La Comisión Europea urge a España a la renovación del Consejo General del Poder Judicial

Bruselas urgió de nuevo a España a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al constatar la persistencia del bloqueo en el órgano del gobierno de los jueces desde 2018. La Comisión Europea ha publicado por segunda vez este martes sus informes sobre el Estado de derecho en cada país de la UE. En el caso de España, de nuevo ha puesto el foco en el CGPJ, sobre el que teme que pese la percepción de que es “vulnerable a la politización” a causa del atasco en la elección de sus nuevos miembros. Bruselas aplaude, en cambio, que el PSOE y Unidas Podemos retiraran su propuesta de reforma de ese órgano para sortear al Partido Popular y sugiere una elección basada en los “estándares europeos” para que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces.

La Comisión Europea ha publicado un ejercicio en el que repasa las debilidades de cada uno de los socios de la UE, con Polonia y Hungría en el punto de mira por las reformas que socavan el Estado de derecho. España repite prácticamente el diagnóstico del informe publicado en septiembre de 2020, cuando ya le advirtió sobre la situación en la que se halla el CGPJ y sobre sus preocupaciones respecto a la Fiscalía General del Estado. Cataluña tampoco aparece esta vez en el informe. “Es un asunto interno y no hay un problema de Estado de derecho en esta cuestión específica”, sostienen fuentes de la Comisión Europea, que explican que en esta ocasión incluso han recibido menos comentarios sobre el juicio a los líderes del procés pese a haber realizado más entrevistas a la sociedad civil. Es más, estas fuentes constatan “satisfacción” al constatar que el conflicto catalán se está “encauzando”.

El bloqueo del CGPJ sigue en el radar de Bruselas, que ha sido muy crítica con el intento de los socios del Gobierno de España de reformar su sistema de elección para poder prescindir del PP. La Comisión acoge la retirada de ese proyecto, que a su juicio “habría aumentado la percepción del Consejo como vulnerable a la politización”. Fuentes de la Comisión celebran, de hecho, que sus advertencias surtieran efecto. El documento recuerda, además, que “se hizo una llamada a establecer un sistema de elección de los jueces que son miembros [del CGPJ] por sus colegas”.

Entre las asociaciones con las que se ha reunido la Comisión están las cuatro entidades de la carrera judicial, de las cuales tres le habían enviado en abril una carta para denunciar el “riesgo claro de violación del Estado de derecho en España” por las reformas impulsadas por el Gobierno. “Algunas asociaciones de jueces pidieron que los 12 miembros del Consejo sean elegidos directamente por sus colegas de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa, y el Consejo de Europa recordó que los estándares europeos establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser jueces elegidos por sus iguales de todos los niveles del poder judicial”, indica el informe. “Es importante que se tengan en cuenta estas normas europeas y que se consulte a todas las partes interesadas pertinentes”, remacha.

La vicepresidenta para Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, ha afirmado que Bruselas viene manteniendo un “diálogo muy intenso” con el Ministerio de Justicia en el que se ha insistido en la “necesaria renovación” del CGPJ y en la necesidad de que las nominaciones y nombramientos sean “independientes”. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha explicado que el viernes pasado habló con la nueva titular de Justicia, Pilar Llop, y le comunicó la urgencia de comprometerse con el proceso de renovación y de reiniciar las discusiones para una posible reforma del órgano.

Acoso y veto a periodistas

Bruselas también mantiene otra de las preocupaciones expresadas en el informe de 2020: “La autonomía de la Fiscalía sigue suscitando dudas y debate”. El Ejecutivo de Ursula von der Leyen sigue considerando que “la coincidencia en el mandato del fiscal general y el Gobierno puede afectar a la percepción de independencia”. Además, recoge las llamadas a reformar el estatuto del Ministerio Público para darle más independencia en materia de “organización, presupuesto, regulación interna y formación”. La Comisión también señala a España por la cuestión de los aforamientos o el hecho de que la legislación española no exija que pase un tiempo desde que un miembro del Gobierno o el Parlamento deje su cargo para asumir un puesto en la Fiscalía o la judicatura.

La Comisión sí destaca en el informe los esfuerzos que está haciendo España para digitalizar la justicia o la percepción entre expertos y ejecutivos de que la corrupción en el sector público sigue siendo “relativamente baja”. Bruselas se detiene, de hecho, a examinar el marco legislativo contra la corrupción. El Ejecutivo comunitario reconoce que el Gobierno ha desplegado numerosas iniciativas para reforzar “la integridad del sector público”, señala que España tiene en marcha la legislación sobre grupos de presión, transparencia o protección a denunciantes. Sin embargo, también advierte de que la lucha anticorrupción carece de una estrategia específica y avisa de que “la insuficiencia de recursos sigue siendo un obstáculo para lidiar con eficacia con los casos de corrupción de alto nivel”.

Otro de los grandes caballos de batalla de la Comisión es el respeto a la libertad de prensa, sobre todo a raíz de los desafíos en Hungría o Eslovenia. En el caso de España, el informe expresa “preocupaciones” en cuanto al “impacto negativo” que la ley de seguridad ciudadana —la conocida como ley mordaza, que Bruselas señala que ha sido criticada por varias entidades— puede tener sobre los periodistas, en particular sobre los fotoperiodistas. El documento recuerda, además, que en el último año se han seguido dando casos de “partidos políticos que han prohibido a ciertos medios o periodistas participar en sus conferencias de prensa o han atacado públicamente a los medios de comunicación que no comparten sus opiniones”. “El acoso a periodistas en las redes sociales es un fenómeno cada vez más preocupante”, añade la Comisión. Tras la publicación del informe de 2020, la vicepresidenta Vera Jourová afirmó a EL PAÍS que estaba siguiendo, en concreto, el caso de Vox.