El Poder Judicial reclama por primera vez magistrados de apoyo para una sala del Supremo ante la imposibilidad de cubrir las vacantes

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el primer paso para poner en marcha la medida más excepcional de las acordadas hasta ahora para paliar la imposibilidad de nombrar a nuevos magistrados en el Tribunal Supremo: reclamar al Ministerio de Justicia que apruebe la incorporación temporal de jueces para que ayuden a los titulares de la Sala Primera —la Civil— a redactar sus sentencias. La comisión permanente del Consejo dio el pasado jueves el visto bueno a la llamada de auxilio que le llegó del presidente de esta sala, Francisco Marín Castán, quien pidió la adscripción al gabinete técnico de cinco magistrados de apoyo para poder sacar adelante los casi 20.000 asuntos que tiene pendientes. “Se ha alcanzado un punto en el que ya no es posible mantener un tiempo de respuesta razonable si no se adoptan medidas de refuerzo o apoyo adicionales”, lamentó Marín Castán en el texto de la solicitud avalada por el Consejo.

El órgano de gobierno de los jueces enviará ahora su propuesta al Ministerio de Justicia, de quien depende que se pueda implantar la medida. Apenas hubo debate, según fuentes del órgano, porque la iniciativa contaba con dos precedentes: uno en la Sala Tercera y otro en la Cuarta, en las que se ha usado esta fórmula anteriormente como remedio de urgencia en situaciones de gran carga de trabajo. Pero es la primera vez que el Consejo pone en marcha la incorporación de magistrados a una sala para sortear una situación nueva: la imposibilidad de cubrir vacantes ante el bloqueo de la renovación del CGPJ ―pendiente desde hace tres años― y la reciente reforma legal que impide al actual Consejo hacer nombramientos discrecionales mientras siga en esa situación de interinidad.

Ya son más de medio centenar las plazas sin cubrir que hay en la cúpula judicial, 11 de ellas en el Tribunal Supremo, el órgano más perjudicado porque cada magistrado que pierde el tribunal (por jubilación, fallecimiento o por una marcha voluntaria) deja un hueco que no puede ser cubierto de forma automática. La Sala más afectada no es la Primera —donde hay una vacante—, sino la Tercera (de lo contencioso-administrativo), que ha sufrido seis bajas en los últimos meses y, si no se renueva el Consejo, tendrá problemas para formar tribunales de deliberación a partir de marzo, cuando se prevén nuevas jubilaciones. El CGPJ ha explorado varias posibles soluciones para esta sala, pero se han descartado de momento.

El presidente de la Sala Primera del Supremo pulsó el botón de alarma hace unos días y advirtió de que si no hay medidas de apoyo será “imposible” asumir todo el trabajo. En el escrito presentado para acompañar la petición, Francisco Marín Castán alerta de que en los últimos años se ha producido un “exagerado incremento de la litigiosidad” que ha dado lugar a una “avalancha de recursos”, y que la situación se ha complicado al quedar vacante una de las diez plazas de magistrado.

La Sala Primera es la encargada de los recursos en materia civil y en los últimos años se ha visto desbordada por los casos relacionados con los contratos entre particulares y bancos, como los gastos de las hipotecas o las cláusulas suelo. Los recursos sobre esta materia representaban en 2019 el 23% de los admitidos por la sala y ahora superan el 51%. Y la situación se complicará previsiblemente porque los que se están admitiendo ahora tienen su origen en demandas planteadas en 2017. “Estamos asistiendo al inicio de un proceso de enorme repercusión en el funcionamiento de la sala y que se exacerbará en los próximos años”, advierte el presidente.

Casi 20.000 asuntos pendientes

Los datos que aporta Marín Castán reflejan que, desde 2014, la entrada de recursos en la Sala Civil se ha incrementado un 15% cada año, con la única excepción de 2020 debido al parón judicial por la pandemia. En 2019 entraron 7.280 casos y la previsión es que este año termine con más de 11.200 nuevos recursos. Eso se traduce a su vez en un incremento imparable de los asuntos pendientes de resolver: hace dos años eran 12.659 y al cierre de 2021 se elevarán a 19.500, un incremento de más del 50%. “Se desprende de todo ello que no es posible asumir por la sala un incremento de recursos como el que se prevé si no se habilitan con urgencia medidas de refuerzo y apoyo proporcionadas a la gravedad de la situación”, señala el presidente.

Hasta ahora, se ha intentado solucionar el problema con refuerzos de letrados en el gabinete técnico, que se encargan principalmente de decidir qué recursos se admiten y cuáles no. Pero la redacción de las sentencias sigue en manos exclusivas de los nueve magistrados (10 hasta noviembre pasado) de la sala. Y ahí está la novedad de la propuesta: incorporar de forma temporal a cinco magistrados en comisión de servicio para que apoyen a los titulares en la fase de decisión. Esos magistrados, no obstante, no formarían parte de las deliberaciones, sino que quedarían adscritos al gabinete técnico y se dedicarían a redactar proyectos de sentencia sobre asuntos para los que ya hay jurisprudencia “reiterada”. El presidente ha pedido que tengan “sólida experiencia civil” en las Audiencias Provinciales.

Si no se toman medidas, advierte Marín Castán, el perjuicio para la administración de justicia será “doble: “No solo se elevarán los tiempos de respuesta de resolución de los recursos, en términos que serán ya inasumibles, sino que la dedicación de la sala quedará absorbida por la resolución de recursos repetitivos, que, más allá de la resolución del caso concreto, nada aportan a la formación de jurisprudencia”. “Será imposible, en tales circunstancias”, concluye Marin Castán, “que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desempeñe su función esencial de tribunal de casación en el resto de materias”.