El Supremo vuelve a pedir medidas para evitar el “colapso” de la Sala Tercera

El Tribunal Supremo reactivó este lunes este el pulso que mantiene desde hace meses con el Ministerio de Justicia por las vacantes que sufre la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo), la encargada de dirimir, entre otro, los asuntos que afectan al Gobierno. Tras la reciente jubilación de dos magistrados, esta sala tiene vacantes ocho de sus 33 plazas, lo que, según advierte el alto tribunal, supone “el mínimo legal para constituir sus cinco secciones”, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados. La Sala de Gobierno acordó este lunes por unanimidad reiterar a Justicia la reclamación de medidas que le hizo a finales de enero para intentar “evitar el colapso” de la Sala de lo Contencioso.

Lo de este lunes, según admite el propio Supremo, es un recordatorio a Justicia ante la falta de respuesta del departamento que dirige Pilar Llop a las reclamaciones que le ha planteado el Supremo en los últimos meses. La Sala de Gobierno envió al ministerio el pasado 31 de enero un escrito pidiendo una batería de medidas y, unas semanas después, el 22 de febrero, la cúpula del alto tribunal se reunió con la ministra para concretarle una a una sus peticiones. Pero el encuentro, según admitieron ambas partes, no fue fructífero. Los magistrados salieron con la sensación de que sus peticiones no iban a ser atendidas, mientras que Llop consideró que si bien había medidas que había que afrontar porque derivaban de carencias que se arrastraban hace años, había otras que eran solo coyunturales, debido al bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —pendiente desde diciembre de 2018— y a la reforma legal que veta los nombramientos discrecionales por parte de este órgano cuando, como ahora, tenga el mandato caducado.

En una nota difundida tras la reunión de este lunes de la Sala de Gobierno, el Supremo explica que el motivo de reiterar la petición al Ministerio es que el tribunal quiere conocer “si existe una respuesta positiva o negativa a sus peticiones, para estudiar, en el segundo caso, medidas alternativas para hacer frente a la situación”. El ministerio, por ahora, no ha contestado, aunque la intención del Gobierno es aprobar la reforma legislativa que reclama el Supremo y hacerlo introduciéndola como enmienda a otra norma cuya tramitación parlamentaria esté avanzada para acelerar así su puesta en marcha.

En el acuerdo adoptado este lunes, la Sala de Gobierno expone que, a las ocho vacantes que se han producido en el último año, se le suma “la extraordinaria carga de trabajo” derivada de la entrada en la Sala de lo Contencioso, a partir del pasado mes de diciembre, de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha (como el cierre de establecimiento o la reducción de aforos) para hacer frente a la pandemia de covid. El Estado está rechazando indemnizar a los empresarios y estos están empezando a impugnar esos rechazos ante el alto tribunal.