El Supremo denuncia la “situación límite” de la Sala de lo Contencioso ante las vacantes que no se cubren

El Tribunal Supremo ha aprobado este lunes una serie de medidas para reorganizar su Sala de lo Contencioso-Administrativo ante la “situación límite” en que se encuentra, dada la imposibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombre nuevos magistrados. Este impedimento fue introducido en la ley en marzo del año pasado, para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces mientras siga en funciones con su mandato caducado, en este caso desde diciembre de 2018.

Ante el riesgo de colapso, la Sala de Gobierno ha aprobado la propuesta del presidente de la Sala de lo Contencioso, César Tolosa, para la reorganización de sus secciones ante las vacantes existentes. La “situación límite” que se denuncia proviene de que a partir del próximo mes de abril, con las jubilaciones de los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, dicha sala contará con solo 25 magistrados (incluido su presidente), lo que supone “el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados”.

Para paliar esta situación, se ha aprobado reforzar las dos secciones que, tras dichas jubilaciones, quedarán con solo cuatro integrantes (la Segunda y la Quinta) con un magistrado cada una, que saldrán de las dos secciones que cuentan con seis magistrados (la Tercera y la Cuarta). En paralelo, ha comenzado a detectarse en la Sala de lo Contencioso una “extraordinaria carga de trabajo” que aconseja tomar “medidas específicas y temporales” para afrontarla, porque la sobrecarga aumentará. Así, se espera en vista de que en la entrada de recursos destacan ya “los que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, de los que ya se han planteado decenas en los últimos días y que el tribunal prevé que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas”.

Frente a ello, se elevará una propuesta de reforma legislativa para modificar el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con el fin de que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes ante el Supremo hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto. El objetivo sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras a una mayor seguridad jurídica.

La Sala de Gobierno del Supremo espera la entrada de miles de recursos contencioso-administrativos en las próximas fechas contra la desestimación por el Consejo de Ministros de reclamaciones indemnizatorias en concepto de responsabilidad patrimonial, presentadas por ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por la aplicación de medidas frente a la pandemia de la covid. Para afrontar estos litigios, se solicitarán al Ministerio de Justicia medidas de refuerzo mediante la contratación de letrados y funcionarios en el Gabinete Técnico del Supremo.

Otro aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de Recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar admitir uno o varios y, al tiempo, suspender el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.