar con el cheque, que también han puesto en marcha Italia y Francia. “¿Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios?”, ha preguntado Casado. El líder popular también ha acusado al Ejecutivo progresista de no hacer nada para que el expresidente catalán Carles Puigdemont sea extraditado a España, e incluso preferir que siga fugado de la justicia española. “Hoy voy a defender a la justicia española porque Puigdemont es un prófugo que se está paseando por países europeos sin que el Gobierno de España haga nada, casi poniendo velas para que no lo extraditen y no le entreguen, porque le crearía un problema con sus socios en España”.