Ramón Sáez, un juez progresista ingobernable

Ramón Sáez (Madrid, 64 años) es un juez tan progresista como independiente. Un perfil difícil de explicar en un mundo que busca las etiquetas fáciles. Coinciden en el diagnóstico sus amigos y muchos de sus compañeros magistrados de distintas tendencias ideológicas a lo largo de los 35 años que lleva ejerciendo como juez. Hay calificativos que aparecen siempre: muy brillante en la técnica jurídica, profundo, concienzudo, estudioso, culto, ávido lector, poco amigo de la exposición pública, muy preocupado por la labor social de la justicia, buen compañero y con capacidad para debatir con cualquiera, incluso aunque esté en las antípodas de sus planteamientos. Planteamientos de claro y marcado carácter progresista, pero de nulo sentido partidista.

“Se está diciendo que es un hombre de Podemos porque parece que la propuesta salió de ellos, pero eso es no conocer a Ramón, que no ha seguido una consigna en su vida”. Pronuncia estas palabras Manuela Carmena, exmagistrada y exalcaldesa de Madrid, que ha acompañado a Sáez a lo largo de toda su carrera desde que, en la primavera de 1986 un joven Sáez la eligió para que dirigiera sus prácticas en la Escuela Judicial. Con ella aprendió el oficio. Desde entonces, han coincidido en los juzgados de Plaza de Castilla, en el Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001, y, sobre todo, en su concepción de cómo debe ser la justicia. “Ya tenía entonces una mirada muy profunda sobre el derecho y una fuerte vocación social. Diez años después, cuando llegamos al Consejo, me di cuenta de que el alumno era tan brillante que me había superado. Algo que te enorgullece pero también, por qué no decirlo, te escuece un poco. Pero así era”.

A ese Poder Judicial de 1996 Sáez llegó a propuesta de Izquierda Unida. “Pero lo primero que hicimos fue negarnos a seguir la consigna que nos habían dado de votar a Javier Delgado como presidente”, recuerda Carmena. “Delgado salió elegido y luego tuvimos una relación excelente con él porque era buen jurista y buena persona. Pero en ese momento nos negamos a que los partidos decidieran por nosotros y pensábamos que eran los vocales quienes tenían que hacer esa elección de forma independiente. En otra ocasión votamos con la derecha para que fuera elegido un magistrado del Tribunal Supremo que creíamos que lo merecía. Así fueron los cinco años. Se negoció mucho, pero siempre actuando en conciencia”.

Sáez recaló en Madrid, donde ha desarrollado toda su carrera, tras pasar por un juzgado andaluz. Estuvo instruyendo en Plaza de Castilla y juzgando en la calle Julián Camarillo, donde impulsó la mediación penal entre víctimas y victimarios cuando nadie hablaba de ella. En su juzgado, la mediadora Esther Pascual —que años después coordinaría los encuentros entre víctimas y presos de ETA—, ya intentaba promover en 2006 una reparación que fuera más allá del estricto cumplimiento del derecho penal. “A través de la mediación se hace protagonistas del conflicto a las víctimas y a los acusados”, defendía entonces Sáez en conversación con este periódico. “Las víctimas deciden. Nadie habla por ellas”. Ahora lo recuerda como una de las mejores experiencias profesionales de su vida. “La más hermosa”, asegura. En esos años, en los que juzgaba muchas veces delitos menores, era llamativo el trato especialmente cercano hacia los procesados, los testigos y los afectados por un delito. Era una forma particular de ejercer la magistratura como servicio público que él se había propuesto y que llevaba a cabo sin esfuerzo porque esa calidez forma parte también de su carácter.

Llegó a la Audiencia Nacional en enero de 2007, donde milagrosamente ha logrado quedar fuera de los focos en el tribunal más mediático. Fue ponente de la sentencia que absolvió al mayor Josep Lluís Trapero por la actuación de los mossos durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 (decisión que ya es firme) y de la absolución de 19 de los 20 los acusados por el asalto al Parlament de 2011 (decisión que el Supremo revocó). Es extremadamente garantista con el respeto a los derechos fundamentales aunque esto conduzca a una absolución y ha analizado las razones por las que el Tribunal de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigar torturas, y sus causas.

En la Audiencia Nacional no es juez instructor, sino juzgador. Ha compartido tribunal con magistrados de todo tenor e ideología. Uno de sus compañeros fue el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Francisco Viera, en su sección en este momento y adscrito a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (Sáez lo está a la progresista Jueces y Juezas para la Democracia), lo califica como un “magnífico magistrado, con una gran formación y mucho peso”. ¿Su ideología le marca? “Cada magistrado tiene su forma de entender las cosas, eso es consustancial a la persona. Por eso soy contrario a etiquetar a los magistrados. Lo importante es la motivación de las resoluciones, hacer un trabajo serio. Ramón Sáez, con la altura jurídica que tiene, aportará al Tribunal Constitucional su punto de vista, su profundo conocimiento del derecho penal, del derecho constitucional y de la aplicación de los derechos fundamentales”.

José Ricardo de Prada, el juez ponente de la sentencia de Gürtel vetado desde entonces por el Partido Popular de manera taxativa para cualquier cargo en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional, cree que Sáez llevará al Constitucional “mucha conexión con la realidad; la capacidad de abrir nuevos debates; la capacidad de reflexionar sobre los problemas de nuestra sociedad”. Ana Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y viuda del juez Javier Martínez Lázaro, que coincidió muchos años en la Audiencia Nacional con él, destaca su capacidad para debatir siempre de forma serena y respetuosa. Lo hace, muchas veces, tirando de humor y socarronería, otra de sus señas de identidad.

Sáez ha intentado en varias ocasiones llegar al Tribunal Supremo, sin conseguirlo a pesar de su indiscutida calidad técnico-jurídica y su dilatada experiencia. La última vez espetó a los vocales del Poder Judicial: “¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo que hacer para ser nombrado?”. En 2012, en la prueba de especialización penal había quedado el número uno en un examen cuyas dos primeras fases eran anónimas; los que corregían no sabían el nombre de los participantes. Sin embargo, con su cara por delante, el Supremo se había convertido en una meta inalcanzable. Lo tenía asumido. “Sabía que algunas decisiones, como la sentencia del asalto al Parlament, no aumentaban precisamente mis opciones”, reflexiona. “Pero mi compromiso con el derecho tal y como yo lo entiendo siempre ha estado por encima de cualquier cargo”. Al final, la oportunidad ha llegado por un sendero distinto: el Tribunal Constitucional. “El trabajo más bonito del mundo para un jurista”, dice.