El Supremo advierte al Congreso y al Senado de que tendrá “dificultades extraordinarias” para funcionar si no se cubren sus vacantes

La reforma legal que ha impulsado el PSOE para poder renovar el Tribunal Constitucional ha enfriado las expectativas de que el Gobierno y el PP puedan llegar pronto a un acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde diciembre de 2018. Sin pronunciarse directamente sobre ese cambio legislativo, la cúpula del Tribunal Supremo ha acordado este lunes dirigirse al CGPJ para que transmita al Congreso de los Diputados y el Senado su “honda preocupación” por una situación que consideran que, de alargarse, se volverá “insostenible”. “El paulatino aumento de vacantes que no pueden ser cubiertas merma la capacidad del Tribunal Supremo de cumplir la función que la Constitución y las leyes le encomiendan y en no mucho tiempo supondrá dificultades extraordinarias para su funcionamiento”, señala la Sala de Gobierno del alto tribunal en una nota pública difundida a los medios. Además, nueve vocales conservadores del Consejo han pedido al presidente, Carlos Lesmes, que el pleno de este jueves debata si solicitar al Congreso que recabe un informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la nueva reforma legal.

El Supremo es el tribunal más perjudicado por el veto del Gobierno a que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos discrecionales cuando, como ahora, tenga el mandado cumplido. El Gobierno incorporó esa prohibición en marzo del año pasado en la Ley Orgánia del Poder Judicial (LOPJ) mediante una reforma cuyo objetivo era mermar las funciones del actual Consejo como forma de presión al PP para que se sentara a negociar su renovación. Pero, durante la etapa de Pablo Casado al frente del partido, los populares se mantuvieron inflexibles e impusieron condiciones cambiantes que hicieron fracasar los intentos de acercamiento, mientras la imposibilidad de hacer nombramientos ha ido dejando vacantes en la cúpula judicial que afectan especialmente al Supremo, que tiene ya vacías 14 de sus 79 plazas.

La situación afecta a todas las salas del Supremo excepto a la Segunda (Penal). La más perjudicada es la tercera (Contencioso-Administrativo), con 8 vacantes. En la Sala Primera (Civil) falta un magistrado; en la Cuarta (Social), tres; y en la Quinta (Militar), uno. En el acuerdo alcanzado este lunes por la Sala de Gobierno (integrada por los presidentes de las cinco salas y cinco magistrados elegidos por sus compañeros, además del presidente, Carlos Lesmes), el tribunal asegura que la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad legal de realizar nombramientos discrecionales están creando una situación que, de continuar, será “insostenible”.

No es la primera vez que la cúpula del Supremo advierte de las consecuencias de la no renovación del Consejo y de la imposibilidad de sustituir a los magistrados que se jubilan, fallecen o se marchan voluntariamente del tribunal. En octubre pasado, aprobó un informe encargado al gabinete técnico del tribunal que concluyó que existía riesgo de “colapso” si no se solucionaba pronto la situación. Según sus previsiones, si las vacantes no se cubren, el Supremo dictará 1.000 sentencias menos al año, un 25% del total que dictaba hasta ahora. La cúpula de alto tribunal se ha dirigido también recientemente al Ministerio de Justicia para pedir medidas de refuerzo que ayuden a las salas más afectadas a sacar adelante el trabajo acumulado. Tras meses de tira y afloja, en una reunión celebrada la semana pasada entre el Gobierno y el tribunal, el departamento que dirige Pilar Llop accedió a conceder las medidas que le habían solicitado.

La petición del Supremo se dirige ahora al Congreso y al Senado porque es a las Cortes a las que la ley encomienda la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ambas cámaras pusieron en marcha el proceso en 2018, antes de que expirara el mandato de Lesmes, pero las desavenencias entre los dos principales grupos parlamentarios (cuyo acuerdo es imprescindible para obtener la mayoría de tres quintos necesaria para nombrar a los nuevos vocales) mantienen bloqueado el órgano.

La reforma legal que anunció la semana pasada el PSOE pretende sortear el bloqueo del CGPJ e intentar renovar cuatro de los 12 magistrados del Constitucional que terminaron mandato el pasado 12 de junio. Dos tiene que elegirlos el Gobierno, pero los otros dos corresponden al Consejo que, con la ley vigente, no puede nombrarlos. El impulso de esta norma -que levantaría el veto a hacer nombramientos, pero solo para los dos pendientes de elegir en el Constitucional- no ha gustado ni en el Supremo ni en el Consejo, que exigen que el órgano de gobierno recupere sus competencias para hacer todas las designaciones pendientes y no solo las del Constitucional, con los que el Gobierno pretende garantizarse una mayoría progresista en el tribunal de garantías.

El anuncio de la nueva reforma legal ha provocado que el PP de por “rotos” los puentes para intentar desbloquear la renovación del Consejo, un asunto que los populares se habían comprometido a abordar en julio, una vez pasadas las elecciones andaluzas. Ese nuevo choque entre el PSOE y el PP ha hecho que en el Supremo cunda la idea de que la renovación vuelve quedar en el aire, lo que puede agravar su situación y ha llevado a la Sala de Gobierno a advertir este lunes de sus consecuencias al Congreso y el Senado.

La modificación anunciada por el PSOE tampoco ha gustado en el sector conservador del CGPJ. Nueve vocales propuestos para el órgano por el PP solicitaron ayer por escrito a Lesmes que incorpore en el orden del día del pleno de este jueves un punto para pedir al Congreso que recabe el informe del órgano de gobierno de los jueces sobre la reforma propuesta. Los consejeros reclaman que la modificación no solo devuelva al Consejo la competencia para nombrar a los dos magistrados del Constitucional, sino para todas las designaciones discrecionales que vetadas por ley desde el año pasado. Además, piden que el Consejo se dirija a la Comisión Europea par informarle sobre la nueva reforma legal. Una propuesta similar fue aprobada por el CGPJ durante la tramitación del anterior cambio legal, pero el Congreso rechazó pedirle al Consejo el informe que el órgano pretendía hacer.