Sánchez exige a Feijóo que acuerde ya el Poder Judicial tras reclamar el PP que no se reforme el delito de sedición
El presidente del Gobierno separa la agenda legislativa de la negociación para la renovación del Consejo y emplaza a los populares: “Solo falta la voluntad política, hay que decir sí o no”
El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) parecía ya casi cerrado, pero precisamente ese es el momento más delicado, en el que se rompió las dos veces anteriores, especialmente la última, en 2021. La tensión es importante y este jueves el PP ha exigido en privado al Ejecutivo que no promueva una reforma del delito de sedición si quiere pactar el Poder Judicial, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Desde Pretoria, la capital de Sudáfrica en la que concluye este jueves un viaje de dos días que empezó el miércoles en Kenia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado un mensaje clarísimo a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. “Una cosa es la agenda legislativa, que se puede votar que no, como ha hecho el PP muchas veces, eso es la democracia, y otra cosa es el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones constitucionales. Estamos ante una crisis constitucional sin precedentes, llevamos cuatro años de bloqueo y ha dimitido el presidente del Supremo [Carlos Lesmes]. El acuerdo está listo, está preparado. Solo falta la voluntad política, hay que decir sí o no. El Gobierno de España dice sí de manera rotunda”, ha clamado el presidente. Fuentes del PP han desmentido que el acuerdo ya esté listo mientras Feijóo, en Santander, exigía al Ejecutivo claridad sobre sus planes con la sedición, aunque sin amenazar con romper la negociación.
Sánchez ha dejado claro que no piensa echar marcha atrás en esa posible reforma y que no acepta que eso se vincule de ninguna manera a la negociación del Poder Judicial. “La voluntad del Gobierno de España es manifestar un sí rotundo al acuerdo para el Poder Judicial”, ha manifestado poco después, en otra pregunta. “Ya dije en mi debate de investidura que teníamos la voluntad de hacer algunas reformas como la del Código Penal. Es legítimo votar en contra o enmendar esa norma, pero otra cosa es cumplir el compromiso con la Constitución. Espero que podamos renovar por el bien de la democracia y de las instituciones”. Sánchez ha insistido en su apuesta por el cambio del Código Penal siempre que ERC asuma que el delito de sedición no puede desaparecer, pero sí reducir sus penas a la mitad en línea con otras legislaciones europeas, como ha comentado a los periodistas que lo acompañan en el viaje. “La situación en Cataluña está mucho mejor que en 2017. La situación se debe resolver por cauces políticos. Una de las principales lecciones que debemos extraer es la necesidad de homologar algunos tipos de delito en el contexto europeo”, ha insistido.
A pesar de que el acuerdo estaba muy avanzado y se esperaba la fumata blanca en los próximos días, todo se ha complicado en las últimas horas por los planes del Gobierno de llevar adelante unos cambios en el delito de sedición que podrían beneficiar a varios dirigentes independentistas catalanes. El PP exige ahora al Ejecutivo para pactar el CGPJ que no se proceda con esa reforma, según fuentes conocedoras de las conversaciones, y así se lo ha transmitido en privado a La Moncloa.
El PP considera que el Gobierno no puede pactar a la vez con ellos la renovación del Tribunal Constitucional y con ERC el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont a España gracias a la reforma del delito de sedición ―aunque Puigdemont tendría que responder ante la justicia en todo caso y también por otros delitos como malversación―, según ha transmitido al Ejecutivo, como indican esas fuentes.
En público, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha llegado tan lejos, pero sí ha reclamado este jueves claridad a La Moncloa sobre sus planes sobre la sedición, y se ha manifestado a favor de endurecer las penas por este delito. “Hay una divergencia por lo que vemos en el Gobierno actual. No sabemos exactamente hacia dónde va, hay contradicciones en horas de distintos miembros del Gobierno, y necesitamos saber, como es natural, si el Gobierno está dispuesto a proteger la democracia española, o está dispuesto simplemente a sobrevivir”, ha pedido Feijóo, sin vincular este asunto y la negociación del CGPJ. Además, el líder popular ha anunciado que si llega al poder, va a “agravar las penas de los delitos de sedición y rebelión, a tipificar de forma clara esos delitos y a tipificar como delito la convocatoria de referéndum ilegal”.
