El Tribunal Constitucional de Bélgica aleja la extradición de Valtònyc
La causa del rapero provoca que se derogue una ley belga sobre injurias a la corona de 1847

El Tribunal Constitucional de Bélgica se ha pronunciado este jueves sobre el caso del rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, y de paso se ha llevado por delante una vieja ley belga de 1847 sobre injurias a la corona. La decisión del máximo intérprete de la constitución del país aleja además la posibilidad de que el músico, condenado en España, sea extraditado a su país. Será ahora el Tribunal de Apelación de Gante, el cual elevó la consulta sobre el caso, el que deberá decidir sobre la euroorden que pesa sobre Valtònyc.
El músico se escapó de España en 2018 escondido en el maletero de un coche, después de ser sentenciado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas incluidas en las letras de sus canciones. Se instaló en Bélgica y en este país forma parte del círculo independentista del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. No es raro verle en la llamada Casa de la República de Waterloo, realizando trabajos técnicos.
En primera instancia, el tribunal de Gante encargado de revisar su caso consideró que sus creaciones quedaban amparadas por la libertad de expresión y rechazó su extradición. El tribunal de apelación, en cambio, quiso consultar si las ofensas al Rey entran o no dentro de la libertad de expresión en Bélgica, por lo que optó por elevar una pregunta prejudicial. La defensa de Arenas, la misma que representa a Puigdemont y el resto de políticos independentistas reclamados por España, estimaban que la ley decimonónica que castigaba las injurias al rey y a la familia real belgas habría quedado invalidada bajo la lupa de la actual norma fundamental del país. Y así lo ha considerado el Constitucional.
En opinión de este tribunal, la ley belga sobre delitos contra la corona de 1847 es incompatible con la protección de la libertad de expresión. “No satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey”, señala el fallo del Constitucional.
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