El gobierno de los jueces se instala en la incertidumbre

Algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevan tres años con sus enseres metidos en cajas. La mayoría lo recogió todo en noviembre de 2018, después de que el PSOE y el PP anunciaran un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato cumplía el 4 de diciembre de ese año. Pero ese pacto se rompió cuando el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que había sido el elegido para presidir el alto tribunal y el órgano de gobierno de los jueces, renunció al encargo tras filtrarse un whatsapp en el que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se jactaba de que, con el nuevo presidente, el PP seguiría controlando la Sala de lo Penal del Supremo “por la puerta de atrás”. Tres años después, Cosidó está alejado de la primera línea política, Marchena se ha convertido en uno de los magistrados más conocidos de España tras presidir el juicio contra los líderes del procés y la renovación del Consejo sigue pendiente y sin un horizonte claro.

La anécdota de las cajas, narrada por un vocal del Consejo, ilustra la incertidumbre en la que se viven instalados los miembros del órgano de gobierno de los jueces desde hace tres años, una situación que, admiten varios vocales, cada vez pesa más. “Sabemos que nos podemos ir mañana, es difícil trabajar así”, reconoce uno de ellos. Todos los consultados aseguran que el órgano sigue haciendo su trabajo: desde lo que llaman el “día a día” de la carrera —organizar la formación, las oposiciones, conceder los permisos y licencias por maternidad o enfermedad— a ejercer la competencia que tiene asignada en materia disciplinaria o de inspección. Pero los consejeros coinciden también en que hace tiempo que se dejó de pensar en “grandes ideas” que poner en marcha. “Nadie piensa en un proyecto a largo plazo si sabes que no lo tienes”, afirma uno de ellos.

La sensación de estar en un órgano más muerto que vivo es mayor entre los vocales que no forman parte de la comisión permanente, el órgano de ocho miembros (los siete vocales y el presidente, Carlos Lesmes) que tiene atribuidas la mayoría de las competencias del Consejo que no están expresamente reservadas al pleno. Solo estos miembros, que se reúnen semanalmente, tienen dedicación exclusiva para el Consejo, mientras que los demás compatibilizan su trabajo (generalmente como juez, letrado de la administración de justicia o abogado) con la labor como vocal. Los miembros de la permanente (creada tras una reforma del PP en 2013 y que ya se ha derogado y no se aplicará al próximo CGPJ) aseguran que su trabajo es “exactamente el mismo” que antes de que caducara el mandato, mientras que los que no forman parte de este órgano admiten sentirse cada vez más desvinculados.

La situación, aseguran, se ha acentuado tras la aprobación, en marzo pasado, de la reforma legal que veta los nombramientos discrecionales por parte del Consejo cuando esté, como ahora, en funciones. La votación de estos nombramientos (para elegir magistrados del Supremo o presidentes de las salas de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y audiencias provinciales) eran una de las atribuciones más determinantes del pleno, y obligaba a alcanzar acuerdos entre una amplia mayoría de vocales. Pero la reforma legal, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para intentar presionar al PP para que se sentara a negociar la renovación del Consejo, ha conseguido un efecto probablemente no buscado por sus promotores, según señalan algunos vocales: la importancia del pleno, donde están representados los 20 vocales, se ha diluido, mientras que la permanente, con una mayoría de vocales cercanos a Lesmes, ha visto reforzado su poder.

“La imposibilidad de nombrar a los altos cargos se está cubriendo con decisiones de la permanente de los que los demás nos enteramos a posteriori”, lamenta un vocal. Varios miembros, tanto del sector progresista como del conservador, aluden a dos casos recientes que, en su opinión, ejemplifican estos “atajos”: la decisión de la permanente de asumir las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central ante la imposibilidad de designar a un sustituto; y la concesión de una comisión de servicio al jefe de relaciones internacionales solo unos días después de que el pleno rechazara renovarle en el cargo.

El veto a los nombramientos ha dejado ya medio centenar de vacantes en la cúpula judicial, entre ellas 11 plazas de magistrado del Supremo, las que más preocupan porque son huecos reales dejados por jueces que se jubilan, fallecen o abandonan el tribunal y que no pueden ser sustituidos. Un informe reciente del alto tribunal advertía de que señalaba que la situación, de prolongarse, será “insostenible” y va a implicar que se dictarán aproximadamente 1.000 sentencias menos al año, un 25% del total.