El PP también ha negado que el pacto del Poder Judicial esté ya listo, como ha manifestado el jefe del Ejecutivo desde Sudáfrica. “Las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, efectuadas esta mañana no se ajustan a la realidad. Si bien es cierto que hay avances en las conversaciones, todavía NO [sic.] se ha llegado a un acuerdo. No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional”, ha asegurado el partido en un breve comunicado.
Cuando socialistas y populares estaban perfilando los últimos detalles, la negociación se ha encontrado con un impedimento de última hora a la espera de aclarar qué sucede con esa modificación legal, y al anunciar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, durante el debate de Presupuestos para 2023, la intención del Ejecutivo de llevar esa propuesta a la Cámara. Montero, ante la crisis desatada, ha salido a los pasillos a matizar que ella no estaba en las negociaciones y que, en su opinión, aún no hay mayoría para impulsar esa reforma, esto es la posición oficial. Las conversaciones sobre el pacto judicial entre el PSOE y el PP, en todo caso, no se han interrumpido.
La ministra Montero estaba dando la réplica al portavoz de ERC, Joan Margall, cuando para responder a algunas de sus exigencias de desjudicialización del conflicto catalán apuntó que existía un compromiso del presidente Sánchez para abordar la homologación del delito de sedición en el Código Penal a las penas de otros países europeos del entorno español, que por tanto, traerían “a esta Cámara, que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión”. Montero no ha mencionado expresamente el delito de sedición, pero sí ha reafirmado que esa promesa del jefe del Ejecutivo “no es objeto de este debate”. Y, finalmente, ha matizado que ese asunto tan sensible se abordaría en “otro entorno” ajeno a la discusión y negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
Las expresiones de la ministra Montero, y las de portavoces de otros grupos socios y aliados del Gobierno a favor de armar esa mayoría parlamentaria para rebajar las penas de ese delito, adelantadas por EL PAÍS, han llevado al PP a reaccionar con virulencia ante el temor de que esa reforma sea inmediata, justo cuando están perfilando el pacto judicial. Montero, alertada desde La Moncloa de lo que había provocado, ha salido con urgencia a los pasillos de la Cámara baja para precisar que ella no llevaba la negociación, que el presidente y otros interlocutores son los que han fijado criterio sobre el tema y ha aprovechado para afirmar además, que ahora no hay mayoría suficiente en el Parlamento para superar con éxito esa votación. Avisada de que esa mayoría sí existe, como han confirmado portavoces de todos los partidos socios y aliados habituales, Montero comentó que ella no había hecho los números. Desde La Moncloa, además, ante lo delicado del momento, se envió a todos los ministerios un mensaje para que se extremara la prudencia en todas las intervenciones para no torpedear más la posibilidad del acuerdo.
Todo este farragoso panorama ha provocado un vuelco en la negociación sobre el Consejo, que llega cuando el pacto estaba a punto de cerrarse. El miércoles por la noche trascendió que socialistas y populares habían consensuado que los magistrados que ocupen cargos políticos no puedan regresar de forma automática a la carrera judicial, como ocurre en la actualidad, lo que afectaría a varios jueces vinculados a ambos partidos. El Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con tres ministros que son jueces en excedencia ―Pilar Llop, de Justicia; Margarita Robles, de Defensa; y Fernando Grande-Marlaska, de Interior―, y el PP tiene en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a Enrique López. Los populares también han contado con jueces en otros de sus gobiernos, como el caso del hasta hace unos días presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, que fue alto cargo del Ejecutivo de José María Aznar. Ocupó el puesto de director general de Relaciones con la Administración de Justicia y director general de Objeción de Conciencia.
Sin embargo, a pesar de que todo estaba prácticamente acordado, el contexto político puede hacer saltar por los aires el pacto del Poder Judicial, como ha sucedido otras veces en los casi cuatro años que el Gobierno y el PP llevan tratando de cerrar un acuerdo. En todo caso, la situación, aunque grave, todavía no ha estallado, porque el diálogo sigue abierto, según fuentes conocedoras del mismo.
