El PP mantiene el bloqueo institucional tras mil días de parálisis en la renovación del Poder Judicial

El nuevo curso político ha comenzado como terminó el anterior, con el Gobierno y el PP enfrentados por la parálisis que desde hace años afecta al Consejo General del Poder Judicial y otros órganos institucionales. El PSOE y Unidas Podemos acusan al partido de Pablo Casado de impedir su renovación anteponiendo los intereses de los populares, con mayoría en el órgano de gobierno de los jueces y otros entes que fueron renovados por última vez cuando Mariano Rajoy era el presidente del Gobierno. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha instado al PP a que negocie “sin chantajes” y con “sentido de Estado” la remodelación de los órganos. El miércoles y jueves, Llop se reunirá con los grupos parlamentarios con la renovación del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde el 4 de diciembre de 2018 —este lunes se cumplen 1.000 días—, como “uno de los temas principales”. Llop comparecerá en el Congreso el 9 de septiembre.

El PSOE ha lanzado una ofensiva este lunes contra el PP con el lema Mil días de secuestro de la Constitución en la que recuerda la interinidad que arrastran órganos fundamentales para el funcionamiento de las instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Su renovación requiere el apoyo de tres quintos del Congreso, donde el PP cuenta con 88 de los 350 escaños. “Es imprescindible restablecer la legitimidad democrática de nuestras instituciones. Se está atentando contra la calidad de nuestra democracia, el PP está realizando un sabotaje institucional a todos estos órganos”, ha afirmado Eva Granados. La portavoz del comité organizador del 40º Congreso Federal del PSOE ha tildado la situación de “inadmisible”: “Pedimos al PP que libere al Poder Judicial que lleva tres años secuestrando, deje de actuar con una deslealtad histórica y se siente a la renovación de todos los órganos”. El socio minoritario del Gobierno de coalición también se ha sumado a los reproches. “Mil días operando sin legitimidad democrática. Mil días violando el artículo 122 de la Constitución. Mil días de comportamiento sedicioso del PP para blindar y atrincherar a los suyos en el Poder Judicial. Mil días desprestigiando la Justicia”, ha criticado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. La Ley Fundamental establece en el artículo mencionado que la composición del Consejo General del Poder Judicial tendrá una vigencia de un periodo de cinco años.

El PP, que ha llegado a exigir al PSOE que excluya a Unidas Podemos para llegar a un acuerdo y ha vetado el nombramiento de José Ricardo de Prada, el juez de la sentencia del caso Gürtel, se escuda desde hace meses en un cambio en la elección de los componentes del Poder Judicial. Bruselas sugirió en julio que la mitad de los 20 miembros del órgano de gobierno sean elegidos por jueces. “Hay que avanzar hacia los estándares europeos y hacia la elección directa de los vocales del Poder Judicial por parte de los jueces. Pedimos al Gobierno que no se eche en manos de quienes quieren controlar la justicia y acepte propuestas como las que defendemos. Solo así se podrá renovar el Consejo”, ha esgrimido Teodoro García Egea, secretario general del PP, tras la primera reunión del curso de la dirección popular.

El órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones desde hace casi tres años y las negociaciones están estancadas pese a que en varias ocasiones el PP y el PSOE estuvieron a punto de cerrar un acuerdo. En el caso del Tribunal Constitucional, 4 de sus 12 magistrados tienen el mandato caducado desde hace año y medio y por lo tanto deberían ser sustituidos. Pero el PP impone su minoría de bloqueo en el Parlamento. A su vez, el 23 de julio finalizó el mandato por nueve años de los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, donde los conservadores también son mayoría. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, del PSOE, está en funciones desde el 20 de julio de 2017, tras la renuncia de Soledad Becerril (PP).

Los socialistas no contemplan en modo alguno recuperar la ley que impulsaron con Unidas Podemos el pasado otoño para cambiar la mayoría de tres quintos exigida para renovar el Poder Judicial por una votación por mayoría absoluta y así no depender del PP. La presión de la Comisión Europea, contraria a la reforma del sistema de votación, que tampoco contaba con el respaldo del mundo judicial, decidieron al Gobierno a aparcar la decisión. Bruselas urgió de nuevo en julio a su renovación sugiriendo que, en línea con los “estándares europeos”, la mitad de los 20 miembros del órgano de gobierno sean elegidos por jueces. “Hay que avanzar hacia los estándares europeos y hacia la elección directa de los vocales del Poder Judicial por parte de los jueces. Pedimos al Gobierno que no se eche en manos de quienes quieren controlar la justicia y acepte propuestas como las que defendemos. Solo así se podrá renovar el Consejo”, ha observado García Egea.

La comparecencia del secretario general de los populares ha marcado la línea a seguir en la estrategia de oposición. García Egea ha asegurado que la convención del PP, que se celebrará entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre en Santiago de Compostela, Valladolid, Madrid, Córdoba, Cartagena y Valencia, servirá para presentar “alternativas” a la “agenda radical y sectaria” del Gobierno. Preguntado por la operación de evacuación de Afganistán, en la que la Comisión Europea ha felicitado a España, el número dos de los populares ha asegurado que a Pedro Sánchez “le sobran todas las medallas que pretende ponerse con el esfuerzo de los demás” y ha asegurado que “la mitad del Gobierno” no había “felicitado” a “los militares que se han jugado la vida”. También ha calificado de “gran fracaso” del presidente las cifras de vacunación, pese a que España lidera los rankings, y ha acusado al Ejecutivo de no dar a las comunidades los medios y vacunas suficientes. El pasado viernes 32,5 millones de españoles, el 68,4% de la población, ya contaba con la inmunización completa contra la covid. El Gobierno confía en alcanzar la cifra del 70% en los próximos días.