El Poder Judicial prevé suavizar su respuesta al Gobierno por la ley para renovar el Constitucional

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate este jueves hasta dónde llevar su último choque con el Gobierno. Los vocales tienen sobre la mesa la propuesta de nueve consejeros conservadores para mostrar el rechazo a la reforma legal exprés que impulsa el PSOE para sustituir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato venció el pasado 12 de junio. Pero el escrito que estos presentan necesita dos votos más para garantizar su aprobación y, con la redacción que presentaron el lunes, no los iban a conseguir. La postura que adopte el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, puede ser decisiva, y las fuentes consultadas señalan que, en principio, es partidario de un acuerdo con un amplio consenso, algo que con ese texto parecía imposible de alcanzar. El propio Lesmes y los vocales impulsores de esa iniciativa han mantenido en las últimas horas conversaciones con otros miembros del órgano para acordar un texto “más aglutinador”, en palabras de uno de los consejeros. Y se da por seguro que se planteará un nuevo texto, que se terminará de cerrar en el pleno. Previsiblemente, de las dos propuestas que se presentaron inicialmente, se quede fuera la segunda, que pretendía poner en conocimiento de la UE las quejas del Consejo por la reforma legal.

El texto que firmaron nueve de los diez vocales elegidos por el PP propone que el CGPJ exprese su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) anunciada por el PSOE —que devolvería al Consejo, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, la competencia para elegir magistrados del Constitucional, pero no el resto de nombramientos discrecionales— con un doble movimiento: solicitar al Congreso que recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces antes de someter a votación la nueva redacción de la ley; e informar a la Comisión Europea de la propuesta socialista, lo que supondría la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se dirige oficialmente a la UE para quejarse por una actuación impulsada por el Gobierno.

El primer punto es muy similar al que se aprobó en diciembre de 2020, cuando las Cortes tramitaban la reforma legal que prohibió los nombramientos discrecionales al Consejo mientras esté en funciones. El Congreso rechazó dar voz al CGPJ y reclamó al órgano de gobierno de los jueces “respeto” para su capacidad de legislar. El sector progresista, que entonces se dividió con cuatro votos a favor de la protesta y cinco en contra, se sitúa ahora más firme frente a la iniciativa de los vocales conservadores, y miembros consultados de este grupo solo se plantearían votar a favor si el escrito se reconduce hacia una petición al Congreso de que se renueve cuanto antes el CGPJ, que tiene el mandato caducado desde diciembre de 2018 mientras persiste el bloqueo del Partido Popular en su renovación. “Si hacemos un reproche hay que hacérselo, primero, al PP, que es el culpable de la situación que tenemos”, señala un miembro del órgano que hace año y medio apoyó la propuesta contra la anterior reforma legal, pero asegura que este jueves no lo hará, aunque admite su rechazo a la nueva reforma planteada por el PSOE.

El segundo punto, la posibilidad de dirigirse a la UE, suscita aún menos apoyos que el primero porque supone implicar institucionalmente ante la Comisión Europea al órgano de gobierno de los jueces. Esta posibilidad también se debatió cuando se acordó la protesta contra la anterior reforma legal, pero acabó descartándose porque una mayoría del pleno, incluido Lesmes, la consideraron inapropiada. El ala más beligerante contra el Gobierno la ha retomado ahora, pero entre los propios impulsores del texto han surgido discrepancias sobre este punto y varios consultados dan por hecho que quedará fuera.

Tras la jubilación del vocal Rafael Fernández Valverde, el pleno del Consejo cuenta con 20 miembros, aunque una de las consejeras está de baja por enfermedad y, previsiblemente, no estará en la sesión de este jueves. En ese caso, el escrito de los nueve vocales conservadores requería el voto a favor de, al menos, otro miembro del órgano, pero los impulsores pretenden reunir más apoyos. Las miradas están puestas en Vicente Guilarte, el único propuesto por el PP que no firmó la propuesta, y en el propio Lesmes. Ambos estarían dispuestos a apoyar un escrito, según las fuentes, con algunos cambios en la redacción, como hacer alusión al acuerdo aprobado esta semana por la Sala de Gobierno del Supremo, que preside Lesmes. El nuevo texto desvinculará también la reforma legal del bloqueo en la renovación del CGPJ. “La imposibilidad de cubrir las vacantes del Supremo viene por la ley, no por la no renovación del Consejo”, advierte un vocal. Las conversaciones se han mantenido también con vocales progresistas y los consejeros que presentaron el texto confían en recabar uno o dos apoyos de este sector.